Se eliminan los antecedentes de delincuentes en Buenos Aires

Las comisarías de la Provincia de Buenos Aires no podrán mostrar fotos de sospechosos a las víctimas de delitos y deberán remitir a la Justicia los libros que contienen esos registros informales de presuntos delincuentes. En un acta firmada ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, el Ministerio de Seguridad acordó ordenar el retiro de los "registros de malvivientes" (también conocidos como "books") de las 300 comisarías bonaerenses y las más de 150 delegaciones de investigaciones de esa fuerza de seguridad. La polémica decisión, avalada por la Justicia, es una derivación de un recurso de hábeas data presentado por la Asociación Civil Miguel Bru para conocer cuál es la utilización que hace la Policía de los álbumes fotográficos. El derecho a conocer la utilización de los datos personales que hace el Estado está incorporada a la Constitución bonaerense de 1994. La confección de estos registros es una vieja práctica que tiene casi 40 años: un decreto firmado en 1967 habilitó a los investigadores policiales a archivar en las dependencias copias de todas las personas que ingresan por averiguación de antecedentes (AA). Tal práctica se lleva a cabo en las comisarías de la gran parte de los países desarrollados, y el procedimiento de revisión de "books" de delincuentes es pieza fundamental de la investigación criminal, para establecer la participación de sospechosos en ciertos delitos. De acuerdo con los datos oficiales, cada año se realizan entre 90.000 y 100.000 expedientes por AA, aunque no todas las fichas incluyen fotos. El procedimiento actual sigue estos pasos: la Policía muestra a víctimas de robo, violación u otros ilícitos los retratos para que identifiquen al supuesto delincuente. Si figura en el álbum, los investigadores buscan la forma de llegar a esa persona para imputarle el delito. La disposición no anula otros mecanismos para identificar a sospechosos de delitos como el reconocimiento en rueda de presos o la comparación fotográfica, realizada a partir de una orden judicial y con el consentimiento de la defensa. De este modo, se aleja aún más la posibilidad que tienen las fuerzas policiales para resolver determinados crímenes, dado que no contarán con los registros de antecedentes de delincuentes y de los datos que podrían acercarlos al domicilio de los sospechosos. Más lejana estará la posibilidad, a partir de ahora, de que los testigos identifiquen a los autores de un ilícito. El secretario de Seguridad, Martín Arias Duval, fue el representante del Gobierno que firmó el acta. El funcionario aseguró que en un plazo de 24 horas los comisarios deberán enviar los libros fotográficos a las fiscalías generales. Y también se estableció que la tenencia de esta documentación en una seccional constituirá "falta grave". La participacion de Duval en la firma permite confirmar el compromiso del Gobierno actual para no combatir a la delincuencia, y el hecho de que la presente Administración claramente ha tomado parte para defender los derechos de marginales. Sólo resta identificar a los ideólogos de tal propuesta, aunque no resultaría sorpresivo que los autores se desempeñaren en el área de "derechos humanos".