El mundo después del 11-S: veinticinco años de guerra, poder y desorden global

El 11 de septiembre de 2001 no creó el mundo de 2026, pero alteró profundamente la manera en que los Estados Unidos definen una amenaza, proyecta poder y convierte problemas transnacionales en asuntos de seguridad nacional. Al Qaeda fue degradada, los talibanes regresaron a Kabul, el terrorismo se desplazó hacia África y Asia, China se convirtió en el principal competidor estratégico, Rusia devolvió la guerra convencional a Europa y la lógica antiterrorista terminó alcanzando a los carteles latinoamericanos. El balance de estos veinticinco años habla menos del terrorismo que de los límites del poder estadounidense.

El error más sencillo al evaluar el 11-S es atribuirle todo lo que ocurrió después. El ascenso de China no comenzó en Manhattan; el revisionismo ruso no nació entre las ruinas del Pentágono; la rivalidad entre India y Pakistán es anterior incluso a la Guerra Fría, y la guerra contra las drogas llevaba décadas en marcha cuando Mohamed Atta abordó el vuelo 11.

Pero sería igualmente equivocado reducir el 11-S a un atentado extraordinariamente letal cuyos efectos militares concluyeron en Kabul veinte años después. Su consecuencia verdaderamente duradera fue otra: transformó la concepción estadounidense de la seguridad nacional.

Antes de los atentados, Washington todavía aprendía a administrar el breve momento unipolar que siguió a la desaparición de la Unión Soviética. Después, comenzó a organizar buena parte de su poder alrededor de una premisa distinta: amenazas relativamente pequeñas, transnacionales y aparentemente lejanas podían producir daños estratégicos dentro de su territorio. La respuesta debía, por tanto, anticiparse a ellas, perseguirlas más allá de las fronteras, destruir sus redes financieras y logísticas y difuminar la distinción tradicional entre seguridad exterior, inteligencia, policía, fronteras y finanzas.

De allí surgió algo más importante que la llamada Guerra Global contra el Terrorismo: un nuevo régimen de seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional, creado en 2003, reunió 22 agencias y oficinas federales. La Comisión del 11-S impulsó luego la reorganización de la comunidad de inteligencia y la creación del National Counterterrorism Center. Pocos días después de los atentados, el Congreso aprobó la Authorization for Use of Military Force, que permitió perseguir no solo a Estados sino también a actores no estatales y que, veinticinco años más tarde, sigue jurídicamente vigente pese a numerosos intentos de derogarla.

La transformación fue también internacional. Por primera —y hasta hoy única— vez en su historia, la OTAN invocó el artículo 5 de defensa colectiva. Una alianza concebida para contener ejércitos soviéticos terminó entrando en Afganistán para combatir a una organización terrorista asentada en uno de los países más pobres del planeta.

Allí comienza la paradoja de los veinticinco años siguientes.
 

Una victoria táctica que no produjo una victoria estratégica

Los Estados Unidos consiguieron buena parte de lo que se propuso inmediatamente después del 11-S. Al Qaeda perdió sus santuarios iniciales, gran parte de su dirigencia fue eliminada, Osama bin Laden murió en 2011 y Ayman al-Zawahiri en 2022. El territorio estadounidense no volvió a sufrir un ataque terrorista extranjero remotamente comparable en escala. Desde ese punto de vista, sería absurdo declarar fracasada toda la estrategia antiterrorista.

Pero la guerra contra una organización se convirtió en una empresa mucho más ambiciosa: remodelar Estados, construir instituciones, modificar equilibrios regionales y utilizar la supremacía militar para impedir que las amenazas futuras llegaran a materializarse.

Afganistán ilustra la diferencia. Los Estados Unidos destruyeron el santuario desde el cual Al Qaeda había preparado los atentados, pero veinte años después abandonó el país y los talibanes recuperaron Kabul, donde cinco años más tarde siguen gobernando. Informes de Naciones Unidas sostienen además que Al Qaeda conserva presencia y vínculos con las autoridades de facto, algo que los talibanes niegan.

Iraq fue todavía más trascendental. Saddam Hussein no tuvo participación en el 11-S; sin embargo, la invasión de 2003 difícilmente puede separarse del clima estratégico que este generó. Tras descubrir que una amenaza subestimada podía causar casi 3.000 muertos en su propio territorio, Washington elevó extraordinariamente el costo político de esperar a que las amenazas se materializaran. La prevención terminó convirtiéndose en guerra preventiva.

El resultado fue una guerra que consumió recursos, credibilidad y atención estratégica, desestructuró el equilibrio regional y creó condiciones de las que luego se beneficiarían tanto Irán como las organizaciones yihadistas. Al Qaeda en Iraq sería el antecedente organizacional del Estado Islámico.

Las cifras permiten dimensionar el problema. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown estima en más de ocho billones de dólares los gastos y obligaciones asociados a las guerras posteriores al 11-S, incluidos los costos futuros de atención a veteranos. La cifra puede discutirse metodológicamente; su orden de magnitud estratégico, mucho menos.

La pregunta relevante nunca fue solamente cuántos terroristas eliminaron los Estados Unidos, sino qué obtuvieron a cambio de los recursos financieros, militares, diplomáticos y políticos empleados. Allí el balance resulta mucho más ambiguo.
 

El terrorismo no desapareció: se descentralizó

En 2001 existía un centro de gravedad relativamente reconocible: Al Qaeda, Afganistán y su liderazgo. En 2026 el fenómeno es mucho más fragmentado.

Al Qaeda central es considerablemente más débil, pero sus afiliados continúan operando. Naciones Unidas describe hoy una amenaza terrorista “multipolar”: África occidental, el Sahel, Somalia, Yemen, Afganistán y partes de Asia meridional concentran redes vinculadas tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico. JNIM, afiliado a Al Qaeda, ha extendido su presencia desde Malí, Burkina Faso y Níger hacia los países costeros de África occidental.

El terrorismo perdió buena parte de su capacidad para organizar, desde un único santuario, una operación de la magnitud del 11-S, pero adquirió algo diferente: capilaridad. Se incrustó en guerras civiles, territorios débilmente gobernados, economías criminales y conflictos locales. La guerra contra el terrorismo logró destruir organizaciones; no logró eliminar las condiciones políticas que permiten regenerarlas.

Esa diferencia explica por qué, en 2026, el terrorismo sigue siendo una amenaza, pero ya no el eje organizador de la estrategia estadounidense. La National Defense Strategy de 2026 coloca la defensa del territorio propio y la disuasión de China en el Indo-Pacífico por encima de la campaña antiterrorista global. Rusia aparece como una amenaza persistente, pero manejable para Europa; el terrorismo islamista continúa bajo vigilancia —particularmente cuando posee capacidad e intención de atacar a los Estados Unidos—, pero ha dejado de ocupar el centro del tablero.

Ese cambio es quizá la evidencia más clara de que la era estratégica inaugurada el 11-S ha terminado. Lo que no terminó fueron sus instrumentos.
 

China: el costo de oportunidad de veinte años

Atribuir el ascenso chino al 11-S sería historiográficamente indefendible: China habría crecido con o sin las guerras de Afganistán e Iraq. Pero la estrategia también consiste en elegir dónde colocar atención, capital político, recursos militares y capacidad burocrática.

Mientras los Estados Unidos dedicaban dos décadas a la contrainsurgencia y la reconstrucción estatal en Oriente Medio y Asia Central, China desarrollaba fuerzas de misiles, poder naval, industria tecnológica, infraestructura global y cadenas de suministro capaces de alterar el equilibrio del Indo-Pacífico. Ese es el verdadero vínculo entre 2001 y 2026: no una relación causal, sino un costo de oportunidad estratégico.

Hoy el Pentágono considera a China el competidor más importante para su planificación militar. Taiwán ya no es simplemente un problema territorial asiático: es a la vez un punto potencial de confrontación militar y uno de los centros neurálgicos de la producción mundial de semiconductores. En 2026, Taipéi utiliza abiertamente su capacidad tecnológica como instrumento diplomático, mientras los EE.UU. y sus socios intentan dispersar geográficamente la producción crítica.

Esto marca otra transición decisiva. En 2001, la principal vulnerabilidad imaginada era un terrorista abordando un avión. En 2026 puede ser un semiconductor que no llega, un cable submarino saboteado, un satélite inutilizado, una red eléctrica atacada, una cadena logística interrumpida o una planta industrial situada dentro del radio de alcance de misiles enemigos.

La seguridad nacional dejó de ser exclusivamente militar: se volvió industrial, tecnológica y geoeconómica.
 

Rusia: de la guerra expedicionaria al regreso de la guerra territorial

La trayectoria de la OTAN resume casi a la perfección estos veinticinco años. La única invocación del artículo 5 en su historia respondió al 11-S, y durante los años siguientes la Alianza desarrolló operaciones fuera de su espacio tradicional, especialmente en Afganistán. En 2026, su principal preocupación vuelve a ser aquello para lo cual fue creada: impedir una guerra convencional contra territorio aliado.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 devolvió a Europa las operaciones militares de alta intensidad, las trincheras, la artillería, los misiles, los drones, la movilización industrial y la disuasión nuclear. Al cumplirse el aniversario, la guerra continúa con frentes relativamente estancados y ataques de largo alcance contra la infraestructura de ambos países.

Pero la guerra de Ucrania contiene también elementos de la época posterior al 11-S: inteligencia ubicua, drones, operaciones especiales, sanciones financieras, guerra cibernética y ataques contra infraestructura crítica. El adversario cambió; parte del repertorio permaneció. De manera casi irónica, Washington pasó dos décadas perfeccionando instrumentos para combatir redes terroristas y terminó empleando algunos de ellos en una competencia mucho más antigua: la rivalidad entre Estados.
 

De congelar cuentas de Al Qaeda a convertir las finanzas en campo de batalla

Aquí surge la herencia geoeconómica más importante —y menos visible— del 11-S.

Pocas semanas después de los atentados, los Estados Unidos comenzaron a construir un sistema mucho más sofisticado para rastrear dinero, congelar activos e identificar redes financieras. El Tesoro desarrolló capacidades específicas de inteligencia financiera; el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) amplió los estándares internacionales contra la financiación del terrorismo, y bancos de numerosos países asumieron obligaciones de identificación, reporte y control antes mucho más limitadas.

Esas instituciones nacieron o se expandieron para perseguir terroristas, pero demostraron algo de mayor alcance: la infraestructura financiera global podía convertirse en un instrumento de poder estratégico. Veinticinco años después, las sanciones, el congelamiento de activos, los controles de exportación, las restricciones tecnológicas y el acceso a los sistemas financieros son herramientas rutinarias de la competencia internacional.

No existe una línea jurídica directa entre perseguir las cuentas de Al Qaeda y sancionar a Rusia, Irán o empresas vinculadas a tecnologías chinas. Sí existe una continuidad institucional: después del 11-S, Washington aprendió a tratar los flujos financieros como terreno operacional. La geoeconomía pasó a formar parte del arsenal.
 

India y Pakistán: cuando el terrorismo puede encender una guerra entre potencias nucleares

El sur de Asia ofrece otra lección. El conflicto entre India y Pakistán precede ampliamente al 11-S, pero la interacción entre terrorismo, actores no estatales y disuasión nuclear lo mantiene como uno de los puntos más peligrosos del sistema internacional.

En abril de 2025, el asesinato de 26 turistas en Cachemira desencadenó una crisis que derivó en cuatro días de enfrentamientos, con empleo de misiles, aviación y drones a una escala sin precedentes recientes. El conflicto llegó a generar inquietud sobre los mecanismos nucleares pakistaníes antes de que se alcanzara un alto el fuego que, en 2026, se mantiene, aunque las disputas estructurales persisten.

Aquí retorna una de las enseñanzas esenciales del 11-S: un actor no estatal puede producir consecuencias que exceden enormemente su propio poder material. Diecinueve secuestradores modificaron la política internacional durante una generación; un atentado en Cachemira puede enfrentar a dos potencias nucleares. La asimetría fundamental del terrorismo nunca residió en su capacidad destructiva absoluta, sino en su capacidad para inducir a los Estados a reaccionar.
 

Y entonces aparece el narcotráfico

Se impone aquí una precisión histórica. La guerra estadounidense contra las drogas no nació del 11-S. El Plan Colombia fue diseñado antes de los atentados: en julio de 2000, Washington ya financiaba en su marco operaciones antinarcóticos, unidades militares colombianas y helicópteros.

Lo que cambió después de septiembre de 2001 fue la frontera conceptual entre narcotráfico y terrorismo. En 2002, la administración Bush solicitó —y el Congreso autorizó— que los recursos destinados a la lucha antinarcóticos en Colombia pudieran utilizarse en una campaña unificada contra el narcotráfico y las organizaciones consideradas terroristas. La convergencia entre financiación criminal, insurgencia y terrorismo dejó de ser una hipótesis académica para convertirse en política pública.

Veinticuatro años después, esa convergencia ha llegado mucho más lejos. Desde 2025, los Estados Unidos designaron a cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras. La National Drug Control Strategy de 2026 emplea explícitamente el término “narcoterroristas”, y la National Defense Strategy de este año afirma que el Pentágono debe ofrecer al presidente opciones militares creíbles contra ellos.

Este es probablemente uno de los desarrollos más relevantes para América Latina: la gramática surgida tras el 11-S regresa al hemisferio occidental. Primero fue Al Qaeda; después, sus “fuerzas asociadas”; ahora pueden ser carteles, redes de fentanilo y organizaciones criminales transnacionales.

Desde una perspectiva operacional, la evolución tiene lógica: algunas organizaciones criminales poseen ejércitos privados, drones, explosivos, control territorial, redes financieras internacionales y capacidad para desafiar al Estado. Pero desde una perspectiva institucional el peligro es evidente: si toda organización extremadamente violenta se convierte en organización terrorista, la categoría deja de describir una modalidad específica de violencia política y comienza a funcionar como mecanismo para expandir las herramientas excepcionales del Estado.

La diferencia no es semántica. Afecta la jurisdicción, la soberanía, la inteligencia, las sanciones y, potencialmente, las condiciones bajo las cuales puede utilizarse la fuerza militar. Una de las lecciones menos aprendidas del 11-S es, precisamente, que las categorías creadas durante las emergencias tienden a sobrevivirlas.
 

El Oriente Medio que no terminó

Veinticinco años después, los Estados Unidos tampoco lograron desentenderse estratégicamente de Oriente Medio. El régimen de Bashar al-Assad cayó en 2024 y, en agosto de 2026, Washington retiró a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una transformación difícil de imaginar pocos años atrás. Pero el sistema regional continúa produciendo conflictos.

El aniversario llega, además, en una circunstancia particularmente incómoda: en 2026, los EE.UU. están nuevamente involucrado en una campaña militar contra Irán. Las hostilidades han afectado las rutas energéticas y marítimas en torno a Ormuz y el mar Rojo, mientras los hutíes aumentan la presión sobre Bab el-Mandeb.

La tecnología de la guerra ha cambiado y, por ahora, no hay ocupaciones terrestres comparables a las de Iraq o Afganistán. El problema estratégico, sin embargo, resulta familiar: es relativamente sencillo iniciar una operación militar cuando se dispone de superioridad de fuego, pero mucho más difícil definir la condición política que permita terminarla. Esa es quizá la lección más costosa de las guerras posteriores al 11-S.
 

El mundo de 2026

El mapa resultante es extraordinariamente distinto del que observaba Washington aquella mañana de 2001. Los Estados Unidos ya no enfrentan un sistema internacional organizado primordialmente alrededor de la amenaza yihadista, sino, de manera simultánea, una competencia sistémica con China, una Rusia militarmente revisionista, proliferación nuclear y misilística en Asia, conflictos en Oriente Medio, terrorismo descentralizado en África y Asia, organizaciones criminales militarizadas en el hemisferio occidental, vulnerabilidades cibernéticas, disputas por las cadenas de suministro y una economía mundial tratada cada vez más como espacio de competencia estratégica.

La propia estrategia estadounidense reconoce ese cambio. La National Security Strategy de 2025 y la National Defense Strategy de 2026 se distancian explícitamente de la pretensión de resolver todos los problemas internacionales y vuelven a situar la priorización, el equilibrio de poder, el hemisferio occidental y China en el centro del cálculo estratégico. En cierto sentido, eso representa una rectificación de la era posterior al 11-S.

Pero solo parcial. La política exterior norteamericana dejó atrás la Guerra Global contra el Terror, pero conserva buena parte de la maquinaria que aquella produjo: vigilancia, operaciones remotas, fuerzas especiales, inteligencia financiera, listas de designación, sanciones extraterritoriales, integración de fronteras y seguridad nacional, amplios poderes ejecutivos y la tendencia a interpretar los problemas transnacionales mediante categorías de seguridad.

Al Qaeda perdió la mayor parte de la guerra que inició. Los Estados Unidos tampoco ganaron exactamente la guerra que decidió librar.
 

La verdadera conclusión del 11-S

Veinticinco años después, preguntarse quién ganó resulta demasiado rudimentario.

Al Qaeda no consiguió destruir a los EE.UU, expulsarlos del sistema internacional ni construir el orden político que pretendía. Su liderazgo central fue devastado y su capacidad operacional, enormemente reducida.

Washington, en cambio, logró proteger mucho mejor su territorio y desarrollar una formidable capacidad para localizar, vigilar, desfinanciar y eliminar amenazas transnacionales. Pero pagó por ello un precio estratégico inmenso.

Dos décadas de atención militar se consumieron mientras el sistema internacional abandonaba silenciosamente la unipolaridad. China adquirió una dimensión estratégica que no tenía en 2001; Rusia recuperó la capacidad de alterar militarmente las fronteras europeas; Oriente Medio siguió siendo un consumidor formidable de poder estadounidense; el terrorismo sobrevivió transformándose, y el aparato de excepción construido tras el 11-S se volvió parte permanente del Estado.

Por eso, el gran legado del 11 de septiembre no son Afganistán ni Iraq: es una manera de pensar. Los atentados convencieron a los EE.UU. de que ninguna amenaza distante podía considerarse realmente distante y de que la prevención justificaba extender el perímetro de la seguridad prácticamente a cualquier lugar donde pudiera originarse un riesgo.

En 2026, el enemigo prioritario ya no es el mismo. Puede llamarse China, Rusia, ciberataque, fentanilo, cartel, semiconductor o cadena de suministro. La lógica, en cambio, permanece.

Allí reside la enseñanza estratégica fundamental de estos veinticinco años: el poder de un adversario no debe medirse únicamente por el daño que puede infligir, sino también por la reacción que puede provocar.

Los diecinueve terroristas del 11-S causaron una tragedia inmensa, pero su mayor efecto geopolítico comenzó cuando terminaron los ataques: lograron que la principal potencia mundial reorganizara, durante una generación, buena parte de su estrategia, sus instituciones y sus prioridades en torno a ellos.

La obligación de una gran potencia no es únicamente derrotar a quien la ataca, sino hacerlo sin permitir que ese ataque altere sus prioridades, sus instituciones y su forma de ejercer el poder al punto de terminar viviendo, durante décadas, bajo la lógica impuesta por su propio enemigo.