Sin justicia, no hay país

 

La Argentina no padece únicamente un problema económico; adolece, antes que nada, de un problema institucional. No hablo de un déficit técnico ni de falta de recursos, sino de una degradación sistemática del Poder Judicial que, lejos de actuar como garante del orden legal, funciona como un actor político más. Un actor que demora, protege, selecciona y encubre.

La consecuencia es directa: sin justicia no hay propiedad, sin propiedad no hay inversión, y sin inversión no hay desarrollo.

 

La justicia como sistema de administración de tiempos

En la Argentina, la justicia no falla, administra tiempos. Las causas no avanzan o lo hacen según las conveniencias. Los expedientes no son un instrumento de verdad, sino una herramienta de negociación.

El caso del ex senador Edgardo Kueider es ilustrativo. Mientras sus socios y colaboradores enfrentan graves cargos -lavado de activos, falsificación de balances, adulteración de documentos públicos—, su situación permanece empantanada en instancias superiores.

Este patrón se repite en causas sensibles: desde las vinculadas al sistema SIRA, hasta las irregularidades en la Aduana durante la gestión de Alberto Fernández. El mecanismo de control de importaciones y el funcionamiento del CEPO tienen expedientes que involucran a Sergio Massa, Silvina Batakis, Matías Tombolini y Florencia Misrahi. Pocos artículos encontrará el lector sobre estos casos.

 

La ley como herramienta selectiva

La aplicación desigual de la ley erosiona cualquier noción de justicia. Lo que para el ciudadano común son trámites kafkianos, juicios laborales eternos y reincidentes, para la política son fallos a medida.

Un dirigente político en Tucumán le fractura la nariz de un cabezazo a un diputado de La Libertad Avanza, Federico Pelli, y recibe prisión domiciliaria. El hecho no es menor: implica una agresión directa contra un representante institucional. Sin embargo, la respuesta judicial fue indulgente.
 

En paralelo, comunidades organizadas pueden ocupar tierras privadas durante años, bajo la cobertura de causas judiciales eternas. El caso de la agrupación mapuche Cayunao en Río Negro, acusada de usurpación y hurto, es apenas uno de tantos conflictos donde la propiedad privada queda subordinada a disputas ideológicas o a la inacción judicial.

El derecho de propiedad deja de ser un principio para convertirse en una variable.

 

La inseguridad jurídica como política económica

No hay inversión sin previsibilidad. No hay previsibilidad sin reglas claras. Y no hay reglas claras sin justicia.

La Argentina ha construido, durante décadas, un sistema donde los contratos son papel pintado. La historia de la expropiación de YPF y su entramado con el grupo Eskenazi es uno de los ejemplos más costosos. Manipulación política y falta de transparencia no solo derivaron en juicios millonarios contra el Estado, sino que consolidaron una reputación: en la Argentina, las reglas pueden cambiar en cualquier momento.

Ese antecedente sigue vigente en la memoria de los inversores. No es casual que el país tenga niveles estructuralmente bajos de inversión extranjera directa. Según el año, representa menos de la mitad que en Brasil, Chile, Colombia o Mexico.

 

El Poder Judicial como red de relaciones

El problema no es solo la lentitud o la selectividad; es la promiscuidad entre el poder político, el poder judicial y ciertos sectores empresariales y sindicales.

Las relaciones entre Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, el abogado Gregorio Dalbón y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, reflejan una trama donde los vínculos personales atraviesan las instituciones. Cuando el padre de un funcionario judicial celebra su cumpleaños en la casa de un dirigente investigado, la independencia deja de ser una abstracción para convertirse en una ficción.

Los lazos de la familia Mahiques con la cúpula de la AFA son múltiples. Un hijo integraba el Tribunal de Disciplina de la entidad y otro fue vicerrector de su universidad. Ambos renunciaron cuando el escándalo se hizo público.

Según las denuncias, entre 2021 y 2025 se habría montado una red internacional de intermediarios financieros que canalizó más de USD 300 millones de ingresos de la AFA fuera del circuito legal argentino.

 

Concursos y discrecionalidad

El caso del hijo de Horacio Rosatti es paradigmático. Sin haber obtenido la mejor calificación en los exámenes, logró ingresar en la terna final tras una entrevista personal. Un mecanismo que habilita márgenes de discrecionalidad difíciles de justificar. La posterior revisión impulsada por la propia Corte Suprema revela tensiones internas, pero también confirma el problema: el sistema de selección está abierto a la manipulación.

Cuando los jueces deben su posición a favores políticos o a redes de influencia, la independencia judicial deja de existir. Y con ella, desaparece cualquier garantía de imparcialidad.

 

Fallos que condicionan la economía

El impacto de la justicia en la economía no es abstracto. Es concreto, medible y profundo. La suspensión de la reforma laboral impulsada por el gobierno es un ejemplo claro.

Más allá del contenido de la ley, el problema radica en la incertidumbre que generan fallos contradictorios, apelaciones cruzadas y estrategias judiciales que dilatan la aplicación de normas clave. Empresas que no saben bajo qué reglas contratar; sindicatos que reconfiguran su estrategia en función de decisiones judiciales; inversores que miran desde afuera.

Incluso en ámbitos donde la intervención judicial podría ser legítima, la inconsistencia es la norma. El freno a la demolición del Luna Park, bajo el argumento de proteger el patrimonio histórico, convive con la permisividad frente a ocupaciones ilegales de tierras o con la falta de resolución en conflictos de larga data. No se trata de cuestionar la protección patrimonial, sino de señalar la falta de criterios uniformes. La ley se aplica según el caso, el contexto y, muchas veces, el protagonista.

 

Seguridad, extradición y debilidad estatal

El caso del ex guerrillero chileno Apablaza Guerra, vinculado al asesinato de Jaime Guzmán y prófugo desde hace décadas evidencia otra dimensión del problema: la incapacidad del sistema para resolver situaciones que requieren cooperación internacional y decisión política.

La oferta de recompensas millonarias es, en el fondo, una admisión de impotencia. El Estado no logra hacer cumplir la ley, ni siquiera en casos de alto perfil.

 

El costo oculto: macroeconomía y sistema financiero

Todo este entramado tiene un impacto directo en la macroeconomía. La inseguridad jurídica eleva el riesgo país, encarece el financiamiento, desalienta la inversión y limita el desarrollo del sistema financiero. Los bancos operan en un entorno de alta incertidumbre, donde la ejecución de garantías puede demorarse años y donde los contratos pueden ser reinterpretados por la justicia.

El resultado es un sistema financiero pequeño, poco profundo y caro. Uno que no puede canalizar ahorro hacia inversión productiva porque carece de la base fundamental: la confianza.

Los datos son elocuentes. Según organismos como el Banco Mundial y World Justice PROJECT, el tiempo promedio para resolver un litigio comercial en Argentina es de 1600 días. En Uruguay, 620; en Chile, 480; en EE. UU., 400, y en Singapur, 150.

 

Conclusiones obvias

La Argentina no necesita únicamente reformas económicas. Necesita, antes que nada, una reforma profunda de su sistema judicial. Una que garantice independencia, celeridad, descentralización y previsibilidad.

Mientras la justicia siga siendo un espacio de negociación política; mientras las causas se activen o se duerman solo si conviene, y mientras la propiedad privada y los contratos dependan del humor de un juez, el país seguirá atrapado en un ciclo de estancamiento.

No es un problema técnico; es un problema de poder. Y hasta que ese poder no sea limitado por instituciones fuertes, la Argentina seguirá siendo un país donde la ley existe, pero se tuerce. Donde la justicia funciona, pero no para todos. Donde el futuro se posterga, expediente tras expediente.