Impunidad : falta de mérito para directivos de Southern Winds

Los tres principales directivos de la empresa Southern Winds (SW) y el último director de la ya desaparecida Policía Nacional Aeronáutica fueron sobreseídos ayer por el juez en lo penal económico Carlos Liporace, quien dictó la medida por falta de pruebas para procesarlos como responsables del contrabando de drogas por el aeropuerto de Ezeiza. La decisión incluye al presidente de la compañía aérea, Juan Maggio; al gerente general, su hermano Christian Maggio; al vicepresidente, Enrique Montero; y al brigadier Horacio Miguel Giagischia, que comandaba la fuerza de seguridad. En una resolución de medio centenar de carillas, Liporace dejó traslucir que, según su criterio, las pruebas incriminatorias resultan insuficientes. El magistrado, además, evaluó que si Christian Maggio no formulaba la denuncia, jamás se hubiera conocido el ilícito perpetrado el 16 de septiembre último, cuando cuatro valijas con casi sesenta kilogramos de cocaína fueron embarcadas con destino a Madrid (España). El rol de denunciantes fue reivindicado por las autoridades de la compañía aérea cuando, citados a indagatoria, realizaron sus descargos ante Liporace. A mediados de septiembre, el cuestionado equipaje llegó al aeropuerto internacional de Barajas con el rótulo "Embajada Argentina en España", pero nadie se presentó a retirar las valijas. En la causa están procesados los ex empleados de SW Walter Beltrame, Fernando Arriete y Claudio Baudino. Días atrás, tras revocársele la falta de mérito, fue indagado Alejandro Tumburrini, encargado de control de pasajes de SW en Madrid. La situación procesal de dos empleados de la empresa de seguridad Top Air Security (TAS), mientras tanto, se complicó en las últimas horas. La sala B de la Cámara en lo Penal Económico anuló el fallo de Liporace que dictó la falta de mérito para Emanuel Denegri y Martín Orellana. Ambos fueron acusados, y estuvieron presos durante algunas horas, por no haber controlado el pase de las maletas con casi 60 kilos de cocaína. La resolución de los camaristas Carlos Pizatelli, Roberto Hornos y Marcos Grabivker renovó sus habituales críticas hacia Liporace y afirmó que la sentencia resultó arbitraria. También fueron indagados Flavio Cañoto y Marcelo Vernino, otros dos empleados de SW que ocupaban puestos --el primero como jefe de base-- en Barajas. Más: la sala B sigue analizando el planteo de recusación que la fiscal Gabriela Ruiz Morales presentó contra Liporace por presunta falta de imparcialidad en el trámite del sumario. La funcionaria judicial tampoco está libre de toda sospecha: un suboficial de la Policía Federal la denunció por amenazas debido a que su secretario, César Quiroga, lo habría intimidado al exhibir una arma de fuego e instarlo a denunciar a ciertas autoridades públicas. La conclusión es que la decisión del juez Liporace sorprende a pocos. Oportunamente, El Ojo Digital había denunciado el retroceso de la causa, e incluso era conocido el hecho de que el mismísimo Consejo de la Magistratura estaba a punto de sancionarlo por irregularidades de procedimiento en la causa Southern Winds. Los arquitectos del sistema de impunidad que se observa en este caso, inteligentemente han apostado a que el tratamiento informativo del caso desapareciera de los medios, y de esta manera lograr hacer pasar por alto que, tanto los directivos de la aerolínea, como la antigua Policía Aeronáutica, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), y ciertamente algún funcionario del Gobierno Nacional deben estar implicados o debieron estarlo en algún momento. A nadie escapa que el sistema corrupto del tráfico de drogas es ciertamente muy poderoso, y que la Argentina -un país en donde los diputados y senadores se compran por un puñado de dólares- es también terreno propicio para el alquiler de jueces. El juez Liporace deberá vivir el resto de sus días enfrentando el acoso de su consciencia, y si la sospecha de la sociedad con respecto a su desempeño resultara falsa, mínimamente debería declarar en forma pública que la Justicia no tiene los medios para enviar a prisión a traficantes de drogas de alto nivel.