Palacio de Justicia: cuarenta años después, la verdad incómoda y la democracia en llamas

Han transcurrido ya cuatro décadas desde el asalto ejecutado por el M-19 contra el Palacio de Justicia. No fue un 'asalto' más del repertorio guerrillero: fue un ataque directo a una rama del poder público, un intento de doblegar el Estado de derecho por la vía del terror, en una jornada cuyo trasfondo —entre otros— fue perforar la institucionalidad y torpedear la extradición.


Recordarlo de esta manera es una obligación moral con las víctimas civiles y judiciales, pero también —y esta columna quiere subrayarlo— con los soldados y policías que, con escaso entrenamiento urbano y abundante patriotismo, se jugaron la vida para restablecer el orden. Sin el asalto no habría retoma: esa secuencia dolorosa no absuelve excesos ni cancela responsabilidades, pero sí ubica el origen del quiebre donde corresponde. Y obliga a repudiar la paradoja de una política que hoy enarbola banderas del M-19 mientras persigue, despoja o deslegitima a quienes portaron el uniforme.
 

La hipótesis que manejo de los hechos acontecidos en estos fatídicos días, es que, en Colombia, la disputa por la memoria del Palacio de Justicia se ha utilizado para relativizar el terrorismo y, a la vez, para erosionar la legitimidad de la Fuerza Pública. Si no recuperamos un estándar común —condena inequívoca al ataque, reparación a las víctimas y proporcionalidad en la evaluación de la retoma— seguiremos premiando la narrativa de los violentos y castigando a quienes, con aciertos y errores, defendieron la democracia.

¿Qué sucedió? 
 

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el país asistió a una devastación institucional: magistrados, funcionarios y ciudadanos quedaron como rehenes en el edificio donde debía imperar la ley —símbolo y pilar de la rama judicial en un Estado social de derecho—, mientras afuera el Estado improvisaba una respuesta para un teatro de operaciones para el que no estaba preparado. La memoria oficial consigna con nombres y homenajes a los caídos; la memoria inconforme subraya errores graves de la retoma y desapariciones que exigen verdad y justicia; ambas memorias son necesarias. Pero el punto de partida no puede diluirse: un grupo armado irrumpió para humillar al Estado, y lo hizo en un contexto donde el narcotráfico ya financiaba agendas y calculaba golpes para quemar expedientes y frenar la extradición. Hay testimonios recientes —controvertidos, pero relevantes para el debate público— que describen la conexión operativa del M-19 con el aparato de Pablo Escobar; deben leerse críticamente, cruzarse con fuentes judiciales y periodísticas, y debatirse con rigor, no con silencios selectivos.

Un nombre propio para la verdad que duele: en esa cadena de atrocidades, el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz —ponente del fallo sobre la exequibilidad del tratado de extradición— revela con crudeza el propósito político-criminal que se cocinaba: silenciar a quienes defendían la ley y desbaratar la extradición. La reconstrucción de su muerte, impulsada por su hijo Mauricio Gaona con testimonios, peritajes y documentos, ubica la autoría del M-19 y conecta el crimen con el interés narco de apagar voces incómodas para los Extraditables. No es un hecho aislado: el incendio del Palacio no fue solo barbarie; fue un método para borrar expedientes, intimidar a la justicia y torcer el rumbo de decisiones que tocaban directamente los nervios del narcotráfico. Recordarlo así honra a todas las víctimas —magistrados, funcionarios, visitantes, rehenes— y pone la responsabilidad primera donde debe estar: en los terroristas que atacaron la casa de la ley.

Un nombre propio para la dignidad que no se arrodilla: esta memoria también lleva el sello de la magistrada Fanny González Franco, primera mujer en la Corte Suprema de Justicia y abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. En medio del asedio, dejó una síntesis moral que hoy nos convoca: 'Muero, defendiendo la justicia'. Su trayectoria pionera y su entereza —atestiguadas por perfiles institucionales y reconstrucciones periodísticas— la sitúan como emblema de una judicatura que no negocia la verdad ni la ley frente al terror. Dedicarle estas líneas no es un gesto de nostalgia: es afirmar que su ejemplo, y el de tantas mujeres y hombres de toga, robustece el mismo pacto democrático que defendieron los soldados y policías en la retoma, y desenmascara el propósito narcoterrorista del asalto y de la quema: quebrar la justicia y tumbar la extradición.

Reconocer a la Fuerza Pública no es negar los errores del momento por falta de experiencia y capacitación. Significa admitir que, en medio de la barbarie, hubo hombres que entraron a un infierno en llamas para sacar vivos a cientos de colombianos y que muchos no regresaron. También supone aceptar que decisiones tácticas pudieron ser desproporcionadas o erradas, y que toda víctima —civil o uniformada— merece verdad y reparación. La discusión pública, sin embargo, se ha inclinado hacia un péndulo que demoniza en bloque a los militares de la retoma mientras romantiza a sus agresores originales. La paradoja es visible: figuras del M-19 y su periferia ocupan hoy posiciones de poder, mientras oficiales que comandaron el operativo han cargado el peso simbólico y jurídico del episodio. Incluso líderes políticos que no provienen de la esfera castrense consideraron injustas algunas condenas emblemáticas, recordándonos que la justicia en contextos de guerra interna exige prudencia y estándares probatorios robustos.

El Consejo de Estado ha documentado cronologías, voces y materiales que permiten dimensionar la magnitud del ataque y la complejidad de la respuesta estatal. Ese repositorio, junto con trabajos académicos que comparan narrativas, muestra cuánto nos falta para construir un relato compartido que reconozca, sin ambages, que el primer crimen fue la arremetida contra la justicia misma.

No se trata de borrar señalamientos serios ni de negar víctimas, es remembrar la responsabilidad primera y directa por los asesinatos, la quema del Palacio y la muerte de policías y militares recae sobre el M-19 y sus financiadores del narcotráfico, que planearon el asalto, tomaron rehenes y atacaron la casa de la ley. Al Estado le corresponde responder por excesos y errores durante la retoma; pero esos hechos ocurrieron en la ocasión y bajo la obligación de impedir la caída del orden constitucional. Una memoria honesta exige dos renglones indeclinables: condena sin matices del terrorismo que inició la tragedia, y examen de la actuación estatal para reparar y garantizar no repetición. Lo contrario desfigura la verdad: la memoria que solo acusa al Estado exonera a los victimarios iniciales y trivializa el terror. Ambas lecturas son incompletas y alimentan nuevas violencias.

El presente añade una capa inquietante. No es simbólico menor que, en actos oficiales, se reivindiquen insignias o consignas del grupo que ejecutó el ataque, al tiempo que se retiran condecoraciones o se multiplican descalificaciones generales a la Fuerza Pública. Es legítimo revisar honores y exigir estándares éticos; lo que no es legítimo es confundir esa depuración con una reescritura maniquea donde los terroristas transmutan en héroes y los servidores públicos en villanos. Esa reescritura, además, alimenta una pedagogía cínica: el crimen paga si se logra capitalizar políticamente el relato. Y eso hiere de nuevo a las víctimas —todas— y envía a las filas militares y policiales el mensaje de que la lealtad al Estado es un sacrificio que no siempre encuentra reconocimiento.

Para concluir, esta columna está dedicada a las víctimas del Palacio de Justicia y, de manera explícita, a los soldados y policías que entraron a rescatar, a los que cayeron, a los que cargan cicatrices visibles e invisibles, y a los que han soportado décadas de sospecha generalizada. Pedir memoria completa no es pedir impunidad; es exigir una narrativa que ponga las cosas en su lugar: la primera afrenta fue terrorista y buscó quebrar la institucionalidad y tumbar la extradición; la respuesta del Estado, imperfecta y dolorosa, evitó que ese objetivo se consumara. A cuarenta años, Colombia les debe a sus víctimas verdad y justicia; a sus uniformados, gratitud y garantías; y a sí misma, la convicción de que la democracia no puede arrodillarse ante quienes la atacan.

A esa memoria la atraviesa un nombre que no podemos eludir: Manuel Gaona Cruz. Su vil y canalla asesinato, como el de otros magistrados, no fue un accidente del fuego cruzado: fue un golpe calculado para doblegar la justicia, quemar pruebas y frenar la extradición al servicio del narcotráfico. Honrar su vida y la de todos los caídos, incluida Fanny González Franco, pionera de la Corte y egresada de la UPB, es también reafirmar el sentido de quienes, con uniforme, sostuvieron la democracia en medio del caos: sin negar errores ni dolores, su decisión de no ceder ante el terror permitió que Colombia no sucumbiera a la lógica mafiosa.

Defender el Estado de derecho no es un acto de nostalgia ni de bandos: es una promesa de futuro. Quien hoy relativiza un asalto a la justicia porque 'la historia ya pasó' olvida que las repúblicas se sostienen en símbolos compartidos. El Palacio de Justicia fue herido como símbolo; que sigamos discutiendo su memoria no debe ser excusa para volver a herirlo con cinismos de ocasión. En 1985 la barbarie golpeó la puerta de la ley; el Estado acudió —torpe en partes, valiente en otras— a cerrarla.

Nuestro deber, cuarenta años después, es mantener esa puerta bien custodiada: con instituciones firmes, con Fuerza Pública respetada y responsable, y con una memoria que no premie el terror ni castigue el servicio. Sólo así honramos a quienes murieron, a quienes rescataron, y a quienes todavía creen que la democracia, aunque imperfecta, merece ser defendida.


Dedicado: A los magistrados, soldados y policías: no se arrodillaron ante el fuego y entraron al palacio para que la ley no saliera; por eso hoy la República y nuestra libertad siguen en pie. Honor y gloria siempre.