El gobierno se reencauza, pero el campo de batalla cambió
La pasada semana finalizó con un gobierno parcialmente aliviado. El miércoles 29 de abril...
La pasada semana finalizó con un gobierno parcialmente aliviado. El miércoles 29 de abril, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se apersonó en la Cámara de Diputados para ofrecer su informe de gestión. En el palco, Javier y Karina Milei observaban, con sus pulgares en alto. En el recinto, la oposición leía discursos, pero nadie acriblló al ponente, como se auguraba. Los legisladores de La Libertad Avanza se retiraron, convencidos de que el episodio había concluido: "La exposición fue contundente, tema terminado", decían entre ellos. A la luz de los desarrollos, el oficialismo asistió al epílogo de la presentación como si se hubiese anotado una victoria.
Adorni no había hablado públicamente desde que estallara el escándalo en torno a su patrimonio, a principios de marzo. Fueron dos meses de incómodo silencio.
Desde el bloque oficialista, la evaluación fue positiva: "El Presidente se llevó la marca con el protagonismo, y fue él quien dirigió los ánimos", coligieron. La dinámica de la sesión habilitó a Adorni para que perdiera el miedo ante la exposición pública. En el gobierno, nadie cree que el informe haya revertido la imagen del funcionario, pero se evalúa que sirvió para clausurar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto.
La decisión de reabrir la sala de periodistas y retomar las conferencias de prensa —cerradas desde el 23 de abril tras un incidente con la señal Todo Noticias— obedece a la misma lógica: volver a lo que funciona. "Nadie más que Manuel habla en on y, por ahora, nadie lo hace mejor" -se dijo.
Dos meses perdidos
Durante los últimos sesenta días, el oficialismo despachó al Senado y a la Cámara de Diputados variopintos proyectos de alto impacto, pero se topó con remarcables dificultades a la hora de reunir consensos. La conversación pública giraba casi exclusivamente en torno a las denuncias contra el jefe de Gabinete. El temor ante la posibilidad de que una sesión se convirtiera en un pedido de interpelación estaba latente. El gobierno eligió esperar, y esperar deslizó facturas.
La promocionada Ley Hojarasca, que busca eliminar 70 normas obsoletas, obtuvo dictamen de comisión hace semanas pero, desde la Rosada, nadie se atrevió a convocar a una sesión. La reforma de propiedad privada aguarda en el Senado por ajustes de último minuto. Y la electoral —acaso la pieza más importante de toda la arquitectura política de LLA de cara a 2027— ni siquiera registra fecha de debate en comisiones.
El gobierno intenta reactivar la agenda legislativa previo al inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio. Contará entonces con menos de seis semanas para destrabar lo que no pudo en dos meses.
La pelea que verdaderamente importa: las PASO y los gobernadores
Si el Episodio Adorni fue el ruido de estas semanas, la batalla por la reforma electoral es el fondo. Y, allí, el gobierno enfrenta algo más difícil que un escándalo patrimonial: la aritmética legislativa y los cálculos electorales de dos docenas de gobernadores que diseñan sus plataformas con la mira puesta en 2027.
La propuesta es ambiciosa: eliminar las PASO a nivel nacional, con el argumento de que las primarias de 2023 les costaron a los argentinos la escandalosa cifra de AR$45 mil millones. El Gobierno busca que, como en el pasado, las internas sean resueltas por los propios partidos, sin interferencia estatal. En la práctica, necesitan limitar el número de elecciones para no repetir periodos de incertidumbre, evitando una inconveniente exposición de problemáticas relativas a la organización.
En las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, comenzaron a tallar las candidaturas para 2027. Algunos aspiran a la reelección en sus provincias y siguen de cerca qué candidatos despachará La Libertad Avanza para enfrentarlos. Para otros, las chances de trueque están encima de la mesa: apoyo legislativo a cambio de respetar territorios. Traducción: que el libertarismo no ponga en jaque la supervivencia política de gobernadores de provincia.
Los primeros en rebelarse fueron los menos esperados. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán y habitual aliado del oficialismo, fue directo: el Gobierno "está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral". Raúl Jalil, de Catamarca, prefirió inclinarse por la ambigüedad estratégica: "Hay que ver esta discusión política que está introduciendo el tema de las PASO, a ver si conviene o no nos conviene". Ninguno cerró la puerta, aunque ninguno abrió los brazos.
Dentro del bloque Provincias Unidas, que agrupa a legisladores cercanos a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, la posición fue más matizada: el sistema de primarias podría ser reformado, pero no eliminado. "Es una herramienta que ordena la política y evita que las candidaturas se definan entre pocos", sostienen. La UCR fue más lejos, y presentó su propia propuesta: transformar las PASO en PAS, primarias sin obligatoriedad. Una solución de compromiso que el oficialismo difícilmente acepte como victoria.
Balcarce 50 descuenta el respaldo de gobernadores aliados que trabaron acuerdos directos con LLA: Alfredo Cornejo en Mendoza, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Leandro Zdero en Chaco. Los tres mantuvieron encuentros recientes con Karina Milei. Pero, aún contando con ese núcleo duro, los números en el Senado siguen siendo ajustados. La senadora vinculada al gobernador salteño Gustavo Sáenz decidió no respaldar la eliminación de las PASO, lo que amenaza con desarmar el delicado equilibrio legislativo que el oficialismo necesita.
El tiempo como enemigo
Se asiste a una paradoja en el corazón de esta negociación. La reforma política debe ser aprobada este año, ya que encontrará cada vez más dificultades para sumar apoyo a medida que se acerque el calendario electoral. "La mayoría de los gobernadores van a buscar diferenciarse del oficialismo para el momento de las elecciones", reconocen en las filas de LLA. Dicho de otro modo: el gobierno sabe que la ventana se cierra, pero la urgencia juega en su contra.
Hoy, en el Senado, la ley electoral ni siquiera tiene debate en comisiones. Aguarda junto con la ley de discapacidad. Solo la de propiedad privada asoma con chances de avanzar, con una sesión no confirmada para el 14 de mayo.
Mientras tanto, las finanzas provinciales se arriman al precipicio. La quita de recursos implica, en la mayoría de los distritos, menos obras y desaceleración en su ejecución. La rigidez del gasto es importante: sueldos, transferencias a municipios y seguridad social. Los gobernadores llegan a negociar la reforma electoral con extrema austeridad, lo que los hace más necesitados de Nación y, al mismo tiempo, más resentidos con el ajuste. La combinación, como es lógico, no simplifica las cosas.
Lo que viene
El gobierno busca reanimar el pulso. Adorni volvió a aparecer públicamente, la sala de prensa reabrió, y los libertarios se ilusionan con descongelar una agenda que lleva dos meses estancada. Hay optimismo en Balcarce 50 -o, al menos, un ordenado simulacro de optimismo.
De momento, el desafío no es comunicacional ni judicial; es legislativo y territorial. Las reformas no pasan por el ánimo de los diputados libertarios ni por la solidez de Adorni frente a las cámaras. En rigor, circulan a través de los despachos de gobernadores que miran sus cuentas fiscales y calculan si LLA competirá con candidatos propios en sus provincias.
Milei ganó la elección de 2025 con el viento a favor. La reforma electoral es una nueva prueba para ver si ese caudal de votos todavía representa poder institucional, o si el sistema político argentino sigue exhibiendo resiliencia ante cualquier empeño reformista. La respuesta a este dilema se conocerá antes de los albores del Mundial.
Lautaro Bonino es Licenciado en periodismo (UP) con posgrado en Economía y Ciencia Política (UCEMA).