Esperando a Blumberg: la Justicia Federal liberará a 4.000 detenidos

La Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia ha precisado públicamente que la visión que postula el área para atender la problemática de la delincuencia en crónico aumento es la de ‘prisionalizar’ los delitos graves; no ‘prisionalizar’ los leves, mientras debe decidirse qué hacer con los delitos de mediana gravedad. Puede sorprender que el área del Gobierno a cargo de diseñar las estrategias para enfrentar a la delincuencia no defina mantener o no mantener en prisión a imputados, o condenados, por un delito de mediana entidad, pero es una posición admitida oficialmente y el ciudadano, sobre todo el que no puede costear una custodia, debe vivir con ella. Avanzar en definiciones sobre el tratamiento social del delincuente adquiere en lo teórico; aristas filosóficas, políticas, jurídicas y hasta éticas y morales, aunque es poco discutible para el área de formulación de la política criminal del gobierno. Basta recordar el mecanismo reflejo con el que la dirigencia atendió las conmociones producidas por los secuestros extorsivos en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, disparadas por el reclamo de Juan Carlos Blumberg tras el asesinato de su hijo hace sólo un año. Más allá de lo impuesto por las circunstancias, entre otras cosas un ‘megaplan de seguridad’ que no pasó la etapa del anuncio presentado por el presidente Néstor Kirchner, y su entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, la política criminal no se ha apartado, en el mejor de los casos, del ensayo de laboratorio. Lo que ha servido para lo que podía esperarse: la Defensoría General de la Nación, hace unos pocos días y también públicamente, afirmó que a escala nacional “se comete un 600% más de los delitos que se denuncian” y fijó la obtención de este dato en cifras que maneja internamente la cartera de Justicia. El Gobierno y su área de política criminal absorben estos datos con una percepción, por lo menos, liviana: elaboran decenas de gráficos donde muestran que, a leyes más duras, no se corresponde una disminución de la delincuencia.