Juez ordena la captura de militares involucrados en ejecución de terroristas

Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Norberto Raul Tozzo, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segon, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme deberán ser detenidos y trasladados a Resistencia. Losito ya se encontraba arrestado, por otra causa, en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia, en La Liguria. La orden de Skidelsky se produjo a un año y nueve meses de la liberación de los sospechosos e implica el reinicio de las investigaciones, ahora abonadas, además, por el aporte de nuevos testigos y datos suministrados por familiares y ex detenidos. De estos se podrán determinar otras detenciones, además de relevamientos de nuevas pruebas. Entre las detenciones vinculadas a la masacre, nuevos testimonios incorporados a la causa podrán derivar en la detención de ex altos jefes de la Policía chaqueña y de otros militares de alto rango. En materia de nuevas pruebas, se espera ahora la investigación de un equipo de forenses que excavarán una posible fosa común detectada en un campo de las inmediaciones de la masacre. Este hallazgo adelanta la intención de confirmar el paradero de los cuerpos, determinar con exactitud el lugar del fusilamiento, la cantidad de víctimas y la verdadera cantidad de operativos que se habrían realizado para ocultarlos luego en un supuesto “intento de fuga’’, tal cual la versión oficial de lo que pasó el 13 de diciembre de 1976 en Margarita Belén. Los militares que ahora volverán a prisión están imputados por los delitos de homicidio agravados por alevosía y por haber sido cometidos por el concurso premeditado de dos o más personas, con desaparición forzada de personas. Fueron detenidos por primera vez el 17 de junio de 2003. El juez Skidelsky ha sido duramente cuestionado en ámbitos judiciales de la Provincia del Chaco por su exposición mediática. Sus detractores sostienen que busca permanentemente relacionarse con causas relacionadas con los derechos humanos, con el fin de evitar un juicio político en ciernes. Una estrategia muy utilizada por muchos jueces cuestionados en la Argentina.