En defensa de una universidad privada, competitiva y libre

I. La marcha no fue solo universitaria

Antes de discutir si la universidad pública merece defensa irrestricta, conviene repasar quiénes marcharon el martes 12 de mayo.

La convocatoria fue encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

El gobernador Axel Kicillof estuvo presente junto a Jorge Taiana, Victoria Tolosa Paz, Manuela Castañeira y una columna entera organizada desde la UCR. El triunvirato de la CGT anunció su adhesión. La UTEP, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores tuvieron sus propias concentraciones articuladas.
 

Los sindicatos docentes y no docentes, las centrales obreras, los movimientos sociales, los partidos de izquierda y el peronismo en sus múltiples variantes confluyeron en un acto cuya agenda excedía la cuestión presupuestaria. Es el resultado inevitable de un sistema que fusionó la universidad con la política, el financiamiento con la militancia, y la gestión académica con la disputa partidaria.

 

II. El precio oculto de la gratuidad

La universidad pública argentina es 'gratis'. Eso, en el imaginario colectivo, la convierte en democrática, igualitaria y justa. Rara vez se discute lo que la gratuidad implica como sistema de incentivos, como mecanismo de asignación de recursos, y como estructura de poder.

 

El problema del cálculo económico aplicado a la educación

Friedrich Hayek lo explicó el siglo pasado: sin precios, no hay señales, y sin señales, no hay coordinación eficiente. Cuando el Estado financia la totalidad de la oferta universitaria con fondos públicos, elimina el mecanismo de retroalimentación entre demanda y oferta educativa. ¿Cómo sabe el Estado cuántas universidades construir ¿Cómo decide qué carreras ofrecer? ¿A cuántos alumnos incluir?

El resultado es previsible: sobreinversión en carreras con bajo retorno económico, subinversión en ingenierías y ciencias exactas, proliferación de titulaciones dudosas y una tasa de graduados que expone al sistema.

La universidad argentina financia, por ejemplo, licenciaturas en 'Artes del Circo'. La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) ofrece una Licenciatura en Artes Escénicas con focalización en 'Artes Circenses', creada en 2014. La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) tiene su propia licenciatura en 'Artes del Circo', de cuatro años, con materias como Acrobacia, Malabares y Biomecánica. Ambas son públicas y gratuitas.

Aquí no está en discusión el valor artístico del circo, pero sí merece discutirse si el contribuyente de Santiago del Estero o de Chaco deba solventar cuatro años de malabares académicos en el Conurbano bonaerense.

Este no es un caso aislado. El sistema ofrece licenciaturas en Tango, Folklore, en Títeres, y una proliferación de carreras sociales y humanísticas que absorben matrícula sin producir graduados empleables. El dato lo da el propio Ministerio de Educación: el 33,3% de los estudiantes universitarios elige Ciencias Sociales.

 

La fábrica de estudiantes eternos

Según datos de la Secretaría Académica de la UBA, la tasa de egreso sobre los ingresantes al CBC era apenas del 33%. Un sistema que retiene masivamente sin graduar no es un mecanismo eficiente de movilidad social, sino una fábrica de matrículas cautivas que justifican presupuesto sin producir resultados materiales.

Un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano señala que el país tiene más estudiantes universitarios por habitante que Brasil y Chile —557 por cada 10.000 contra 408 y 355, respectivamente— pero produce comparativamente menos graduados. Las carreras que deberían cursarse en cinco o seis años se estiran, en promedio, a más de nueve en las universidades nacionales. El estudiante promedio tarda un 60% más de lo previsto.

¿Quién paga ese tiempo extra? El contribuyente. Porque no hay costo para el alumno, no hay urgencia para terminar, no hay incentivos para ser eficiente con el recurso educativo que otro está financiando.

La comparación con Brasil y Chile es por demás reveladora. Ambos países tienen o sistemas con aranceles o mecanismos de selección más rigurosos en sus universidades públicas, además de una significativa participación del sector privado. Sus tasas de graduación son superiores.

 

El dilema del estudiante extranjero

Cerca de 80 mil estudiantes extranjeros cursan carreras de grado en universidades públicas argentinas. Representan el 4,3% de la matrícula total. En la UBA, ese porcentaje se duplica: un 9,5% de los alumnos de grado proviene del exterior y en la Facultad de Medicina llegan al 23%.

La discusión no debe confundirse con xenofobia: la discusión es estrictamente fiscal. Esos estudiantes no tributan en la Argentina —o lo hacen de manera marginal—, no contribuyeron al fondo común que financia la universidad. Chile cobra a sus estudiantes universitarios alrededor de USD 8.500 anuales en matrícula. Bolivia cobra entre USD 3.000 y USD 5.000 a extranjeros. La Argentina sencillamente regala el servicio.

Si la UBA les cobrara a sus 20.000 estudiantes extranjeros una matrícula simbólica de USD 1.000 anuales, recaudaría unos USD 20 millones adicionales para la institución. En lugar de eso, la universidad exige recursos al Estado y los rectores se niegan a aplicar cualquier diferenciación arancelaria, porque hacerlo implicaría reconocer que el servicio tiene un costo y que ese costo puede ser transferido, al menos parcialmente, a quien lo consume.

 

 

III. El mito de la movilidad social

El argumento más potente en defensa de la universidad pública es el de la movilidad social. La narrativa es conocida: el hijo del obrero de Tucumán puede convertirse en médico gracias a que la universidad es gratis. El argumento conmueve, pero no describe la realidad.

Según el último informe de la ACIJ y datos del Centro de Estudios de la Educación Argentina, solo el 20% de los argentinos son graduados universitarios. El sistema que estableció la gratuidad universal existe desde 1949. Setenta y cinco años después, cuatro de cada cinco argentinos no tienen título universitario.

Además, la tasa de acceso y graduación universitaria tiene una geografía brutalmente concentrada en CABA y el Gran Buenos Aires. Las provincias del norte —Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca— y las mesopotámicas presentan tasas de acceso, permanencia y graduación universitaria muy inferiores al promedio nacional, con algunas de las brechas más pronunciadas del país.

El habitante de Formosa que quiere estudiar medicina tiene que mudarse, pagar un alquiler, comida y transporte en una ciudad donde no tiene red familiar. La gratuidad del arancel no resuelve el costo de vida. La política de ingreso irrestricto no resuelve el déficit educativo acumulado. El título en Buenos Aires no le devuelve los años que tardará en recibirse ni le garantiza trabajo en su provincia de origen, que tiene un mercado laboral dominado por el empleo público.

 

El filtro invisible

El sistema universitario argentino tiene un filtro que no es arancelario, sino socioeconómico y geográfico. Quienes llegan a graduarse en la UBA no son, mayoritariamente, los hijos de los sectores más vulnerables. Son estudiantes de clase media con capital cultural acumulado, que pueden pagar el costo de oportunidad de estudiar cinco, seis o diez años, que tienen red familiar en Buenos Aires o que pueden sostener el proceso sin necesidad de trabajar tiempo completo.

Un estudio del CEA muestra que entre 2006 y 2017, a pesar del crecimiento de la matrícula universitaria, casi no hubo cambios en la proporción de argentinos con educación superior completa. La universidad se llenó de ingresantes que no se recibieron. Chile, con un sistema arancelado y con becas focalizadas, aumentó esa proporción en 14 puntos porcentuales en el mismo período.

El argumento de la movilidad social pide que se evalúe el sistema por sus intenciones. La evidencia pide evaluarlo por sus resultados.

 

IV. Los gobiernos que sí 'defendían' la universidad

Otro de los argumentos más frecuentes del debate es el contraste entre los gobiernos anteriores, 'que sí cuidaban la universidad'. El peronismo construyó nuevas en el Conurbano, distribuyó el financiamiento y expandió la matrícula.

Pero no se menciona que esos mismos gobiernos construyeron un entorno de regulaciones híper restrictivo para la creación de nuevas universidades privadas.

 

La CONEAU como barrera de entrada

Desde 1996 hasta la fecha, la CONEAU evaluó 142 solicitudes de autorización provisoria para nuevas instituciones universitarias privadas. Solo 28 obtuvieron recomendación favorable: el 19,4% del total.

¿Qué evalúa la CONEAU? Infraestructura, cuerpo docente, plan de estudios, recursos financieros, pertinencia regional. Todo parámetro definido por el mismo Estado que gestiona las universidades públicas.
 

¿Puede alguien crear una universidad con enfoque liberal, orientada al mercado, con incentivos para graduarse rápido y vincularse al sector privado? En teoría, sí. En la práctica, el proceso es tan largo, costoso y sujeto a la discrecionalidad burocrática que funciona como una barrera de entrada efectiva.

El resultado es que el 80% de la matrícula universitaria argentina está en instituciones estatales. El 20% restante tiene estructuras que replican a las públicas porque operan bajo las mismas regulaciones. No hay competencia real. No hay presión para la eficiencia. No hay señal de precios que discipline la oferta.

 

La universidad politizada por diseño

La gran mayoría de universidades funciona como centro de militancia política activa, con agrupaciones organizadas, docentes incorporados a través de redes clientelares, y con una relación con el financiamiento estatal que las hace políticamente dependientes de quien gobierna la Nación.

La universidad no es políticamente neutral. Contabiliza agrupaciones estudiantiles ligadas a partidos (La Cámpora, Franja Morada, La Corriente, el Partido Obrero, MST, entre decenas más). Tiene sindicatos docentes (CONADU, FATUN, FEDUN) que son actores políticos activos..

 

V. El modelo del mundo

Si la universidad gratis, masiva y estatal fuera la fórmula del éxito educativo, los países con esas características deberían dominar los rankings mundiales de excelencia académica, producción científica y generación de Nobel. 

 

Las universidades que lideran el mundo

El Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) lidera el QS World University Rankings por decimocuarto año consecutivo. Es una universidad privada. Stanford, que viene inmediatamente después, es privada. Harvard, con más de 161 premios Nobel vinculados a su historia y el mayor presupuesto académico del planeta, es privada. Caltech, Chicago, Columbia, Princeton, Yale: todas privadas. La Ivy League no es un accidente del sistema educativo norteamericano; es su núcleo de excelencia construido sobre competencia, aranceles, selección rigurosa y financiamiento privado.

Oxford y Cambridge son públicas, pero no son gratis. Un estudiante británico paga alrededor de £9.250 anuales en matrícula. ETH Zürich es pública y comparativamente accesible, pero Suiza tiene un riguroso sistema de rendición de cuentas institucional. UC Berkeley, la mejor universidad pública de los Estados Unidos, cobra más de USD 14.000 anuales a sus estudiantes locales.

El patrón es consistente a nivel global. Las instituciones que producen más investigación, más premios Nobel y más graduados con alta empleabilidad operan con aranceles, selección por mérito y mecanismos de accountability hacia quien financia. 

 

El modelo nórdico tampoco es como el nuestro

Suele invocarse el caso de los países nórdicos para defender la educación gratis, pero el argumento tiene un problema de contexto. Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia tienen sistemas universitarios con requisitos de admisión, ratios estudiante-docente muy inferiores a los argentinos, mecanismos de evaluación institucional independientes y mercados laborales que absorben rápidamente a los graduados. Además, en Suecia y Dinamarca las universidades son gratis para ciudadanos europeos, pero cobran aranceles a estudiantes de fuera de la UE.

La comparación con el modelo nórdico implica tomar la gratuidad y dejar el resto: el examen de admisión, el control de calidad, la responsabilidad fiscal, la vinculación con el mercado. 

 

Singapur, la otra alternativa 

La Universidad Nacional de Singapur (NUS) está en el top 10 mundial. Singapur tiene un sistema universitario con aranceles subsidiados por el gobierno, pero no sin costo. Tiene requisitos de admisión selectivos y una orientación curricular alineada con las necesidades de su economía. El resultado es una ciudad-Estado sin recursos naturales que produce más ingenieros y científicos por habitante que cualquier país latinoamericano, y con una de las tasas de empleo de graduados más altas del mundo.

El modelo no es gratuidad universal, es acceso financiado con becas para quienes no pueden pagar, combinado con aranceles para quienes pueden, y un sistema de selección que garantiza que quien ingresa termine.

 

 

VI. ¿Es justo que otro pague tu educación?

 

El problema de la externalización del costo

En el sistema universitario argentino, el costo de la educación superior es pagado por todos los contribuyentes, incluidos aquellos que no fueron a la universidad, que no pudieron ir, o que no quisieron ir. El taxista que trabaja doce horas diarias financia la carrera de quien estudia filosofía durante diez años. El empleado de comercio en Corrientes paga impuestos que sostienen la licenciatura en Artes del Circo de un joven del Conurbano.

¿Por qué es justo que otro pague tu educación? La respuesta habitual apela a las externalidades positivas. El graduado universitario produce beneficios para la sociedad, innova, paga más impuestos, aporta al sistema de salud. El argumento tiene validez parcial, pero también sus límites. No toda educación produce esas externalidades, no todo graduado se queda en el país para devolver esos beneficios, y el financiamiento colectivo de la educación superior beneficia desproporcionadamente a los sectores medios urbanos que son quienes, en la práctica, la aprovechan.

Milton Friedman ya señaló esta paradoja en los años sesenta. La educación superior financiada con impuestos generales es, en realidad, una transferencia regresiva de ingresos. Los pobres que no van a la universidad financian la carrera de los que sí van.

 

El derecho a estudiar no implica el derecho a que otro pague

Existe una distinción filosófica fundamental que el debate debería incluir. El derecho a educarse y el derecho a que el Estado financie esa educación son cosas diferentes. Nadie en Argentina le impide al otro estudiar. El debate es sobre quién lo paga.

Un sistema con créditos educativos, con becas, aranceles según ingresos y mecanismos de repago diferido —como el Income Contingent Loan que existe en Australia desde los años ochenta— puede garantizar el acceso universal sin externalizar el costo al contribuyente no-universitario. El graduado, que se beneficia directamente de su educación con mayores ingresos, devuelve gradualmente el costo de esa inversión cuando su salario lo permite.

 

El tiempo como recurso público

El sistema argentino no tiene mecanismo de sanción para el estudiante eterno. Quien ingresa a la UBA a los dieciocho años y sigue cursando materias a los treinta y cinco está consumiendo recursos docentes, infraestructura y financiamiento estatal sin ninguna contraprestación. No paga arancel, no enfrenta ningún límite temporal, no rinde cuentas ante nadie.

El sistema privado tiene un mecanismo simple y brutal de corrección: el costo. Si estudias más de lo previsto, pagas más. El incentivo para terminar es parte constitutiva del diseño. En el sistema argentino, ese incentivo no existe.

¿Por qué debería haber un límite al consumo de un bien público financiado con impuestos? Por la misma razón que existe un límite al subsidio de transporte, al plan social o a cualquier transferencia del Estado: los recursos son escasos y tienen usos alternativos. Cada año adicional que un estudiante no termina su carrera es un año de recursos que no van a infraestructura hospitalaria, a escuelas primarias o a ciencia aplicada.

 

VII. La universidad que la Argentina necesita 

El debate universitario en Argentina está capturado por una falsa dicotomía. La universidad es pública y gratis tal como existe o el gobierno la quiere destruir. No hay espacio para una tercera posición. Como una universidad libre, competitiva, con diversos modelos de financiamiento, rendición de cuentas y una relación honesta entre quien produce el servicio y quien lo consume.

La Argentina necesita desmonopolizar sus universidades. Necesita un sistema que cree instituciones sin pasar por un filtro burocrático con una tasa de aprobación del 19,4%. Donde las públicas compitan por estudiantes en lugar de captarlos por default. Donde el financiamiento esté ligado a resultados medibles: tasa de graduación, inserción laboral, producción científica, relevancia curricular. 

La marcha del 12 de mayo fue una defensa de un contaminado statu quo. De un sistema que lleva setenta y cinco años prometiendo movilidad social y entregando masificación sin calidad, politización sin debate, y gratuidad cuyo costo invisible lo pagan, como siempre, aquellos que menos tienen.