Otra marcha más, y van...
La CGT volvió a Plaza de Mayo. Banderas, bombos y columnas que bajan desde el conurbano bonaerense...
La CGT volvió a Plaza de Mayo. Banderas, bombos y columnas que bajan desde el conurbano bonaerense; un documento leído al pie del escenario: 'derechos', 'ajuste', 'precarización'. La liturgia es conocida.
De la reiteración surgen incógnitas, y las primeras son recurrentes: ¿para qué otra marcha? ¿Qué pretenden los sindicalistas? ¿A quiénes representan? ¿Cuánto tiempo -acaso décadas- llevan estas personas conduciendo sus gremios?
Los dueños vitalicios
Amadeo Genta conduce el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTEBA) desde 1983. Luis Barrionuevo lleva 39 años al frente de los gastronómicos. Rodolfo Daer, lo mismo en Alimentación. Armando Cavalieri, en Comercio, acumula 38 años en el cargo. José Luis Lingeri, en Obras Sanitarias (hoy, Aguas Argentinas), también lleva 38 años. Hugo Moyano, patriarca del clan camionero, los regentea desde hace casi cuatro décadas.
Al menos trece dirigentes sindicales llevan treinta o más años al frente de sus gremios. Dicha permanencia se explica, en gran medida, por su acercamiento a los gobiernos peronistas, que históricamente evitaron romper con el statu quo a cambio de apoyo, gobernabilidad y 'paz social'. En ningún otro sector de la vida institucional argentina se tolera semejante longevidad. Pero, en el sindicalismo, la eternidad es un derecho adquirido.
La legislación nacional no prohíbe la perpetuidad en los cargos sindicales y desalienta la conformación de listas opositoras, en un sistema conocido como el 'imperio de la lista única'. Es más fácil llegar a la presidencia de la Nación que a secretario general de un sindicato. Las estructuras están diseñadas para que siempre gane el oficialismo gremial. No hay alternancia ni competencia.
El negocio del sindicalismo
La marcha de esta semana nada tuvo de gratuita. Los diez principales gremios del país recaudan cada año unos US$ 685 millones en concepto de descuentos aplicados sobre los salarios formales, incluso de trabajadores no afiliados, según un estudio de la consultora Zentrix. El flujo económico surge de los trabajadores encuadrados en los principales convenios: comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y luz y fuerza, con un promedio anualizado de 327 mil pesos por cada empleado asalariado.
A efectos de dimensionar ese monto basta una comparación: el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025 fue de AR$ 334.800, apenas AR$ 7.800 por encima de lo que un trabajador promedio aporta compulsivamente a su sindicato durante un año. Casi un mes completo de salario mínimo se destina obligatoriamente al financiamiento sindical
Lo remarcable es que el trabajador no tiene opción. La combinación de un sindicato único con personería por actividad, convenios colectivos con alcance general y aportes obligatorios aplicados incluso a trabajadores no afiliados configuran un esquema que prácticamente no tiene equivalentes en el mundo desarrollado. El trabajador no puede elegir representación alternativa ni evitar los descuentos, aun cuando no adhiera al gremio.
El costo de 'proteger' al trabajador
La CGT salió a las calles para defender la regulación laboral argentina frente a la reforma de Milei. Lo llaman 'derechos'. Aunque más bien cabría llamarle informalidad estructural.
La Argentina cerró el año 2025 con una tasa de informalidad laboral del 43% de la población ocupada, equivalente a unas 9,2 millones de personas, de acuerdo a cifras del INDEC. Los jóvenes de hasta 29 años presentan la mayor proporción, con un 58,4%. Esos 9 millones de trabajadores no tienen aguinaldo, obra social ni aportes jubilatorios. Pero sí tienen, en muchos casos, el privilegio de no pagar la cuota solidaria. La protección que el sindicalismo alega defender llega, paradójicamente, sólo al 57% del universo laboral
El marco regulatorio laboral del país —indemnizaciones de un mes de sueldo por año trabajado, estabilidad sindical blindada, convenios colectivos que rara vez se flexibilizan a la baja aunque la empresa quiebre— tiene un efecto directo: el empleador que puede evitar registrar a un trabajador, lo evita. No por maldad, sino por supervivencia. El costo de contratar formalmente incluye cargas sociales, aportes patronales, riesgo de juicio laboral y una indemnización que puede hundir una pyme si llega en el momento equivocado.
El trabajo en negro no es un accidente: es la respuesta racional de un mercado que enfrenta un marco regulatorio diseñado para empresas grandes que nunca quiebran.
Cada trabajador informal es también un aportante menos al sistema jubilatorio. La persistencia de un 43% de informalidad implica consecuencias directas tanto para los trabajadores como para el Estado, en forma de menor recaudación y debilitamiento del sistema previsional. La paradoja es brutal: el sistema sindical, que dice defender la jubilación de los trabajadores, produce por su propia rigidez el ejército de informales que no aporta al sistema. Luego, se manifiesta para exigir que el Estado financie lo que sus propias estructuras contribuyen a destruir.
Lo que el otro modelo muestra
Mientras en el concierto local se debate si acaso será hora de reducir las cuotas solidarias del 3% al 2%, en naciones del concierto occidental, las reglas laborales son ostensiblemente más cristalinas. En los Estados Unidos, la doctrina del employment at will permite disolver un vínculo laboral sin causa y sin indemnización, salvo que exista contrato específico o protección antidiscriminatoria. En el Reino Unido, las indemnizaciones existen, pero están acotadas a un tope legal bajo. En Nueva Zelanda y Australia, los marcos laborales son negociados empresa por empresa, con sindicatos que compiten entre sí por afiliar trabajadores, y que si no los convencen, no cobran.
El resultado no es la esclavitud, sino mercados de trabajo dinámicos, con menor desempleo estructural, mayor movilidad laboral y, en varios de esos países, mayor sindicalización real -porque los trabajadores eligen afiliarse sin que nadie los obligue. En Brasil, la reforma laboral de 2017 convirtió el impuesto sindical en una contribución optativa. ¿El resultado? Los sindicatos que no servían perdieron afiliados y recursos de inmediato. Competencia. Incentivos. Libertad para elegir.
La marcha como negocio político
La convocatoria de hoy fue la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada desde el inicio de la gestión de Milei. Cada marcha les cuesta a sus propios representados. Trabajadores que pierden el día, empresas que paran actividades, ciudadanos que no pueden circular. El costo lo paga siempre el mismo: el que trabaja en el sector privado registrado y financia con sus aportes tanto al Estado como al gremio que hoy lo llevó a desfilar.
Los datos del Monitor de Opinión Pública de Zentrix de noviembre de 2025 muestran que el 64% de la población declara tener una imagen negativa de los sindicatos, mientras que solo el 15,2% expresa una imagen positiva. La brecha entre la representación formal y la percepción ciudadana es enorme. La mayoría asocia a los gremios con estructuras cerradas, escasa transparencia y liderazgos que permanecen décadas en el poder.
La CGT marcha, amenaza con paro general, negocia y vuelve a marchar. La informalidad sube. La desocupación sube. Los dirigentes permanecen. Tienen sus obras sociales, sus hoteles sindicales, sus columnas de afiliados y su cuota solidaria asegurada por ley. ¿Qué no tienen? Un solo indicador que demuestre que el modelo que defienden representó beneficios tangibles para el trabajador argentino.
Otra marcha más. Y van...
Lautaro Bonino es Licenciado en periodismo (UP) con posgrado en Economía y Ciencia Política (UCEMA).