La Argentina, refugio de asesinos internacionales. El caso de Moshe Ben Ibgui. Nuevo papelón de los camaristas Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay

Refiere el prestigioso periodista de Clarín, Schlomo Slutzky, al caso del homicida israelí Moshe Ben Ibgui, quien asesinó de varios balazos a un conductor de taxi en Israel, a la edad de catorce años, en el año 1995. Increíblemente, el asesino logró escapar de su país, a pesar de haber sido apresado, y llegó a la Argentina, estableciéndose en el conurbano bonaerense, más precisamente, la localidad de Moreno. Ibgui, el homicida en cuestión, fue apresado en Israel junto con un secuaz, tras haber quitado la vida violentamente al taxista Derek Roth. Luego de huir de las autoridades y escapar hacia la Argentina, fue recapturado por Interpol -Policía Internacional- a pedido de las autoridades israelíes. Si bien no se precisa en el informe de Clarín y otros medios, normalmente, los fugitivos internacionales seleccionan destinos con el que su nación no tiene convenios de extradición. La Argentina, con su tristemente célebre reputación de garantizar los derechos de la delincuencia y el terrorismo con mayor vehemencia que aquellos del ciudadano común, se convirtió, entonces, en el destino ideal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuyo seno se desempeñan los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay Molina, decidió liberar de culpa y cargo al homicida israelí, aludiendo tecnicismos y errores de proceso de parte del pedido hebreo de extradición. También dio a entender la Corte que no se habían garantizado los derechos del asesino del taxista. Con el debido sarcasmo, debe reconocerse también el esfuerzo realizado por el defensor público de Ibgui, el Dr. Guillermo Grillo, quien supo explotar la notoria debilidad que los magistrados argentinos exhiben frente a la delincuencia. Lo que pocos estudiosos del fenómeno habrán tenido en cuenta, es que la mencionada debilidad se ha expandido hasta acoger incluso a terroristas y homicidas de otras latitudes. Baste recordar el episodio en que el terrorista de ETA "Josu" Lariz Iriondo obtuvo una declaración de la corte que no consideraba como delito de lesa humanidad el homicidio de policías y civiles y la detonación de explosivos. Tecnicismos aparte, es sabido que los jueces siempre disponen de la discrecionalidad como para aplicar la prisión preventiva a individuos considerados peligrosos. En el caso puntual del israelí Moshe Ben Ibgui, es importante destacar que, en momentos de ser aprehendido, se le encontraron veinte mil dólares, una variedad de armas y documentación apócrifa. Ello permite suponer, sin margen de error, la peligrosidad que caracteriza al individuo en cuestión, y hasta qué punto esta persona habrá tenido relación con la muerte de otros ciudadanos argentinos, habida cuenta del descontrol imperante en materia de seguridad urbana a nivel nacional. La presente noticia obliga a la ciudadanía a reflexionar acerca de hasta qué punto la Justicia en su versión local se esfuerza en protegerla. A este respecto, existe una importante brecha entre la discusión que remite a la excelencia académica y la reputación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la forma en que, a la postre, sirven a la sociedad que abona sus altísimos salarios. Aún más, conviene examinar minuciosamente si acaso las tendencias ideológicas impuestas por una dirigencia cuestionada influyen, finalmente, en el accionar de nuestros jueces. En tiempos en que el terrorismo internacional es condenado con vehemencia por las naciones civilizadas de Occidente, la Argentina, con claridad, se ha apartado de ese camino y no lo ha hecho precisamente para luchar en favor de las libertades y los derechos humanos; más bien al contrario : en el errático comportamiento de las autoridades judiciales de nuestro país se evidencia una contundente falta de responsabilidad para con la ciudadanía y la defensa de las personas que no hacen del delito ni la intimidación pública su día a día. A pesar de que ya se oyen las voces optimistas de algunos estudiosos frente a la posible categorización como "delito de lesa humanidad" el fallecimiento seguido de crueles torturas del coronel Argentino del Valle Larrabure a manos de guerrilleros del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en los setenta, lo cierto es que la óptica del sistema legal nacional continúa transitando por la senda de la subjetividad.