Sobresueldos : el tema espinoso que salpica a todos los políticos

Luego que María Julia Alsogaray confesara en una carta escrita desde la cárcel, que durante el gobierno menemista los sobresueldos de los ministros "no bajaban de cien mil" pesos/dólares, una ola de reacciones sacudió el espectro político y el escándalo podría llevar a tribunales nuevamente al ex presidente Carlos Menem y sus principales funcionarios. En la carta de lectores, que Alsogaray escribió al diario "La Nación", recordó que cuando en noviembre de 1991 fue designada secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, Bauzá la convocó a su despacho para comunicarle que percibiría una suma mensual proveniente de "fondos secretos". María Julia afirmó que los secretarios cobraban 40,000 pesos mensuales y los ministros "no bajaban de 100,000", importes por los cuales no debía rendirse cuentas. "Que tres funcionarios del gobierno del doctor Menem hayan mentido bajo juramento negando esos hechos y que el propio ex presidente de la Nación tenga una actitud titubeante y contradictoria en sus declaraciones, sumada a la oportuna desaparición por razones de salud de Bauzá, no cambia la verdad", afirmó la ex polifuncionaria menemista que desde hace veinte meses, purga una condena por enriquecimiento ilícito. El hijo de la funcionaria, Alvaro Erize, dijo que la mujer finalmente decidió hacer pública esa confesión porque está "muy molesta" de que sus ex colegas lo hayan "ocultado" a la opinión pública y a la Justicia. La nota originó que ayer, el mediático abogado Ricardo Monner Sans pidiera al juez Jorge Ballesteros que indague al ex presidente Carlos Menem, a su ex secretario general Eduardo Bauzá y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa que investiga el pago de sobresueldos a funcionarios en su gobierno. Tal vez, el irreverente Jorge Asís tenía razón cuando sentenció oportunamente que "una denuncia de Monner Sanz es como un vaso de agua : no se le niega a nadie". Pero simultáneamente se afirmó que las leyes secretas que posibilitan los sobresueldos, siguen existiendo. Tal manejo discrecional de fondos se triangula normalmente desde el Poder Ejecutivo hacia la S.I. (Secretaría de Inteligencia, ex SIDE), y de ahí surge la arquitectura financiera que permite que todo continúe en negro. "Todas estas normas que permitían que existieran esta especie de coimas institucionalizadas siguen subsistiendo" expresó Monner Sans, para quien se impone que la jueza en lo Contencioso Administrativo Clara Do Pico, que lleva una causa sobre el tema, "ordene al Poder Ejecutivo nacional, que hasta aquí se viene oponiendo malamente, a que se levante el secreto de las llamadas leyes secretas". Mientras tanto, y como no podía ser de otra manera, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, hizo uso nuevamente de la bandera de la defensa de la corporación política corrupta de la Argentina y afirmó ante sus siempre amados micrófonos que negó haber cobrado sobresueldos, y que tal posibilidad "es una locura en la Argentina". Mismo rol adoptó el senador Eduardo Menem, quien, como es obvio, salió al cruce para defender a su hermano. "Defender lo indefendible" es la frase que viene a la mente a quien esto escribe. Los fondos reservados son eje de distintas causas penales en la Justicia federal. No obstante, tales causas tienen, desde un comienzo, un final conocido, que será idéntico a aquellas que incorporaron las denuncias del arrepentido Alfredo Pontaquarto, con respecto a la "compra" de senadores y diputados para hacer pasar leyes. Hoy en la picota -aunque no por mucho tiempo-, esta práctica de compra-venta de congresistas, método que se ha vuelto común desde el retorno de la democracia en 1983, consiste sencillamente en una primera oleada de advertencias de diputados y senadores, al respecto de que "de ninguna manera" aprobarán leyes que el Ejecutivo intenta imponerles. Este es el código que utilizan los miembros del Congreso de la Nación para hacer saber al Presidente que, para aprobar sus leyes, y en definitiva, apoyar su Administración, primero deberán ver el color del dinero. Acto seguido, el Presidente da instrucciones a sus entendidos en cuestiones financieras -para el caso de la Administración Kirchner, Elisa Carrió señaló a Julio de Vido como el "cajero" actual-, y estos proceden a movilizar fondos que originalmente eran reservados. Tales fondos son utilizados para favores políticos -aprobación de leyes en este caso-, financiación de campañas y, por supuesto, compra de medios (y colocación de publicidad oficial a cambio de notas favorables a la Adminsitración de turno). Al respecto de este tema, no mucho tiempo atrás se generó polémica cuando el periodista Luis Majul -luego de ser descripto por Jorge Lanata como mal periodista-, respondió al voluminoso ex titular de Página 12, diciendo que él cobraba dinero proveniente de la SIDE, comentando con lujo de detalles sus encuentros en un departamento de Barrio Norte con de Santibáñez -titular de la SIDE en tiempos de de la Rúa-. El mismo Lanata no respondió a tal acusación, y con el tiempo involucraría a otros periodistas en la nómina o payroll de los servicios de inteligencia, entre ellos a Román Lejtman. Lejtman habría recibido fondos para hacer contrainteligencia y promover el lobby de periodistas que alimentaban la falsa hipótesis de la Traffic-bomba y la conexión local del atentado a la AMIA. Volviendo a la cuestión de los sobresueldos, numerosas voces de la oposición hicieron conocer sus sospechas, al respecto de la rapidez con que el Congreso Nacional responde a los requerimientos del Presidente Kirchner en materia de leyes. El fantasma de los sobresueldos se agita, una vez más, sobre la política local, pero nunca lo hará en forma de espada de Damocles, como ingenuamente creen algunos.