Colombia: geopolítica del abandono; fracaso de la 'Paz Total'

En teoría, la paz total promete reducir la violencia y llevar seguridad a los territorios. La palabra total supone una intervención integral; no obstante, en la práctica queda demasiado cerca del discurso y demasiado lejos del terreno. Por eso, lo que se percibe en Catatumbo y en Buenos Aires no coincide con lo anunciado: aquí no se rompe una narrativa, se rompe la confianza mínima en que el Estado conduce, protege y sostiene.

Cuando en zonas críticas la respuesta llega tarde, cuando la presencia es intermitente y cuando las reglas de negociación parecen indulgentes con quienes incumplen, el mensaje deja de ser diplomático y se vuelve cotidiano: la gente tiene que arreglárselas sola mientras la criminalidad define los límites de la vida diaria.

Dicho de otro modo, el problema no es solo la existencia de grupos armados. El problema es el vacío práctico que se abre cuando el gobierno actúa con demora, cuando la presión operativa disminuye donde debería ser constante y cuando la mesa de negociación no tiene consecuencias claras para impedir que la intimidación siga funcionando. En consecuencia, crece una mezcla de ingobernabilidad y debilidad estatal que se siente en escuelas sin clase, puestos de salud frágiles y rutas donde la gente calcula si puede pasar o no.

La tesis formulada en el presente trabajo es directa: esta Paz Total fracasa por negligencia, y por falta de voluntad política. Ese fracaso se expresa en una combinación peligrosa de inoperancia, permisividad frente a estructuras criminales y un Estado que aparece más como comentarista que como garante. El resultado es corrosivo: se multiplica la crisis en los territorios, se erosiona la confianza institucional y se profundiza la polarización social.

En definitiva, no se asiste a un modelo de paz total; se trata de un fracaso absoluto.

Cartografía del miedo: Catatumbo y Buenos Aires

En el Catatumbo, la geografía es dominante e imponente. La frontera con Venezuela convierte la región en un corredor estratégico para organizaciones con lógica binacional, de modo que cualquier política que ignore esa condición termina siendo una promesa liviana. Allí operan estructuras que se apoyan en rutas, refugios y logística, además del contrabando de hidrocarburos y de los flujos ligados a la coca. Por eso, aunque en Bogotá se anuncien decisiones con tono de soberanía, al borde del río esas decisiones chocan contra una realidad intransigente donde lo ilegal tiene continuidad territorial y el Estado, en cambio, aparece por tramos, como si administrara los territorios por cuotas.

De ahí que lo ocurrido desde el 16 de enero de 2025 no sea un episodio aislado, sino una suma de miedo y desplazamiento que se acumula hasta volverse paisaje. La crisis se traduce en familias que salen de sus casas sin saber si regresan, en niños que interrumpen sus clases sin fecha de retorno a las escuelas y en enfermos que aplazan una cita médica porque el camino a un hospital se volvió amenaza. Aun cuando existan medidas excepcionales, como la conmoción interior, su efecto suele ser parcial ya que contienen por momentos la amenaza, pero no reconstruyen una presencia civil sostenida; además, se atraviesan con disputas jurídicas que recortan decretos y enfrían el impulso operativo. En términos simples, se siente como un torniquete útil para frenar la hemorragia, pero insuficiente para sanar la herida. Por eso la advertencia realista de Robert Kaplan deja de ser teoría y se convierte en diagnóstico: el orden va primero, porque sin orden cotidiano no hay libertad; hay supervivencia.

Al mismo tiempo, en Buenos Aires, Cauca, la fragilidad del Estado se evidencia bajo ráfagas y explosiones de estructuras criminales con injerencia en el narcotráfico. El 16 de diciembre de 2025 el municipio vivió horas de ataque, destrucción y espera, y el problema ya no es la frontera, sino la demora -una vez más- con la que el Estado intenta restablecer el control operativo mientras la vida municipal se desmorona ante los ojos de todos. No es un titular, es una experiencia: escuchar explosiones, encerrarse en sus hogares como trincheras, pedir ayuda, aguardar, y descubrir que el tiempo se vuelve cruel cuando no hay una respuesta rápida. Además, el golpe no se queda en lo material, porque una alcaldía dañada es el símbolo local de la institucionalidad herida y una estación atacada es la evidencia de que la protección puede fallar; también se lesiona el factor humano con docenas de heridos y una credibilidad institucional nula. Así, cuando unos policías resisten solos durante horas frente a un ataque desproporcionado, no se quiebra solo el concreto, se resiente el pacto básico de seguridad y se atenúa la gobernabilidad. En ese punto, la paz total fracasa porque no lee la urgencia territorial ni sostiene lo elemental, la protección inmediata que la población civil necesita.

La geopolítica del abandono

El Catatumbo y Buenos Aires están lejos en el mapa; sin embargo, se reconocen en la misma falla, una retirada práctica y paulatina del Estado en ambos territorios, el primero en el nororiente del país en frontera con Venezuela y el segundo en el suroccidente conectando el sur del país con Ecuador. En el Catatumbo, la frontera y la economía ilegal hacen más compleja la tarea; en Buenos Aires, la tarea es más nítida y, aun así, se siente insuficiente. En ambos casos se repite el mismo patrón, un Estado paquidérmico que reacciona tarde a las necesidades primarias de los territorio -en este caso la seguridad- pero que ha sido efectivo y permisivo durante demasiado tiempo con el avance de estructuras criminales. Por consiguiente, crecen la ingobernabilidad y la debilidad institucional. Y cuando la autoridad legítima no logra imponerse, el vacío no lo llena la ciudadanía organizada, sino el actor armado que sabe presionar, someter y restringir.

Ahora bien, esto no es un detalle administrativo, es geopolítica pura. El Catatumbo no es solo una subregión golpeada; es un nodo fronterizo donde la porosidad binacional funciona como ventaja estratégica para los grupos armados. En territorios de frontera, la disputa no se limita al control de veredas o zonas rurales, sino que se proyecta sobre vías de acceso, campamentos, puestos de control y retaguardias al otro lado de la línea, lo cual vuelve intermitente cualquier esfuerzo estatal que no tenga continuidad operativa y cooperación efectiva. En ese contexto, la frontera se convierte en “profundidad estratégica” para el armado, y el Estado queda condenado a perseguir sombras que cruzan y regresan con facilidad.

Por su parte, Buenos Aires —en el norte del Cauca— no es solo otro municipio en crisis; es un punto sensible de conexión territorial. Este corredor articula municipios del norte caucano y su vínculo con el Pacífico, lo que lo vuelve crucial para la movilidad legal y, sobre todo, para la logística ilegal como rutas, economías de extracción y control social sobre comunidades que quedan atrapadas en la geografía del tránsito. En otras palabras, quien domina ese corredor no solo gana territorio; gana circulación, y en la guerra contemporánea el control de la circulación o las rutas de acceso vale tanto como tener tropas desplegadas en la zona.

De ahí la conclusión incómoda: la “paz total” fracasa en seguridad cuando deja intacto el hecho decisivo, a saber, que estos grupos armados organizados no están buscando reconocimiento moral, sino control absoluto de corredores estratégicos. Si el Estado no asegura presencia sostenida, inteligencia territorial y capacidad de coerción legítima, los vacíos de poder van a ser más atenuantes y se deja a la deriva una crisis institucional con incapacidad gobernable y soberana sobre los territorios. Entonces, los grupos armados cobran, regulan, castigan y deciden; simultáneamente, el Estado administra comunicados de prensa y discursos populistas en el papel. Como resultado, en territorios como Catatumbo y Buenos Aires, esa diferencia no es semántica es la línea que separa gobernanza y gobernabilidad de narrativas políticas discursivas sin fundamento.

Seis sugerencias concretas para la no repetición

Por eso, la salida no puede quedarse en anuncios ni en gestos simbólicos. Si Catatumbo y Buenos Aires enseñan algo, es que la gobernabilidad se construye con presencia sostenida, reglas verificables y capacidad real de protección territorial de manera integral. En concreto, propongo cuatro medidas, pensadas para estos dos territorios y replicables en cualquier región del país.

En primer lugar, un mando territorial de estabilización permanente, no un Puesto de mando unificado (PMU) de emergencia. Debe integrar Fuerza Pública, Fiscalía, Unidad de Víctimas, salud, educación, infraestructura y autoridades locales bajo una sola cadena de coordinación operativa, con indicadores públicos auditables por veedurías ciudadanas. Indicadores simples y directos que permitan monitorear: tiempo real de reacción, rutas rurales y urbanas protegidas, gestión de riesgo y crisis, acceso a salud rural y días sin confinamientos. Lo contrario ya quedo evidente en desplazamientos masivos y afectaciones en el Catatumbo cuando el Estado no está presente de forma integral.


Hacer énfasis territorial en la seguridad humana

En segundo lugar, control efectivo de corredores y economías ilegales con foco en “capacidad” y finanzas, no solo en presencia armada. En Buenos Aires, por ejemplo, la minería ilegal no es folclor criminal, es una caja registradora de guerra que financia muchas estructuras criminales; por eso, las operaciones contra dragas y motobombas son necesarias, aunque insuficientes si no se sostienen con judicialización, extinción de dominio y control de insumos, comercialización y lavado de activos. En paralelo, el suroccidente requiere blindaje de su arteria logística donde la vía Panamericana es clave para la movilidad y la economía regional, y el propio Estado la reconoce como corredor estratégico entre Cauca y Nariño, además de su impacto en conectividad y exportación hacia Ecuador. En otras palabras, si el Estado no protege estas rutas, la gobernanza la terminan imponiendo los que han venido controlando el paso.

En tercer lugar, cualquier cese al fuego o diálogo debe operar con condicionalidad estricta y verificación territorial. Cese al fuego sin consecuencias o condiciones estrictas es solo un paréntesis para que el grupo armado se reorganice logísticamente. El estándar y las exigencias ante la criminalidad deben ser de dominio público y de estricto cumplimiento: cero secuestros, cero confinamientos, cero bloqueos de rutas, cero presiones a escuelas y hospitales, cero extorsiones a transportadores y comerciantes. Si hay incumplimiento, se pierde el beneficio de manera inmediata, sin interpretaciones creativas. La verificación no puede depender únicamente de reportes centrales; debe apoyarse en alertas tempranas, monitoreo local y evidencia comunitaria, porque el territorio suele enterarse antes que los comunicados.

Cuarto, el Estado significa justicia y gobierno local garantía y seguridad. Sin fiscales itinerantes, investigadores, jueces, protección real a líderes sociales y funcionarios municipales, y capacidad de capturar redes (no solo hombres armados), la autoridad queda reducida a una presencia episódica. La violencia política y las amenazas en regiones como Cauca muestran que la disputa es también por intimidación y control social, y eso exige blindar alcaldías, personerías, inspecciones y candidaturas con esquemas serios, además de investigación penal rápida.

En quinto lugar, la política antidrogas tiene que ajustar el foco. No basta con repetir el número de hectáreas, porque el problema también está en cuánta cocaína puede salir de esas hectáreas y cómo se mueve el negocio. Según cifras citadas por El País, en 2024 Colombia llega a 261.000 hectáreas de coca, el máximo histórico, con un crecimiento que se desacelera: del 12% en 2022 pasa al 10% en 2023 y baja al 3% en 2024. Además, el mismo reporte recoge una medición de la Policía que habla de 262.000 hectáreas en 2025. En otras palabras, el país se mantiene en niveles altísimos. Precisamente por eso la interdicción debe concentrarse en los eslabones donde el cultivo se convierte en dinero, es decir, insumos, cristalización, transporte y lavado, porque si se golpea solo el sembrado y se deja intacta la maquinaria logística y financiera, el negocio se recompone por debajo.

Por último, en el Catatumbo la cooperación con Venezuela no puede ser un deseo diplomático, sino una condición operativa verificable para control fronterizo, rutas y campamentos. De lo contrario, el país seguirá persiguiendo estructuras que cruzan y regresan con facilidad, como si la frontera fuera una puerta giratoria.

Para concluir, conviene ser exactos. Kissinger insiste en que la política real se prueba cuando el mundo no coopera, cuando toca escoger entre daños y no entre ideales. Kaplan recuerda lo obvio que en Bogotá se olvida: el territorio no negocia, no firma, no perdona; impone límites. Y Vargas Llosa advierte que las utopías que prometen paraíso suelen terminar administrando ruinas.

A esos tres se suman dos advertencias que aquí encajan con precisión. Weber, desde la ética de la responsabilidad, diría que no basta con declararse del lado del bien; hay que responder por las consecuencias, sobre todo cuando las consecuencias son desplazados, confinados y municipios sitiados. Y O’Donnell recordaría que sin Estado efectivo en el territorio no hay ciudadanía plena, solo población expuesta; la democracia se vuelve membrete cuando la autoridad legítima no alcanza a proteger lo elemental.

Dicho de otra manera, la paz no se sostiene con discursos cargados de populismo ni con comunicados, ni con una coreografía de negociación que relativiza el incumplimiento. Se sostiene con reglas claras que se aplican, con sanciones que se ejecutan, con instituciones que llegan a tiempo y permanecen, y con una presencia estatal que se siente en lo cotidiano.

Por eso esta paz total fracasa, no por exceso de ambición, sino por negligencia e indulgencia con los grupos armados y por la costumbre peligrosa de confundir intención con resultado. El Catatumbo y Buenos Aires lo exponen con crudeza: uno es frontera estratégica y el otro es corredor decisivo; por lo mismo, cuando el Estado vacila en los territorios, el país entero termina pagando el costo. Si no se corrige ya —con mando territorial sostenido, control real de las economías ilegales, condicionalidad estricta y justicia operando en el terreno—, la próxima madrugada en Buenos Aires o en Tibú empezará igual: gente desplazada, instituciones heridas y un Estado que llega tarde, no para prevenir sino para lamentar; un Estado más reactivo que protector, que intenta asistir a las regiones cuando la criminalidad ya impuso su ley y el daño, una vez más, ya hizo carrera.

La paz, al final, no es una consigna; es un horario de servicios 24/7 que se tiene que cumplir en las regiones con políticas integrales a través de la seguridad humana. Y hoy, en demasiados lugares del territorio nacional, ese horario está en mora.