Lo que hay que saber

Recientemente se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires un seminario internacional de acceso a la información pública, que contó con especialistas en la materia de distintos países del mundo (Suecia, Perú, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Bulgaria, Australia, y México, entre otros). La idea central del seminario fue que toda la información que posee el Estado es, por su naturaleza, pública y por lo tanto puede ser consultada por cualquier ciudadano en cualquier momento, sin tener que abonar por ello ni rendir cuentas en relación al uso que pretende hacer de dicha información, ya que la información le pertenece incluso antes de solicitarla. Luego si el Estado es sencillamente, como se sabe, la suma de todos los ciudadanos, bajo ningún argumento el gobierno puede obstaculizar ni restringir el acceso de esos ciudadanos -verdaderos soberanos de las democracias- a lo que se considera su patrimonio natural. De cualquier modo, en las democracias desacostumbradas a esta clase de prácticas, poner en marcha un sistema de acceso a la información eficiente es muy costoso, tanto en lo político como en lo económico: es necesario implementar procedimientos de sistematización y organización de la información a contrapelo de la organización histórica de la documentación del Estado, disponer de trabajadores para esta tarea y torcer la voluntad política en el mismo sentido a sabiendas de que el rédito que una iniciativa de esta naturaleza puede provocar en el corto plazo, más bien podría a ser escaso. En la Argentina, si bien la publicidad de los actos de gobierno ha sido proclamada convenientemente en la Constitución, es recién a través del Decreto 1172 de diciembre de 2003 que se especifica el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública que posee el gobierno. Esta norma reglamenta diferentes circunstancias, como la obligación de los funcionarios a publicar sus audiencias en internet y el deber de todos los ministerios de entregar cualquier clase de información que se les solicite en un plazo nunca mayor a los 20 días. Sin embargo, el decreto sólamente se aplica al Poder Ejecutivo. Para extender la práctica a los dos restantes poderes públicos hace falta una ley. El proyecto de ley de acceso a la información pública ha ingresado al Congreso en el año 2003 y su sanción ha sido obstaculizada permanentemente desde entonces. En la Cámara de Senadores, fue tratado por la comisión presidida por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que modificó aspectos fundamentales de su composición restringiendo gravemente el ejercicio del derecho que se pretendía proclamar inicialmente. Según el proyecto modificado por la comisión, los ciudadanos deben especificar ahora, mediante declaración jurada, con qué objeto solicitan la información y qué uso le darán. Este requisito contradice el corazón mismo del concepto de “información pública” y, por lo tanto, ha provocado la paradoja de que quienes impulsaban la ley originalmente se han vuelto ahora los más fuertes opositores del proyecto modificado. Asimismo, se extiende la obligación de brindar información del Estado a las empresas subsidiadas por el Estado, entre ellas los medios de comunicación, los que -por otro lado- se verían en el deber de guardar todo su material por un plazo mínimo de treinta años. Esos extensos archivos obviamente costarían mucho dinero y por lo tanto han provocado el rechazo explícito de la prensa, abanderada del proyecto de ley original. No parece inocente este giro que dio la ley en el senado, ni parece tampoco que la ruidosa oposición que han generado las modificaciones al proyecto de ley hayan resultado un imprevisto para los legisladores. La sensación que queda es que no existe un legítimo interés del Congreso (o al menos de la comisión presidida por la Primera Dama, que modificó el proyecto original) en promulgar la ley de acceso a la información pública o, en que la ciudadanía pueda hacer uso de un derecho que es legítimo. O al menos ese interés no existe en este año electoral. Lo curioso, sin embargo, es que el mismo sector político que por un lado rápidamente pone en práctica un decreto progresista, abiertamente democrático y que promueve la transparencia política; por otro lado obstaculiza la promulgación de una ley que fortalecería el libre ejercicio de ese mismo derecho y la práctica de los mismos valores. Tan curioso resulta, como la evidencia de que a pesar de haber puesto en práctica el mencionado Decreto 1172 de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo, no se haya hecho ningún esfuerzo para difundirlo públicamente. La discusión se torna, entonces, más amplia: ¿Alcanza con proclamar derechos en la Constitución, en las leyes, en los decretos? ¿Una verdadera democracia no procura, en realidad, que los ciudadanos puedan ejercer eficazmente los derechos que proclama en sus normas? Casi como última reflexión, cabría recordar que “República” es, como nos indica el latín, la “cosa pública”, digamos: algo que nos pertenece a todos. En tanto la Argentina es “República”, la información sobre la “cosa pública” es patrimonio inalienable de los argentinos, y cualquier gobierno o funcionario que la obstaculice atenta directamente contra la forma republicana proclamada en el comienzo de nuestra Constitución. La representatividad de las democracias se sostiene, entre tantos valores, por uno que resulta acaso el más esencial: la confianza. El pueblo asume que no puede gobernar si no por intermedio de un grupo de representantes, a quienes elige y “confía” el poder. Confía, además, en que ellos harán un uso responsable y eficaz del poder que le delega. El gobierno que oculta al pueblo la información que le pertenece genera, precisamente, que se quiebre ese pacto fundamental de confianza. La gente siente que se le oculta algo, y desconfía de aquel que le está ocultando. Sobre esa base, es imposible el diálogo y el fortalecimiento democrático. Por el contrario, cuando el germen de la desconfianza se instala en la democracia, toma la forma de una enfermedad que la debilita irremediablemente. Y la cuestiona, la pone en riesgo: los latinoamericanos sabemos las consecuencias que nos ha traído la desconfianza a lo largo de la historia reciente. Además, y no menos importante, la desconfianza es el factor más desalentador para las inversiones de cualquier tipo, y por lo tanto obstruye el desarrollo y el progreso de un país. El acceso a la información pública, como puede verse, no sólo es un buen argumento para monitorear las acciones del gobierno de turno, sino que además y sobre todo es el presupuesto indispensable para construir confianza y, al cabo, para fortalecer la democracia y garantizar la prosperidad de una nación. Habrá que ver, en todo caso, si en realidad nos interesa la prosperidad y el progreso, habrá que pensar -insisto- en qué modelo de país nos interesa. Como primer paso, no está mal el derecho de acceso a la información para enterarnos del modelo de país que en silencio siguen tramando, para nosotros, nuestros representantes.