Inseguridad jurídica en Buenos Aires : un juez autoriza bloqueo de cajas de seguridad de morosos

Un centenar de cajas de seguridad bancarias de morosos bonaerenses fueron bloqueadas, y cuatro de ellas abiertas para incautar objetos de valor que garanticen la cobranza de las deudas impositivas. Así lo afirmó hoy el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, quien advirtió que en el caso de las cajas bloqueadas pero que aún no fueron allanadas, "se revisarán las cintas de filmación de seguridad para ver si no se tocó su contenido, y de comprobarse que hubo alguna irregularidad se denunciará penalmente al banco". Esta mañana Montoya confirmó la decisión tomada por el juez de la ciudad de Mercedes, en la que se ordena abrir las cajas de seguridad de cuatro grandes deudores del fisco provincial. Esta medida, cabe aclarar, es de forma cautelar, es decir, que sólo se tomará de las cajas los bienes embargables. Los deudores tienen una deuda que supera los $10 mil. A éstos mismos, previamente, se les envió la intimación legal correspondiente. El juez de Mercedes que ordenó abrir las cajas de seguridad es el juez en lo contencioso administrativo Hugo Echarri. Todas las cajas están ubicadas en sucursales de bancos nacionales en la Provincia. Se trata de una sucursal del Banco Río en Mercedes, por una deuda de $109.675; una del Banco Río en Don Torcuato, por una de $19.351; una del Banco Comafi en Chivilcoy, por $10.792; y una del Banco Galicia en Moreno, por $82.903. Montoya explicó que "hay varias presentaciones judiciales realizadas en distintos lugares de la provincia", y precisó que ya hay "100 cajas de seguridad bloqueadas, sin que el contribuyente pueda acceder a ellas". Además, remarcó que "hay un pedido para bloquear otras 700 cajas de seguridad". La presente ya deja de constituir una medida polémica. A todas luces constituye una franca violación al derecho de propiedad de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, y sienta un peligroso precedente para el futuro. Hay el total convencimiento en la ciudadanía de Buenos Aires que tal medida sencillamente se corresponde con la necesidad del Gobierno de Felipe Solá de hacerse con más fondos para la campaña de octubre. Los ciudadanos de clase media y clase alta de la provincia, ahora no sólo deben padecer el fenómeno de los secuestros y la criminalidad violenta -apañada por las fuerzas de policía y el mismo gobierno provincial-, sino que ahora también deben ver que sus bienes son pasibles de ser confiscados por la corporación política. La Argentina se convierte cada día más en un territorio de fomento de la idea de que no todos son iguales ante la ley : la protesta violenta del piquetero o la actividad delincuencial del secuestrador gozan de impunidad, mientras que los sectores "pudientes" -que sufren el accionar de los anteriores- son quienes ven caer sobre ellos todo el peso de la ley.