Más impunidad para la violencia piquetera : será ilegal filmarlos

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense consideró que no es constitucional que un fiscal ordene filmar a piqueteros que marchan encapuchados y con palos durante protestas callejeras. Así lo dictaminó la procuradora María del Carmen Falbo al hacer lugar a una demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la orden dada el año pasado por el fiscal platense Marcelo Romero para que se filme y procese a los piqueteros que marchaban encapuchados y con palos por el centro de la capital provincial. A través de la resolución número 162, la procuradora ordenó dejar sin efecto la instrucción del fiscal Romero al considerar que esa medida "se traduce en una ampliación punitiva que contraría el principio de legalidad constitucional". En este sentido, argumentó que la orden puede ser interpretada "como una directiva tendiente a organizar la labor de prevención del delito propia del Poder Ejecutivo provincial". En tanto, en declaraciones formuladas luego de que se diera a conocer la resolución de Falbo, el fiscal Marcelo Romero aseguró que respetará y acatará la decisión de su "superior" y sostuvo que "muy poco puede hacer un fiscalito de provincia frente a metodologías de protesta ensalzadas desde los más altos cenáculos del poder nacional y provincial". El 1 de junio de 2004, el fiscal Romero había instruido al ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, para que en las movilizaciones que se desarrollaran durante la primera quincena de junio (que abarcaba su turno judicial) se filmara a los piqueteros que protestaran a cara cubierta y armados con palos y caños, quienes serían juzgados por intimidación pública. En esa oportunidad, Romero ordenó a la policía asignada a la custodia de marchas y movilizaciones que organizara "una vía de circulación libre adyacente al piquete o manifestación" y que impidiera "la presencia de personas que porten armas impropias como palos, caños, tumberas y/o con rostros cubiertos por pasamontañas, procediendo a su inmediato secuestro por razones de gravedad y urgencia". "Ante la negativa o resistencia de estas personas a cumplir con la orden, el personal policial labrará actas por la presunta comisión del delito de intimidación pública y procederá a documentar con medios fotográficos, fílmicos o de video, todas las secuencias de la operación", precisaba la instrucción enviada por Romero a Arslanian, objetada por el CELS. El CELS, a través de su presentación, se presenta una vez más ante la opinión pública como organismo defensor de los derechos a ejercer violencia por parte de manifestantes. Su cuestionamiento se fusiona a la polémica figura de la Dra. Maria del Carmen Falbo, cuestionada oportunamente por Juan Carlos Blumberg, precisamente por su tendencia a tolerar la violencia ejercida por sectores piqueteros, incorrectamente denominados "desempleados". Cabe destacar que fue el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, quien en su momento fue el más férreo impulsor de la candidatura de Falbo a la Procuraduría. A este respecto, quedan pocas dudas de la posición del mismísimo Gobernador a la hora de considerar aspectos relacionados con la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires.