POLITICA: MOVIDA DESESPERADA DEL GOBERNADOR DE BUENOS AIRES

Insólita maniobra de Felipe Solá : aseguró que el asalto masivo en Panamericana no existió y habló de complot contra su administración

La inseguridad que tiene de rodillas a los habitantes del Gran Buenos Aires es un tema demasiado sensible para el Gobernador Felipe Solá, que está a las puertas de su muerte política. A tal punto que orquestó una campaña para negar el asalto masivo que sufrieron automovilistas en Panamericana, cerca de Pablo Nogués, aduciendo que es un tema que los medios instalaron en agenda para perjudicarlo.

21 de Julio de 2010
La decadencia que exhibe la dirigencia política argentina no tiene fin, y hasta podría decirse que no carece de creatividad. Pero la campaña mediática que el impopular Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, ha iniciado a los efectos de negar el fabuloso robo de la Panamericana, supera todo límite conocido de desvergüenza. Los anuncios recurrentes al respecto de que los índices de inseguridad disminuyen en el conurbano bonaerense son ya conocidos por la mayoría de quienes residen en el primer distrito del país, medido en número de votantes. Por lo general, el sistema de mentira oficial estuvo siempre a cargo del responsable de Seguridad en la provincia, León Arslanián, quien, dicho sea de paso, es uno de los funcionarios más detestados por estos tiempos. Pero hoy, el color de la desvergüenza de la Administración Solá cobró un insólito matiz, cuando el propio Gobernador tomó la palabra para decir que el asalto que automovilistas sufrieron en Panamericana, pocos días atrás, a la altura de la localidad de Pablo Nogués, y a mano de aproximadamente una veintena de delincuentes armados, fue una mentira. "Fue un invento para instalar en la agenda y que apareciera políticamente un hecho de inseguridad fenomenal, espectacular", son las palabras que el Diario Clarín cita del propio Gobernador. Aduce Solá que el hecho es falso pues no se escucharon disparos ni tampoco el episodio fue registrado por las cámaras localizadas en las cabinas de peaje, donde los automovilistas fueron despojados mientras esperaban su turno para continuar viaje. Pero el Gobernador basa principalmente su sospecha -pues se apresuró a desmentir lo ocurrido, sin siquiera haber investigado los pormenores del caso- en que la principal testigo no concurrió a prestar declaración indagatoria. El polémico tándem Solá-Arslanian ha hecho esfuerzos encomiables para dibujar los índices de inseguridad urbana y suburbana en el distrito que tienen a cargo. En forma planificada, han instruído a los comisarios de la Policía Bonaerense para que sus dependencias disuadan a la ciudadanía de presentar denuncias. Los propios ciudadanos no confían en las autoridades policiales y políticas, y desde luego que no es necesario que el Gobernador lo pida, para que no se presenten a denunciar hechos delictivos. Entonces, se deduce en forma categórica que el Gobernador Solá se ríe a carcajadas de los ciudadanos. El primer funcionario de Buenos Aires pretende que los automovilistas asaltados con violencia en la Autopista Panamericana se presenten a denunciar hechos por los que luego serán -con toda probabilidad- reprendidos por los propios delincuentes. En la pseudodemocracia que es la Argentina, el marginal es el único que está protegido por el sistema. No existe sistema alguno de protección de testigos. Recordemos el caso de Julio López, de cuyo paradero aún nada se sabe. La hilera de automóviles en ocasión del mencionado asalto era demasiado larga para que las cámaras del peaje capten lo sucedido a distancia. Los disparos no necesariamente debieron ser escuchados por la autoridad policial -que, como se ha informado hasta el cansancio, brilló por su ausencia-. El Gobernador y Arslanián también afirmaron que, cuando los patrulleros de la Bonaerense se hicieron presentes, no había delincuente alguno en la escena. Afirmación que cae en la ingenuidad más infantil pues, ¿cuántos casos existen en los que -con excepción de una situación de rehenes- los delincuentes esperan cruzados de brazos a que lleguen los agentes del orden? La conclusión que los bonaerenses deben tomar es más que obvia : el Gobernador Felipe Solá ha echado mano, tristemente, de una medida desesperada para poder terminar su mandato. En una maniobra muy similar a las utilizadas por la Administración Kirchner, Solá se ha manejado muy bien en el terreno del ocultamiento de los índices reales de pobreza, inseguridad y demás. Pero el caso de Solá es, por lejos, más patético : ha mantenido en sus respectivos despachos a funcionarios impresentables de la talla de Santiago Montoya -quien se cree con autoridad para aplicar impuestazos e incautar propiedades, cuentas bancarias y automotores de quien sea, y hasta haciendo caso omiso de la Justicia-, y por otro lado, al peor de todos, León Arslanian, personaje corrupto que ha captado millones de dólares en pago por la purga de la Policía Bonaerense, operación plagada de errores. Por si esto fuera poco, Solá también es recordado por sus innumerables tropelías en tiempos en que era Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante la Administración Menem. Por aquellos días, los permisos pesqueros que el otrora Secretario y actual Gobernador otorgó, contribuyeron a depredar el Mar Argentino hasta límites increíbles, y siempre en operaciones en extremo dudosas. Hoy por hoy, la mayoría de los medios masivos de comunicación argentinos ignoran -o bien evitan informar- acerca de la protección política que Felipe Solá -entre otros funcionarios provinciales y nacionales- garantizaban al barrabrava de Boca Rafael Di Zeo -que recientemente se entregara a las autoridades-. La actual relación de Di Zeo con una ex secretaria privada del Gobernador es sólo la punta del iceberg y material para el chisme barato. Desde el despacho principal de Solá siempre partieron órdenes específicas para que la Policía Bonaerense no "molestara" al violento líder de la barra del club de la Ribera en sus andanzas por territorio provincial. Allegados al círculo del primer funcionario provincial describieron la manera en que Solá, literalmente, temblaba, en ocasión de las ahora populares sentencias verbales de Di Zeo, al respecto de que tenía los teléfonos de los "hombres del poder". Los datos de contacto del Gobernador, de acuerdo a diversas fuentes, están presentes en la invaluable agenda del barrabrava. Aunque los más útiles fueron siempre los pertenecientes a funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación. ¿Es necesario revelar los nombres y los teléfonos? El lector podrá sacar esa conclusión rápidamente. No obstante, es justo decir que en este irrefrenable cóctel de corrupción, participan no sólo políticos, sino también jueces y policías bonaerenses y de la Federal. En ocasión de las últimas apariciones públicas de Rafael Di Zeo ordenando el ingreso al estadio de River Plate en Nuñez, cualquiera habrá podido observar que la Policía Federal parecía proteger al barrabrava más que intentar detenerlo. Las instrucciones para que nadie entorpeciera la labor del violento sólo podrían provenir del Ministro del Interior en persona, Aníbal Fernández. Mientras los mencionados funcionarios -el Gobernador incluído-, se pasean por la provincia con sus pequeños ejércitos de custodios, más ciudadanos inocentes siguen muriendo, víctimas de peligrosos homicidas; más mujeres siguen siendo violadas; más ancianos continúan siendo golpeados y despojados de lo que no tienen; más ciudadanos continúan sufriendo la sustracción de sus automóviles y el ataque contra sus propiedades. Con todas las letras, estas son las grandes contribuciones del Gobernador Felipe Solá a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Ciudadanos que deberán tener todas estas situaciones muy en cuenta, cada vez que se les mencione el apellido del Gobernador en cualquier situación doméstica. A estas alturas, muchos se preguntan si acaso la reacción infantil y desvergonzada de Felipe Solá no tiene que ver con el sentimiento de frustración originado en el hecho de que su carrera política se ha terminado, y que deberá abandonarla en ocasión de las próximas elecciones. En la Argentina de hoy, infortunadamente, no existe la pena de prisión de cumplimiento obligatorio para funcionarios que, como Solá, defraudan y hasta humillan públicamente al electorado que le confió el poder. Los ciudadanos defraudados deberán conformarse con no ver más la figura de este funcionario en la casa de gobierno provincial. Tal vez no sea suficiente, pero es lo que hay.
El Ojo Digital Política