El último envite de Pedro Sánchez

Tras la caída de sus dos decretos de vivienda en el Congreso, el presidente del Gobierno disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre. Llega a las urnas sin haber aprobado un solo presupuesto en toda la legislatura, con su antiguo hombre de confianza condenado a 24 años de prisión y con una credibilidad erosionada menos por la ideología que por la forma de ejercer el poder. La pregunta de fondo excede al resultado: qué queda del PSOE cuando el proyecto se ha fundido con la supervivencia de un solo hombre.

El viernes 2 de octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los dos reales decretos con los que el Ejecutivo pretendía responder a la emergencia habitacional: el primero, que prorrogaba la protección frente a desahucios de hogares vulnerables hasta 2030, limitaba la compra de viviendas por grandes tenedores hasta 2028 y topaba las subidas de alquiler, cayó por 178 votos contra 172; el segundo, que habilitaba la prórroga automática de contratos de arrendamiento, por 184 contra 166. El voto negativo de Junts, sumado al del Partido Popular, Vox y UPN, selló la derrota; en la segunda votación, incluso el PNV se apartó del Gobierno. Tres días después, desde La Moncloa, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

La comparecencia contuvo un elemento infrecuente en el repertorio del presidente: la admisión de errores propios y el reconocimiento de que una parte de su base social se encuentra hoy insatisfecha. Sin embargo, el diagnóstico oficial ubicó la causa del fracaso fuera del Gobierno, en un Parlamento donde, según sus palabras, los intereses de la gente de a pie son pisoteados en beneficio de unos pocos. Ese desplazamiento de la responsabilidad hacia la misma Cámara que lo invistió en 2023 condensa el problema que este análisis examina. Las encuestas sitúan al PSOE entre cuatro y siete puntos por detrás del PP y proyectan una mayoría holgada de populares y Vox; la explicación de ese retroceso no se agota en el eje ideológico con que suele leerse la política española, que resulta aquí una lente tan cómoda como insuficiente. Lo que se ha deteriorado es la relación entre el poder y la palabra, entre la promesa y su cumplimiento, y entre el Gobierno y las instituciones que debía custodiar.
 

Una legislatura sin capacidad de gobierno

El primer factor de erosión es de naturaleza estructural y precede a cualquier escándalo. Sánchez fue investido en noviembre de 2023 con 179 votos que sumaban ocho formaciones de agendas distintas y, en muchos casos, contrapuestas: desde fuerzas que aspiran a ampliar la intervención del Estado en la economía hasta un partido, Junts, de orientación liberal en lo económico y cuyo único objetivo explícito es la soberanía de Cataluña. Esa arquitectura constituyó una mayoría de investidura, nunca una mayoría de gobierno. Cuando Junts rompió con el PSOE en el otoño de 2025, la legislatura quedó sin una aritmética estable para legislar.

Los efectos son mensurables. La legislatura se cierra, por primera vez desde la restauración democrática, sin la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado: España funciona con las cuentas de 2023, prorrogadas por tercera vez en enero, y el Congreso tumbó en dos ocasiones la senda de déficit, la última en julio. El Gobierno multiplicó el recurso al real decreto-ley para sortear el bloqueo y acumuló derrotas en su convalidación. Un Ejecutivo que no puede aprobar su instrumento financiero básico ni sostener sus decisiones de urgencia pierde, ante la ciudadanía, la presunción de competencia que justifica su permanencia. La caída de los decretos de vivienda fue el desenlace de ese proceso, no su origen.

La paradoja reside en que los indicadores macroeconómicos ofrecían una base sólida para defender la gestión. La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2026 registró 22,78 millones de ocupados y una tasa de paro del 9,87%, la más baja en casi dos décadas, y el Gobierno elevó al 2,6% su previsión de crecimiento para este año. No obstante, el rendimiento agregado no se tradujo en percepción de bienestar. El alquiler medio prácticamente se ha duplicado en una década y el precio de oferta de la vivienda acumula una subida cercana al 90%, según datos de Idealista. La disociación entre la macroeconomía que exhibe el Gobierno y la microeconomía que padecen los hogares, en especial los menores de 40 años, explica por qué el desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid y una manifestación de más de 70.000 personas en la capital tuvieron más peso político que cualquier dato de empleo.
 

La erosión moral: corrupción en el núcleo del aparato

El segundo vector afecta a la dimensión que en la literatura politológica se denomina legitimidad de ejercicio: la convicción ciudadana de que quien gobierna lo hace con probidad. Aquí el daño sufrido por el sanchismo es singular por su localización. Los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, el cargo que controla la maquinaria interna del partido, están judicializados. José Luis Ábalos, ministro de Transportes y principal colaborador de Sánchez durante la moción de censura de 2018 y las primarias que la precedieron, fue condenado por el Tribunal Supremo el 22 de junio de 2026 a 24 años y tres meses de prisión, en una sentencia que da por probada la existencia de una organización criminal con reparto de funciones para amañar contratos públicos de material sanitario durante la pandemia; su asesor, Koldo García, recibió 19 años y ocho meses. Su sucesor en el cargo, Santos Cerdán, permanece investigado en la Audiencia Nacional por presuntas maniobras para desactivar investigaciones judiciales.

El cerco se extiende al entorno inmediato del presidente y a instituciones del Estado. El ex fiscal general Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, el primer fiscal general juzgado en la historia democrática. David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado el 14 de julio por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Begoña Gómez, su esposa, está procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, a la espera de un juicio con jurado sin fecha; y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los principales valedores externos del Gobierno, figura como investigado en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. En los procedimientos no concluidos rige la presunción de inocencia; el efecto político, empero, opera con independencia de los fallos.

Lo decisivo es que esta acumulación contradice el acta fundacional del propio Gobierno. Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 mediante una moción de censura motivada por la sentencia de la trama Gürtel, con la regeneración institucional como argumento central. Cuando el partido que desplazó a otro por corrupción ve a dos de sus responsables orgánicos sucesivos ante los tribunales, la erosión deja de ser coyuntural y alcanza al relato mismo que otorgaba sentido al proyecto.
 

Los vicios de la comunicación gubernamental

El tercer factor, y probablemente el más corrosivo, es comunicacional. La gestión de Sánchez ha incurrido en una serie de prácticas que, por acumulación, devaluaron el valor de su palabra pública. La primera es la reversibilidad de los compromisos. La amnistía a los encausados por el proceso independentista catalán, descartada de modo reiterado antes de las elecciones de 2023 y aprobada después como condición para la investidura, fue presentada como un acto de reconciliación; buena parte del electorado la interpretó como un intercambio de impunidad por votos. Cuando la convicción declarada cambia en función de la aritmética parlamentaria, cada anuncio posterior se recibe con un coeficiente de descuento.

La segunda es la teatralización del liderazgo. La carta a la ciudadanía de abril de 2024, en la que el presidente anunció cinco días de reflexión sobre su continuidad tras la apertura de diligencias contra su esposa, produjo un efecto de movilización inmediato, pero instaló la percepción de que las decisiones de Estado se subordinan a la gestión emocional del liderazgo personal. La tercera es la externalización sistemática de la culpa: la denuncia de una supuesta máquina del fango, el Plan de Acción por la Democracia de 2024 orientado a la regulación de medios, la calificación de la oposición actual como la peor de la democracia y, en la comparecencia del lunes, la invocación de unas élites a las que sería preciso doblegar. Ese registro antagonista resulta eficaz para cohesionar a los propios, aunque estrecha el perímetro de persuasión y convierte cualquier crítica, incluida la judicial, en una agresión.

La cuarta práctica es la instrumentalización de organismos que deberían ofrecer información neutral. El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, otorgó al PSOE un 31% frente a un 25,5% del PP, mientras la práctica totalidad de las empresas demoscópicas privadas sitúa a los populares en cabeza; 40dB, por ejemplo, registra un 31,6% para el PP y un 27,4% para el PSOE. La divergencia sostenida de un instituto público pagado por todos los contribuyentes erosiona la credibilidad de las propias cifras del Estado. El resultado agregado, sumado a comparecencias sin preguntas o con turnos tasados, es una paradoja conocida en comunicación política: un Gobierno con una sobreproducción de mensajes y un déficit crónico de credibilidad.
 

Más allá del eje izquierda-derecha: las fracturas que explican el desgaste

Reducir la coyuntura española a un pulso entre bloques ideológicos oculta las líneas de fractura que de verdad están redistribuyendo el voto. La primera es generacional y patrimonial. La divisoria más relevante de la España actual separa a quienes poseen vivienda de quienes no pueden acceder a ella, y cruza todas las familias políticas: un joven urbano con contrato indefinido y sin perspectivas de compra comparte más intereses materiales con otro joven de signo opuesto que con un propietario de su misma afinidad. El Gobierno convirtió esa fractura en eje de su relato y acabó fracasando, precisamente, en ella.

La segunda es territorial y enfrenta al centro con la periferia. La legislatura se sostuvo sobre concesiones bilaterales a fuerzas nacionalistas, desde la amnistía hasta las negociaciones sobre la financiación singular de Cataluña, que generaron agravios comparativos en comunidades gobernadas incluso por el propio PSOE, como Castilla-La Mancha. La tercera opone a la ciudadanía con el establishment institucional, y es la que mejor explica el crecimiento simultáneo de Vox, que supera el 18% en varias encuestas, y de formaciones de protesta como Se Acabó la Fiesta: ese voto se nutre menos de una adhesión programática que de un rechazo a la clase política en su conjunto, con el Gobierno como destinatario natural. La cuarta, más reciente, es la de la seguridad fronteriza, reactivada por la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos y la oposición cuestionó tanto la lentitud de la respuesta como la política del Gobierno hacia Rabat.

Leídas en conjunto, estas fracturas describen un electorado que castiga al Ejecutivo por su incapacidad para gobernar los problemas que considera prioritarios y por la sospecha de que la conservación del poder se ha impuesto sobre su resolución. La ubicación del Gobierno en el espectro ideológico es, en ese juicio, una variable secundaria.
 

El tablero del 29-N: aritmética y precedentes

Las mediciones publicadas en vísperas de la convocatoria trazan un escenario desfavorable para el PSOE. Sigma Dos, con trabajo de campo concluido el 1 de octubre, asigna al PP un 32,6% y 140 escaños, al PSOE un 25,6% y 103, a Vox un 18,3% y 63, a Sumar un 6,6% y nueve, y a Podemos un 3,3% y dos: populares y Vox sumarían 203 diputados, 27 por encima de la mayoría absoluta. 40dB coloca al bloque PP-Vox en el 50% de los votos, frente a un 33% de PSOE y Sumar. Solo el CIS discrepa del consenso.

Conviene, sin embargo, recordar el precedente de 2023: en julio de aquel año, la mayoría de los sondeos también proyectaba una mayoría absoluta de PP y Vox, y el resultado final (137 y 33 escaños, 170 en total) quedó seis diputados por debajo del umbral, lo que permitió a Sánchez revalidar el Gobierno. El presidente ha construido su trayectoria sobre la anticipación electoral como instrumento de supervivencia, y en 2023 utilizó el temor a la entrada de Vox en el Gobierno como principal resorte de movilización.

Ahora bien, la eficacia de ese recurso parece hoy menor que en 2023. Vox ha dejado de ser una incógnita: gobierna o ha gobernado en coalición en varias comunidades autónomas, y el PP de Castilla y León acaba de renovar su dependencia de ese partido tras las elecciones de marzo. Además, el ciclo autonómico ha sido adverso para el PSOE: en Extremadura, en diciembre de 2025, obtuvo su peor resultado histórico tras perder diez escaños, y en Andalucía, en mayo de 2026, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y candidata a la Junta, cosechó un 22,8% y 28 escaños, el peor registro socialista en la comunidad. Castilla y León, donde los socialistas crecieron dos escaños, constituyó la excepción que confirma la regla: allí el PSOE compitió con un candidato de marcado perfil autonómico.
 

Prospectiva: tres escenarios para Sánchez y para el PSOE

El primer escenario, el más probable a la luz de los datos disponibles, es una mayoría de PP y Vox que permita a Alberto Núñez Feijóo formar Gobierno, ya sea en coalición o mediante un acuerdo de investidura. Para Sánchez, la derrota abriría un horizonte de enorme exposición: sin la protección institucional de La Moncloa, coincidiría con el juicio con jurado de su esposa y con el avance de las causas que afectan a Cerdán y a su entorno. Su continuidad al frente del partido resultaría difícilmente sostenible, aunque su control del aparato le permitiría influir en la sucesión. El PSOE, por su parte, afrontaría la tarea más compleja de su historia reciente: reconstruir una organización vaciada por la personalización del liderazgo, en la que las federaciones territoriales han perdido peso, los críticos han sido marginados y no existe un relevo con autoridad nacional. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, aparece como el dirigente con mayor capital institucional propio, mientras que el revés andaluz de Montero ha mermado sus opciones.

El segundo escenario es el del bloqueo: una mayoría insuficiente de PP y Vox, o una relación entre ambos que impida articular una investidura, desembocaría en negociaciones prolongadas e incluso en una repetición electoral, como en 2016 y 2019. Sánchez quedaría en funciones durante meses, y el PSOE retrasaría un debate sucesorio que se volvería más traumático cuanto más se aplazase.

El tercer escenario, el menos probable pero no descartable dado su historial, es una nueva supervivencia: una movilización defensiva suficiente para impedir la mayoría de PP y Vox y la reconstrucción de una mayoría parlamentaria heterogénea. Incluso en ese caso, el problema de fondo persistiría, porque una cuarta investidura dependería de las mismas fuerzas que hicieron inviable esta legislatura, sin presupuestos y con Junts en una posición de veto. La victoria, en ese supuesto, prolongaría la agonía del modelo en lugar de resolverla.

En los tres casos, la cuestión estratégica es idéntica. El PSOE ha sido durante más de cuatro décadas uno de los dos pilares del sistema político español, con una implantación territorial que le permitía gobernar desde Andalucía hasta Castilla-La Mancha y desde Asturias hasta el País Vasco. La identificación total entre el partido y su secretario general ha convertido esa estructura plural en un instrumento de supervivencia personal. Además de decidir quién gobierna España, el 29 de noviembre determinará si el socialismo español conserva su condición de partido institucional de Estado o si queda reducido, por un tiempo prolongado, a una fuerza de oposición sin proyecto propio.
 

Conclusiones accionables

Del examen de los factores en juego se desprenden las siguientes consideraciones para dirigentes, diplomáticos e inversores:

1. La erosión del Gobierno es de naturaleza institucional antes que ideológica. Cualquier lectura que reduzca el 29-N a una competencia entre izquierda y derecha subestimará el peso de la fractura generacional en torno a la vivienda, el voto de rechazo al establishment y el agravio territorial, que serán los determinantes reales del resultado.
2. El escenario base es un cambio de Gobierno, pero con prudencia ante los sondeos. El precedente de 2023 obliga a tratar las mayorías holgadas de PP y Vox como probables, no como seguras; los indicadores a seguir son la participación juvenil y la concentración del voto progresista en el PSOE en detrimento de Sumar y Podemos.
3. El fin del ciclo de Sánchez abriría una crisis orgánica en el PSOE. La ausencia de un sucesor con autoridad nacional y el vaciamiento de las federaciones anticipan un proceso de reconstrucción prolongado, con Salvador Illa como referente con más capital institucional.
4. Para los inversores, el riesgo político español es de gobernabilidad, no de rumbo macroeconómico. Cualquier Gobierno saliente del 29-N deberá aprobar unos presupuestos tras tres prórrogas consecutivas; la capacidad de hacerlo pesará más sobre la prima de riesgo que el signo del Ejecutivo.
5. Para América Latina, el cambio alteraría la interlocución con Madrid. Un Gobierno del PP con apoyo de Vox reorientaría la política iberoamericana de España hacia una mayor sintonía con los gobiernos de la Argentina, Chile, Ecuador o Colombia y con la agenda hemisférica de Washington, frente a una política exterior que con Sánchez privilegió la autonomía estratégica europea y el distanciamiento de la Casa Blanca.
    

Fuentes y referencias

1. La Moncloa — "Pedro Sánchez anuncia la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre" (5 de octubre de 2026)
2. INE — Encuesta de Población Activa, segundo trimestre de 2026
3. Law&Trends — Sentencia del Tribunal Supremo en el caso Mascarillas (22 de junio de 2026)
4. Al Jazeera — "Spain's Pedro Sanchez announces snap election amid housing crisis" (5 de octubre de 2026)
5. Electomanía — Encuesta 40dB, 5 de octubre de 2026