Los interminables derechos de la delincuencia

El gobierno bonaerense negó hoy que haya habido "abandono de persona" de parte del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPB) en el incendio en el penal de la localidad de Magdalena, que costó la vida a 32 reclusos, al tiempo que garantizó una "investigación independiente" del hecho, de la que estará excluida el cuestionado organismo de seguridad. Insólitamente, agrupaciones autodenominadas "defensoras de derechos humanos", junto con funcionarios de la justicia provincial, deseosos de atención mediática, calificaron en forma exagerada de "pequeño Cromañón" el siniestro, al sostener que las puertas del penal, al producirse el siniestro, quedaron "cerradas" y los matafuegos "no funcionaban". Esos organismos deslizaron además que "ante un hecho así, surge algún tipo de sospecha por la impericia de los funcionarios" que no pudieron evitar semejante tragedia. La opinión pública observa, nuevamente, la forma en que la delincuencia y los presos violentos son rápida y sospechosamente "asistidos" por todo tipo de organismos que reciben fondos del mismísimo Estado argentino. Los derechos de los reclusos de los penales argentinos, al parecer, tienen más peso que los de la propia ciudadanía. Sugestivamente, los denunciantes olvidaron que fueron los mismos presos quienes iniciaron la revuelta y el incendio que terminó con sus propias vidas. Tampoco aciertan muchos medios, cuando omiten destacar que el mismo alcaide del penal intentó dialogar con los internos para escuchar sus pedidos, pero que fue brutalmente apaleado por los iniciadores del motín. Además de los beneficios que de por sí otorga la corrupta justicia argentina a los delincuentes, en términos de las acostumbradas bajísimas penas, sabido es que no portan uniformes diferenciantes (de color anaranjado, como en Estados Unidos) porque los mismos "organismos de derechos humanos" han insistido en que tal medida es "discriminatoria". Son los mismos organismos que impulsaron y lograron la eliminación de los archivos de prontuarios policiales en las comisarías de la provincia. Una recomendación inteligente para los reclusos argentinos, acostumbrados a todo tipo de beneficios y artilugios legales -cuando no provienen de la política, que los necesita para tropa-, sería que, antes de tener que reclamar derechos en las penitenciarías, no se dediquen a la delincuencia. El cuestionado gobierno de Felipe Solá, suma de esta manera, una nueva polémica, que se suma a los niveles insoportables de seguridad alentados por el Gobernador y por su Ministro de Seguridad, León Arslanián, y a otros episodios graves de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno provincial. Tal vez el presente caso no amerite ser anotado entre los inconvenientes que la gestión de Solá por los cuales deba responder, pero sin dudas colaborará aún más en su debacle. El encargado de difundir la posición oficial fue el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, quien, en declaraciones radiales, rechazó las acusaciones sobre presunto abandono de persona: "No, no es así, el penal estaba abierto y prueba de ello es que el jefe de Seguridad Externa ingresó cuando supo que había una pelea, para separar", respondió. Di Rocco trató así de replicar la acusación del secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín -a quien mucho de sus colegas denuncian como muy apegado a las cámaras de televisión y los micrófonos-, Juan Manuel Casolatti, para quien "las puertas evidentemente estuvieron cerradas, porque si no, no se explica que las personas del pabellón 15 que rescataron a los del 16 tuvieron que ir por techos, cruzar el patio y romper parte de la pared para sacar a muchas de las personas". El propio Casolatti -que también está relacionado con organismos de "derechos humanos"- fue quien denunció que los matafuegos del penal "no funcionaban", e insistió en que "todo el mundo sabía que iba a pasar" una tragedia de esa magnitud. El fiscal adjunto de la UFI 4 de La Plata, Sergio Delucis, quien investiga el incendio, advirtió que "ante un hecho así, surge algún tipo de sospecha por la impericia de los funcionarios" en evitar la tragedia. La Comisión por la Memoria (CPM) calificó inaceptablemente de "pequeño Cromañón" el siniestro en el penal, "por la situación de hacinamiento" que vivían los internos, y responsabilizó por ello "al poder político, que se tiene que hacer cargo". Corresponde preguntarse si, para la CPM, acaso las víctimas de Cromañón eran delincuentes peligrosos con prontuario de homicidas, al menos de acuerdo a tales declaraciones. La CPM había presentado el viernes pasado un hábeas corpus ante la Justicia en el que denunciaba "malas condiciones de detención" en el penal. Una verdadera ironía, ya que tanto la CPM como el resto de los organismos de derechos humanos se oponen terminantemente a la construcción de nuevas cárceles, y así lo han hecho saber en reiteradas oportunidades. El incendio provocó, además de 32 muertos, doce heridos, entre ellos el jefe de la Guardia del penal -brutalmente golpeado cuando intentaba dialogar con los reclusos violentos-, Cristian Nuñez, con lesiones en la cabeza, quien, según un parte médico, evolucionaba "bien".