El Congreso de la Nación, ese lastre de los argentinos

El Congreso de la Nación Argentina, otrora un orgullo no sólo por su construcción edilicia sino por la calidad institucional que el país supo representar, suscita hoy muy diferentes opiniones por parte de la ciudadanía. La corporación política, y no sólo los legisladores, es hoy una de las instituciones que ostenta una imagen harto devaluada para los argentinos a los que debería servir, pero a quienes finalmente ignora en forma sistemática. Pero el Congreso es el ícono de la corrupción política que ha construído en la Argentina una falsa idea de democracia, un sistema en donde sólo se favorecen quienes son parte de la dirigencia, y donde todo es una pelea para mantener ese poder y el manejo de fondos estatales a perpetuidad. Nuestros diputados y senadores de la actualidad no ganan menos de $15,000 -en blanco-, y contrariamente a lo que debería suceder, la mayoría de ellos dirigen empresas o emprendimientos privados que deberían abandonar, en beneficio de dedicarse exclusivamente a legislar. Los $15,000 mencionados bien podrían ser una cantidad elevada, de no ser porque esa suma es sólo la punta del iceberg, ya que los legisladores tradicionalmente han acumulado sumas elevadísimas, gracias a interminables viáticos, alquiler de sus "servicios" a empresas privadas, o simplemente gracias a los dineros que corrientemente se dejaron caer desde el Poder Ejecutivo -sin importar quién haya estado ocupando el sillón de Rivadavia-. Porque -quien investigue así lo corroborará-, la práctica del Ejecutivo de desviar fondos de la ex SIDE para comprar bloques enteros de diputados o senadores ya está más que universalizada, y lo han hecho Carlos Menem, De la Rúa, Alfonsín, Duhalde y el mismísimo Presidente Néstor Kirchner, quien dice representar a la "nueva política". ¿Quién es Mario Pontaquarto y qué destino ha tenido, simplemente por descubrir la suciedad y todos los que se revolcaban en ella? Es un "arrepentido", y como castigo por mencionar a los corruptos, fue hecho desfilar por todo tribunal habido y por haber. Pero de los culpables, nada. Ni siquiera unas pocas líneas en los medios masivos. ¿Qué ocurrió con Alberto Lestelle, ex titular de la Secretaría contra el Narcotráfico bajo la Administración Menem, quien había acusado a diputados y senadores de darse "nariguetazos" de cocaína para luego volver al recinto a dar discursos brillantes? Pues, fue expulsado del Gobierno horas después de la poco feliz -aunque correcta- mención. ¿O acaso alguien podrá negar que, hoy por hoy, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado -nada menos que la esposa del Presidente, Cristina Fernández- maneja a la Cámara de Senadores a voluntad, y que ha sido la principal impulsora del recambio de la "corte menemista" a la actual corte kirchnerista? Son los mismos senadores que, actuando a sueldo del Poder Ejecutivo actual, han presionado hasta más no poder para destituir al magistrado Boggiano de su puesto en la Corte Suprema, sin argumento aceptable alguno. Todo esto sin dejar de mencionar, que hoy prácticamente cualquier individuo puede acceder a una banca de diputado nacional, ya fuera piquetero, ex guerrillero, asesino y con el más frondoso prontuario, y ya son conocidos todos los mecanismos y tecnicismos para esquivar los requerimientos de formación que el puesto requiere. Pero la descripta no es la imagen que El Ojo Digital tiene del Congreso. Tal es la imagen que la ciudadanía argentina en su conjunto tiene de la institución. Muchos recordarán la tristemente célebre aparición del "Chacho" Jaroslavsky en aquel programa de almuerzos de Mirtha Legrand, en donde Lita de Lázzari le reprochaba que los legisladores no servían para nada, y donde la respuesta del fallecido -aunque igualmente patético- ex legislador humillaba a Lita frente a las cámaras, simplemente porque la pregunta no le había gustado. O más recientemente, las cámaras de televisión de todo el mundo exhibieron a los senadores que, con total impunidad, dormían, conversaban, se maquillaban o devoraban suculentos sandwiches mientras Antonio Boggiano exponía sus argumentos. Nadie prestaba atención, porque la suerte estaba echada. Incluso, en un momento de la exposición del ex miembro de la Corte, el número de senadores en el reciento no superaba los quince. La versión fallida de la democracia argentina comienza y termina en el Congreso de la Nación. Una democracia en la que quienes deberían legislar, se llenan los bolsillos de los dineros de los contribuyentes y que creen que no deben responder a aquellos que les pagan su sueldo, nada menos. La debida nota la dieron hoy los diputados, quienes rechazaron una sentencia de primera instancia del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Silva Garretón, argumentando que el acceso a sus declaraciones juradas por parte de los ciudadanos implica un reclamo "genérico y ambiguo". Los legisladores adujeron, además, que la no publicidad es "la regla" y la publicación de esa información, "la excepción". A principios de agosto pasado, el juez Silva Garretón ordenó que los diputados nacionales difundieran públicamente su declaración jurada de bienes, al resolver una añeja acción de amparo presentada por la ONG Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Silva Garretón rechazó el planteo de la Cámara baja, que se opuso al reclamo argumentando que la ADC no tenía derecho a formular tal pedido. En definitiva, los diputados consideran que no deben dar explicación alguna a los ciudadanos -en última instancia, sus jefes- por el dinero que reciben de estos últimos y por lo que hacen con él. Seguramente tienen mucho que ocultar. Volviendo a la noticia, el juez replicó que según establece la ley de Etica Pública, "toda persona" tiene derecho a consultar y obtener copia de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Pero los legisladores apelaron el fallo ante la Sala Cuarta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que deberá pronunciarse ahora y, finalmente, el expediente terminará en la Corte Suprema de Justicia. Directivos de la ADC, consultados por esta agencia, dijeron que "los diputados nacionales consideran que el derecho de un ciudadano de tener esa información para ejercer responsablemente los derechos políticos reconocidos por la Constitución es una motivación genérica y ambigua". En ese sentido, recordaron que la Ley de Etica Pública, que lleva el número 25.188, "obliga a todos los funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones juradas dentro de los 30 días de haber asumido un cargo, a renovarla todos los años y también a presentar una última declaración pasados los 30 días desde que una persona se alejó de la función pública". "La misma ley asegura el derecho de cualquier persona a consultar y obtener copia de dichas declaraciones", concluyeron. Para aquellos ciudadanos que en su mayoría consideran al Congreso como el eterno lastre de los argentinos, las pruebas y ejemplos sobran. Basta remitirse a ellos toda vez que sea necesario.