Colombia en llamas: ecosistema narcoterrorista, fragmentación armada, y el ocaso de la 'Paz Total' de Petro

Con más de 27 mil combatientes y redes de apoyo activos a inicios de 2026 -la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016-, Colombia enfrenta una paradoja de magnitud histórica: la política de 'Paz Total' del presidente Gustavo Petro, concebida para desmantelar el ecosistema narcoterrorista mediante el diálogo simultáneo con todos los actores armados, no solo no redujo la violencia sino que, según organismos tan dispares como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Human Rights Watch y la propia Comunidad de Inteligencia estadounidense, la aceleró. El análisis que sigue disecciona la arquitectura de cada grupo armado activo, examina los mecanismos de retroalimentación que potencian su expansión, y evalúa con rigor las responsabilidades doctrinarias y operacionales de la gestión Petro en el deterioro de la seguridad hemisférica.

 

 

Introducción: Un ecosistema armado sin precedentes en la era post-acuerdo
 

Colombia arrancó 2026 con un balance de seguridad que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) calificó, sin ambigüedades, como 'en rojo'. El número total de integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAOs) — incluyendo combatientes activos y redes de apoyo logístico, financiero e inteligencia — alcanzó los 27.121 efectivos al cierre de 2025, registrando un incremento del 23,5% en apenas doce meses y constituyendo el nivel más elevado desde la suscripción del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en noviembre de 2016. Más perturbador aún resulta el dato comparativo en perspectiva histórica: ese guarismo es cuantitativamente equivalente al de 2011, cuando el proceso de paz con las extintas FARC se encontraba en sus estadios embrionarios. La diferencia cualitativa, sin embargo, es de primer orden: el ecosistema armado contemporáneo no es monolítico ni jerárquico, sino radicalmente fragmentado, policéntrico y adaptado con precisión quirúrgica a las economías ilegales que le proveen sustentabilidad financiera.
 

Las zonas de disputa activa entre grupos armados — aquellos territorios donde dos o más organizaciones compiten violentamente por el control de rentas ilegales y corredores estratégicos — ascendieron a trece en 2025, prácticamente el doble de las registradas al inicio del mandato de Petro en 2022. Los enfrentamientos inter-GAO crecieron un 34% respecto al año anterior, alcanzando el nivel más alto de la última década. El desplazamiento forzado se incrementó un 85%, en buena medida por la catástrofe humanitaria del Catatumbo — que obligó a más de 92.000 personas a abandonar sus hogares en pocas semanas —, mientras los ataques con drones artillados se más que duplicaron: de 119 incidentes en 2024 a 277 en 2025, el 86% de ellos atribuibles al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Los secuestros, por su parte, crecieron un 57,1% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior, según la propia Policía Nacional.

 

 

I. El Clan del Golfo (EGC), la corporación criminal de mayor expansión

El Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- constituye, a febrero de 2026, la organización armada ilegal de mayor tamaño y crecimiento más acelerado en Colombia. Con 9.840 integrantes registrados al cierre de 2025 — un incremento del 30% en un solo año, equivalente a 2.300 nuevos reclutas —, el EGC ha superado en pie de fuerza a las disidencias de las FARC y al ELN, consolidando una posición de liderazgo en el ecosistema criminal colombiano que no había alcanzado en ningún momento previo de su historia organizacional.
 

La singularidad estructural del Clan del Golfo reside en su modelo de control territorial de baja intensidad cinética pero alta penetración comunitaria. A diferencia de las guerrillas tradicionales, cuya lógica operativa privilegia el enfrentamiento armado directo con la Fuerza Pública, el EGC ha perfeccionado una arquitectura de dominación que descansa fundamentalmente en sus redes de apoyo — milicias, informantes, redes de extorsión y estructuras de gobernanza paralela —, cuyo número duplica al de sus combatientes en armas. Esta relación inversa entre 'hombres en armas' y 'redes de apoyo' configura lo que los analistas de la FIP denominan el modelo de 'control sin confrontación': la capacidad de ejercer soberanía territorial y administrar economías ilegales sin necesidad de mantener grandes formaciones armadas que constituirían blancos visibles para la Fuerza Pública.
 

La base económica del EGC es diversificada y altamente resiliente. El narcotráfico — particularmente el control de corredores de exportación de cocaína hacia el Atlántico y el Pacífico — constituye su fuente primaria de financiamiento, complementada por la extorsión sistemática a la economía formal e informal en los territorios bajo su influencia, la minería ilegal aurífera en Chocó, Antioquia y Córdoba, y el control de rutas de contrabando transfronterizo. Su presencia territorial alcanzó los 392 municipios en 2024 — un incremento del 55% respecto a 2022 —, extendiendo su dominio a prácticamente la totalidad del litoral Caribe y Pacífico y penetrando con creciente profundidad en zonas del interior históricamente controladas por la guerrilla.
 

Desde el punto de vista de la Teoría de la Organización Criminal, el EGC exhibe una racionalidad corporativa — priorización de la acumulación de rentas sobre la ideología, gestión por resultados, diversificación de portafolio ilícito — que lo aproxima más al modelo de las organizaciones transnacionales del crimen organizado que al de las guerrillas marxistas-leninistas de los años sesenta. Esta racionalidad explica su capacidad de adaptación ante las presiones del Estado: cuando la acción militar incrementa los costos operativos en un territorio, el EGC no enfrenta sino que redistribuye geográficamente sus activos, reduciendo temporalmente su perfil de violencia y aguardando el repliegue de las fuerzas de seguridad para recuperar posiciones.
 

 

II. Las Disidencias de las FARC: fragmentación, UAVs y la sombra de alias 'Mordisco'

El universo de las disidencias de las FARC constituye el actor más complejo — y analíticamente más desafiante — del ecosistema armado colombiano contemporáneo. Lejos de configurar una entidad monolítica, las disidencias se articulan en al menos tres estructuras diferenciadas con liderazgos, doctrinas y estrategias de negociación propias, cuya dinámica de interacción oscila entre la alianza táctica, la coexistencia tensa y la guerra abierta.
 

El Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando del alias 'Iván Mordisco', representa la fracción más combativa y beligerante del universo disidente. Con 4.019 combatientes registrados al cierre de 2025 — un crecimiento del 23% respecto al año anterior —, el EMC ha apostado por una estrategia de maximización de la presión armada sobre el Estado y la población civil como mecanismo de acumulación de poder de negociación. Su innovación tecnológica más significativa es el empleo masivo y sistemático de drones artillados con explosivos improvisados contra formaciones de la Fuerza Pública: los 237 ataques atribuidos al EMC en 2025 representan una capacidad de fuego asimétrico sin precedentes en el historial del conflicto colombiano post-FARC. Esta tecnología, cuyo costo de entrada es notablemente bajo en relación a su impacto táctico, ha forzado a las Fuerzas Militares a reconfigurar sus protocolos de patrullaje y ha generado severas tensiones en la moral de las unidades desplegadas en zonas de alta actividad disidente.
 

En el extremo opuesto del espectro negociador, se ubica el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandado por alias 'Calarcá Córdoba', quien optó por mantener los canales de diálogo con el gobierno Petro tras la ruptura entre ambas facciones en 2023. Con 2.958 combatientes y presencia en once departamentos y zonas fronterizas con Venezuela, el EMBF ha avanzado hasta el séptimo ciclo de conversaciones, configurando — junto a los Comuneros del Sur — uno de los escasos procesos con posibilidades reales de producir resultados tangibles antes del fin del mandato presidencial en agosto de 2026. La Segunda Marquetalia, tercera estructura disidente relevante, registró un crecimiento del 15% en 2025 y mantiene operaciones principalmente en las zonas de frontera con Venezuela, Ecuador y Brasil, donde la presencia estatal colombiana es más difusa y el control territorial de los actores armados más consolidado.
 

La dimensión transnacional de las disidencias merece una consideración específica. La porosidad de las fronteras colombianas con Venezuela — un Estado cuya funcionalidad institucional ha colapsado en vastas regiones — ha provisto a múltiples estructuras disidentes de retaguardias estratégicas donde entrenan combatientes, acopian material bélico y procesan la producción de alcaloides sin exposición al riesgo de las operaciones militares colombianas. Esta 'transfronterización del conflicto', documentada por el Soufan Center y e InSight Crime, amplifica exponencialmente la complejidad del escenario de seguridad y reduce la efectividad de las acciones unilaterales del Estado colombiano.
 

 

III. El ELN: La Guerrilla que Negocia, Combate y Expande Simultáneamente
 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado en 1964 bajo inspiración guevarista y con fuerte arraigo en la teología de la liberación, ha sorteado con notable resiliencia organizacional las décadas de presión militar y los ciclos fallidos de negociación que condujeron al desmantelamiento de las extintas FARC. Con 6.450 integrantes registrados a julio de 2025 — un crecimiento del 3%, modesto en términos porcentuales pero significativo en términos absolutos —, el ELN se mantiene como la segunda estructura armada ilegal de mayor tamaño en el país, con una presencia territorial de 232 municipios que incorpora regiones de alta complejidad geopolítica como Arauca, el Catatumbo, el Chocó y la frontera con Venezuela.
 

La crisis del Catatumbo, que eclosionó en enero de 2025 con una ofensiva masiva del ELN contra ex combatientes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y la población civil, constituyó el episodio más grave de violencia armada en Colombia desde los peores años del conflicto con las FARC. En pocas semanas, los combates entre el ELN, las disidencias del EMC y las Fuerzas Militares generaron el mayor desplazamiento forzado masivo en un único evento desde 1997: más de 92 mil personas abandonaron sus hogares. La cifra no solo revelaba la capacidad operativa del ELN, sino también la profundidad de las fracturas entre las distintas estructuras armadas que compiten por el control de una región estratégica para el narcotráfico y el contrabando de combustibles desde Venezuela.
 

El ELN exhibe una racionalidad dual que lo diferencia estructuralmente del resto de los actores armados: simultáneamente combate y negocia, avanza territorialmente mientras mantiene contactos diplomáticos con el gobierno colombiano y mediadores internacionales, y declara ceses al fuego que incumple sistemáticamente en zonas donde sus intereses económicos o militares lo demandan. Esta dualidad no es una contradicción organizacional sino una estrategia deliberada de acumulación de poder por múltiples vías: el diálogo le provee reconocimiento político y oxígeno temporal ante la presión militar; el combate le permite expandir territorio y reclutar combatientes; y la simultaneidad de ambas le confiere un margen de maniobra que ningún otro actor del conflicto ha logrado sostener por tanto tiempo.

 

IV. Actores Secundarios: Segunda Marquetalia, ACSN y la Atomización Criminal

La atomización del ecosistema armado colombiano se manifiesta con particular nitidez en la proliferación de estructuras de segundo orden que, sin alcanzar el peso específico del EGC, el ELN o las principales disidencias, ejercen control territorial significativo en regiones específicas y contribuyen a la multiplicación de las zonas de disputa activa. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), herederas del paramilitarismo histórico en la región Caribe, han consolidado su presencia en La Guajira, Magdalena y el Cesar, donde compiten con el Clan del Golfo por el control de rutas de narcotráfico hacia el Caribe y la extorsión al sector ganadero y agroindustrial.
 

El Comando Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), con un crecimiento del 25% en 2025, y los Comuneros del Sur — facción escindida del ELN que opera exclusivamente en Nariño con aproximadamente 150 combatientes — completan el mapa de los actores relevantes. El caso de los Comuneros del Sur resulta analíticamente interesante: es el único proceso de paz que los observadores independientes consideran con posibilidades reales de culminar exitosamente antes del fin del mandato Petro, precisamente porque su reducida escala — tanto en términos de combatientes como de territorio — hace manejable la ecuación de costos y beneficios para ambas partes.
 

La característica más preocupante de esta atomización es la multiplicación de micro-economías ilegales que la retroalimentan. Cada grupo armado actúa como regulador monopólico de determinadas economías ilícitas en su zona de influencia: el narcotráfico, la minería ilegal de oro y otros minerales, la extorsión, el huachicol (robo de combustible), el contrabando de armas y el tráfico de personas. Esta diversificación no solo provee resiliencia financiera ante las interdicciones del Estado, sino que genera incentivos estructurales para mantener el conflicto activo: la paz, en el cálculo racional de estos actores, supone la pérdida de rentas de las cuales depende la supervivencia organizacional de miles de combatientes y sus familias.
 

 

V. El Diagnóstico de la 'Paz Total': Doctrina Voluntarista, Déficits Operacionales y Consecuencias Sistémicas

La política de 'Paz Total' del presidente Gustavo Petro — presentada al inicio de su mandato en agosto de 2022 como el eje central de su gestión de gobierno — partía de una premisa conceptualmente legítima pero operacionalmente deficiente: la convicción de que todos los actores armados colombianos, sin distinción de naturaleza ideológica, económica o estructural, podrían ser incorporados simultáneamente a procesos de negociación que desescalaran la violencia y abrieran caminos hacia la desmovilización. La premisa subestimó fatalmente la heterogeneidad del ecosistema armado y la racionalidad puramente instrumental de la mayoría de los actores involucrados.
 

El primer déficit estructural de la 'Paz Total' fue su confusión categorial entre actores con motivaciones político-ideológicas — el ELN, y en alguna medida ciertas disidencias de las FARC — y organizaciones con motivaciones primariamente económicas — el Clan del Golfo, los grupos post-paramilitares —. Tratar a ambas categorías con el mismo instrumental negociador condujo a una paradoja letal: los actores de naturaleza económica utilizaron los períodos de cese al fuego y las mesas de diálogo para expandir territorialmente, reclutar combatientes y consolidar rentas ilegales, sin intención ni incentivo real de avanzar hacia ningún tipo de acuerdo. Human Rights Watch documentó esta dinámica con precisión: los ceses al fuego declarados con el ELN y el EMC en 2023 y 2024 no redujeron la violencia contra civiles sino que, en múltiples regiones, la facilitaron al reducir temporalmente la presión de la Fuerza Pública.
 

El segundo déficit fue el debilitamiento deliberado — o al menos la negligencia estructural — de las capacidades coercitivas del Estado. La administración Petro realizó cambios profundos en la cúpula militar que, según analistas de la Universidad de Navarra y de Diálogo Político, generaron desmoralización en las instituciones castrenses y redujeron la capacidad ofensiva de las Fuerzas Militares en un momento en que los grupos armados la estaban maximizando. La encuesta Invamer de febrero de 2026 reveló que el 55,4% de los colombianos considera que las negociaciones van por mal camino y que el 49% no espera ningún resultado positivo de los procesos en curso — un nivel de escepticismo que refleja la brecha entre la narrativa oficial y la percepción cotidiana de las comunidades afectadas.
 

El tercer déficit, acaso el más grave en términos de legado institucional, fue la erosión de la gobernanza estatal en los territorios donde operan los grupos armados. La 'Paz Total' fue concebida como una estrategia de diálogo pero no estuvo acompañada de una política de presencia estatal robusta — servicios, justicia, inversión — en las regiones periféricas donde la ausencia del Estado es la condición de posibilidad de la economía política del conflicto armado. La FIP sintetizó este diagnóstico con crudeza: 'La pérdida de espacios de gobernanza del Estado y de las comunidades es difícil de medir, pero se siente en la vida cotidiana de los territorios'. Al cierre de 2025, al menos trece zonas del país registraban disputas armadas activas — casi el doble de las existentes en 2022 —, y más de un millón de personas habían sido afectadas por confinamientos y restricciones de movilidad impuestos por grupos armados.
 

El balance cuantitativo de la gestión Petro en materia de seguridad es inapelable: según el propio Ministerio de Defensa, los índices combinados de homicidios y secuestros en 2025 fueron los más altos de la última década, con 651 secuestros — el doble del año anterior — y 12.376 homicidios. La descertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos en materia de cooperación antidrogas — un hito negativo sin precedentes bajo administraciones progresistas — rubricó el deterioro en el plano de la agenda bilateral más sensible para Bogotá.
 

Es preciso, sin embargo, introducir los matices que exige el rigor analítico. El deterioro de la seguridad en Colombia no es exclusivamente imputable a las decisiones de la administración Petro: tiene raíces estructurales que se remontan al incumplimiento del Acuerdo de 2016 durante el gobierno de Iván Duque, a la ausencia histórica del Estado en territorios periféricos, y a la demanda estadounidense de cocaína que provee los fondos que financian a todos los actores armados. Asimismo, algunos procesos de la 'Paz Total' — particularmente con el EMBF de Calarcá y los Comuneros del Sur — han registrado avances concretos que sería injusto ignorar. La evaluación equilibrada lleva a concluir que la política de 'Paz Total' no fue errónea en su aspiración sino en su diseño operacional: confundió la voluntad de paz con la capacidad real de producirla, subestimó la racionalidad predatoria de los actores armados, y no articuló los instrumentos coercitivos y de presencia estatal que cualquier proceso de paz sostenible requiere como condición de posibilidad.
 

 

VI. Implicancias regionales y para la seguridad hemisférica

El deterioro del escenario de seguridad colombiano trasciende las fronteras nacionales con implicancias directas para la estabilidad regional y la agenda de seguridad hemisférica. En el plano del narcotráfico, Colombia mantiene su posición como el mayor productor de cocaína a nivel global, con cultivos de hoja de coca que, según las últimas estimaciones de la UNODC, se mantienen en niveles históricamente elevados pese a los esfuerzos de sustitución voluntaria impulsados por la 'Paz Total'. La fragmentación de los actores armados que controlan las cadenas de producción y exportación no ha reducido el volumen de cocaína que llega a los mercados estadounidenses y europeos; ha introducido, en cambio, mayor volatilidad y violencia en las economías locales asociadas al narcotráfico.
 

Para la Argentina, el análisis colombiano tiene relevancia en al menos dos dimensiones. En primer lugar, las organizaciones colombianas — particularmente el Clan del Golfo y estructuras disidentes de las FARC — han sido documentadas como proveedores de precursores, know-how y cocaína procesada a las organizaciones criminales del Cono Sur, incluyendo las que operan en el Gran Buenos Aires y los puertos del Río de la Plata. En segundo lugar, el fracaso de la 'Paz Total' ofrece una lección de política pública de alta relevancia comparada: la negociación con actores armados de naturaleza económica requiere una combinación de presión coercitiva y oferta de incentivos legales que ninguna estrategia puramente dialoguista puede sustituir.
 

Para la administración del próximo presidente de Colombia — que asumirá en agosto de 2026 en el contexto electoral más violento de la última década, con grupos armados amenazando explícitamente la libre participación política en al menos ocho departamentos —, el desafío será rediseñar una estrategia de seguridad que articule tres pilares: la recuperación de las capacidades coercitivas del Estado; la presencia institucional real en territorios periféricos; y la selectividad negociadora que diferencia entre actores con vocación política real y actores con racionalidad exclusivamente criminal. La FIP ha sido explícita en su recomendación: 'Mantener abiertas las negociaciones de paz no puede traducirse en mayor permisividad frente a las acciones de los grupos armados'.
 

 

Conclusiones accionables

El análisis precedente permite delinear seis conclusiones de valor operativo para tomadores de decisión políticos, empresariales y de seguridad en Colombia y la región.

Primera: el ecosistema armado colombiano ha alcanzado en 2025-2026 un nivel de complejidad, fragmentación y adaptabilidad que supera cualitativamente cualquier período previo del conflicto. Las estrategias de seguridad diseñadas para el conflicto bipolar FARC-Estado son estructuralmente inadecuadas para enfrentar un ecosistema de catorce o más actores con lógicas operacionales heterogéneas.
 

Segunda: la 'Paz Total' falló primordialmente por su incapacidad de distinguir entre actores con motivación político-ideológica genuina — susceptibles de procesos de paz — y actores con racionalidad económica predatoria — que requieren primariamente presión coercitiva y oferta de alternativas de legalidad. Fusionar ambas categorías bajo el mismo instrumental negociador produjo el peor resultado posible: expandir el espacio de maniobra de los segundos sin avanzar significativamente con los primeros.

Tercera: la innovación tecnológica de los grupos armados — drones artillados, reclutamiento digital, criptomonedas para lavado de activos — exige una reconversión urgente de las capacidades de inteligencia, interdicción y respuesta de las Fuerzas Militares y de Policía colombianas. La brecha tecnológica entre el Estado y los actores armados se está ampliando, no cerrando.
 

Cuarta: el próximo gobierno colombiano deberá priorizar la recuperación de gobernanza estatal en territorios periféricos como condición de posibilidad de cualquier estrategia de seguridad sostenible. Sin presencia estatal real — servicios, justicia, oportunidades económicas legales —, el reclutamiento forzado y voluntario de los grupos armados continuará siendo más atractivo que cualquier oferta de reintegración.
 

Quinta: la dimensión transnacional del conflicto — particularmente la utilización de Venezuela como retaguardia estratégica — exige una política exterior de seguridad que coordine con los países vecinos y con organismos multilaterales, independientemente de las afinidades ideológicas del gobierno colombiano con determinados regímenes de la región.
 

Sexta: el riesgo para las elecciones de 2026 es real y documentado. Al menos ocho departamentos registran presencia armada con capacidad de interferir en el proceso electoral. La garantía de condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio del sufragio libre debería constituir la prioridad inmediata de la agenda de seguridad durante los meses previos al proceso electoral.

 

Fuentes y referencias
 

1. Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2026). Aumento del 23% en miembros de grupos armados y récord en disputas: el deterioro de la seguridad marca el inicio de 2026. Bogotá: FIP.

2. Human Rights Watch (2025). Informe Mundial 2025: Colombia. Nueva York: HRW.

3. InSight Crime (2025). Balance de Violencia en Colombia 2025. Washington D.C.: InSight Crime.

4. Soufan Center (2025). Colombia Security Assessment 2025-2026. Nueva York: The Soufan Center.

5. Encuesta Invamer / El Espectador (febrero 2026). Percepción ciudadana sobre la Paz Total y la seguridad en Colombia. Bogotá.

 

Diccionario; terminología técnica

Grupos Armados Organizados (GAOs): Denominación oficial colombiana para las estructuras ilegales que superan determinados umbrales de organización, permanencia y capacidad militar, diferenciándolas de las bandas criminales de menor escala.

Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM): Ejercicio de inteligencia militar colombiana realizado desde 2010 que cuantifica y caracteriza semestralmente las capacidades de los grupos armados ilegales activos en el territorio nacional.

Economías de renta ilegal: Sistemas económicos paralelos sustentados en actividades ilícitas — narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando — que proveen financiamiento sostenido a los actores armados y generan incentivos estructurales para la perpetuación del conflicto.

Transfronterización del conflicto: Fenómeno por el cual los grupos armados colombianos extienden sus operaciones, reclutamiento y logística hacia territorios de países vecinos — particularmente Venezuela y Ecuador —, aprovechando la debilidad institucional de esos Estados para crear retaguardias estratégicas fuera del alcance de las Fuerzas Militares colombianas.

Homogeneización algorítmica armada: Proceso por el cual múltiples grupos armados adoptan tecnologías similares — drones artillados, criptomonedas, redes sociales para reclutamiento — reduciendo las barreras de entrada tecnológica y amplificando el impacto asimétrico de sus operaciones contra el Estado.

Zona de Ubicación Temporal (ZUT): Área geográfica delimitada acordada entre el gobierno colombiano y un grupo armado en proceso de negociación, donde los combatientes se concentran temporalmente como paso previo a la dejación de armas y el proceso de reintegración a la vida civil.

Descertificación Antidrogas: Decisión del gobierno estadounidense de no certificar que un país cumple con los estándares mínimos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, con consecuencias en términos de restricción de asistencia bilateral y acceso a financiamiento multilateral.

Nanoestructuras criminales: Unidades armadas de dimensión reducida — entre veinte y cien combatientes — que operan con alta autonomía táctica y financiera dentro de estructuras más amplias como el EGC o las disidencias, dificultando su identificación y neutralización por parte de las fuerzas de seguridad.

Paz Total: Política de seguridad implementada por el gobierno Petro desde 2022, que buscaba negociar simultáneamente con todos los grupos armados ilegales activos en Colombia, independientemente de su naturaleza ideológica o económica, bajo la premisa de que el diálogo amplio e incluyente era la única vía viable para desescalar el conflicto.