POLITICA: WASHINGTON PRESIONA PARA LA APROBACION DE UNA LEY MAS SEVERA

El Congreso pospuso la aprobación de leyes contra el terrorismo

La Cámara de Diputados postergó hasta dentro de dos semanas la resolución del debate sobre dos convenios internacionales antiterroristas, que son fuertemente reclamados por los Estados Unidos.

21 de Julio de 2010
Los legisladores abrieron la discusión la pasada medianoche y avanzaron a lo largo de esta madrugada, pero la falta de número obligó al presidente de la cámara, Eduardo Camaño, a pasar a un cuarto intermedio. Como suele ocurrir en la cercanía de los feriados de Semana Santa, la semana próxima dificilmente haya sesión. Por eso, la conclusión del debate pasará hasta la última semana de marzo. La lucha contra el terrorismo aparece como uno de los ejes de alineamiento entre la política de defensa del gobierno de los Estados Unidos y de la Argentina, que el año pasado se vio sacudida por la negativa del Congreso a darle inmunidad a los soldados norteamericanos que participaran en ejercicios militares. El interés por aprobar los convenios motivó incluso una visita a la cámara baja del Canciller, Rafael Bielsa. El primero de los acuerdos es la Convención Interamericana Contra el Terrorismo adoptada por la asamblea de la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. La convención obliga a los países firmantes a establecer "un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo". En el conjunto de medidas impuestas por el acuerdo aparece específicamente la implementación de sistemas de "detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero" y la adopción de instrumentos para "identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos o bienes" usados para financiar operaciones o grupos terroristas. Pero el capítulo de la convención que genera mayor resistencia es aquel que elimina los argumentos "políticos" como excepción a los pedidos de extradición. En consecuencia, una solicitud de asistencia jurídica de otro país no podrá denegarse por la sola razón de aparecer vinculada a un delito inspirado en motivos políticos. La aclaración motivó, por ejemplo, las críticas de Patricia Walsh (Izquierda Unida), quien consideró que las figuras delictivas incorporadas en la convención "se usan para perseguir a los protagonistas de las protestas sociales". Las críticas llegadas desde la izquierda también apuntaron contra los Estados Unidos, principal promotor de la convención, y las consecuencias de su política bélica en el mundo. "La inacción es suicida", defendió el justicialista Jorge Arguello, al fundar la necesidad de sumarse a los acuerdos contra el terrorismo y argumentó que la decisión diplomática responde también al objetivo de "reestablecer el papel de los organismos internacionales para que nuestras voces sean escuchadas". El radical Federico Storani también respaldó las convenciones, aunque aprovechó para deslizar un cuestionamiento al gobierno: "existe un nexo muy fuerte entre terrorismo y narcotráfico, por eso me llama la atención que se traiga a discusión estos acuerdos y paralelamente, frente a un escándalo de narcotráfico, se niegue la posibilidad de que concurran los ministros a informar al Congreso". El segundo tratado aprobado debatido fue el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la asamblea de la ONU el 9 de diciembre de 1999, en Nueva York. Con una filosofía similar al acuerdo de Bridgetown, el convenio obliga a definir y penar las figuras delictivas enmarcadas en la definición de terrorismo. Además establece la obligación de prestar la mayor asistencia posible en relación con investigaciones, procesos penales o de extradicción. Y, en un punto de fuerte trascendencia para el sistema financiero, prohíbe ampararse en el secreto bancario para rechazar un requerimiento judicial tanto local como extranjero.
El Ojo Digital Política