Golpe Decisivo: Tapalpa-22, y una Nueva Era en la lucha binacional contra el narcoterrorismo

En las últimas horas del 22 al 24 de febrero de 2026, México fue escenario de un operativo de alto impacto que ha redefinido el panorama de la seguridad hemisférica.


Las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, en una acción de precisión quirúrgica ejecutada en el municipio de Tapalpa (Jalisco), lograron la neutralización letal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'Mencho', fundador e indiscutido mandamás del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con varios de sus lugartenientes más cercanos.

El desarrollo, catalogado por analistas estratégicos como la más significativa decapitación de una organización criminal transnacional desde la captura de Joaquín 'Chapo' Guzmán en 2016, desató una oleada de violencia en más de veinte entidades federativas, con más de 250 bloqueos de autopistas, incendios selectivos de infraestructuras críticas, y enfrentamientos cinéticos que legaron un saldo provisional de al menos 73 fallecidos -entre los que se cuenta a 25 elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, el incidente puso de manifiesto la compleja arquitectura de cooperación binacional en la contención del flagelo narcoterrorista.

El operativo de referencia, cuya denominación interna fue 'Tapalpa-22', dio inicio en las primeras horas del domingo 22 de febrero, instancia temporal en la que unidades de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y fuerzas de élite bajo comando de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), respaldadas por aeronaves de ala fija y rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana, convergieron en un páramo rural en las inmediaciones de Tapalpa.

De acuerdo a comunicados oficiales desclasificados parcialmente por SEDENA, el objetivo de alto valor (o High Value Target, atendiéndose a la denominación angloparlante) fue localizado tras confeccionarse un seguimiento multisensorial que incluyó vigilancia electrónica y humana. Oseguera Cervantes -de 59 años de edad- resultó gravemente herido durante un intercambio de fuego sostenido -esto es, un enfrentamiento cinético que remató en la neutralización de ocho sicarios del CJNG in situ-, y pereció en ocasión de su traslado aeromédico hacia Ciudad de México.

En paralelo, tres de los socios más cercanos del capo sucumbieron en el teatro de operaciones, otros tres fueron evacuados con heridas de consideración, y dos fueron puestos a disposición ministerial. La respuesta inmediata del CJNG, activando protocolos preestablecidos de 'contraofensiva territorial', generó en las horas subsiguientes un remarcable despliegue de violencia asimétrica: ómnibus y vehículos particulares calcinados en autopistas federales, ataques con fusiles de asalto contra patrullas de la Guardia Nacional en Michoacán, Colima y Guanajuato, y la quema selectiva de sucursales bancarias y comercios en las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Al cierre de esta redacción, en las primeras horas del 24 de febrero, las autoridades habían informado sobre una estabilización parcial mediando el despliegue de más de dos mil efectivos adicionales en Jalisco, aunque persisten focos de interdicción vial en al menos diez estados mexicanos, con alertas consulares estadounidenses recomendando evitar desplazamientos terrestres de índole no esencial.

La participación o asistencia estadounidense en esta operación constituye un hito en la doctrina de cooperación de inteligencia contra organizaciones designadas como terroristas. Fuentes de la Casa Blanca, a través de la portavoz Karoline Leavitt, confirmaron de manera explícita que Washington proporcionó 'apoyo de inteligencia complementario y decisivo' para la localización precisa del objetivo. En rigor, este formato de respaldo provino de la recientemente activada Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITC-CC), estructura militar-interagencial estadounidense tutelada por el Pentágono que, desde su lanzamiento en enero de 2026, ha mapeado redes logísticas del CJNG a ambos lados de la frontera.

Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aportó packs de inteligencia humana y señales (HUMINT, SIGINT) derivados del seguimiento a una partenaire sentimental del líder narco, lo que facilitó el aislamiento del objetivo en una zona boscosa de difícil acceso. Sin embargo, no se registró presencia física de fuerzas operativas estadounidenses en suelo mexicano, o al menos así se informó oficialmente.

De todos modos, el flow de datos en tiempo real desde UAVs de monitoreo y plataformas satelitales estadounidenses resultó instrumental en la fase de planeamiento y posterior ejecución. Este modelo de asistencia refleja la evolución de la Iniciativa Mérida hacia un paradigma de 'inteligencia compartida letal', donde la neutralización de objetivos de alto valor se prioriza sin incurrir en violaciones de la Constitución mexicana.

Analistas militares han destacado que la operación evoca precedentes, como la localización de elementos del fundamentalismo islámico en Oriente Medio, aunque adaptada al contexto hemisférico: inteligencia decisiva, ejecución soberana y denegación plausible de involucramiento directo.

En cuanto al volumen de negocios devengados por las actividades del CJNG en operaciones sobre suelo estadounidense, las estimaciones de agencias de inteligencia (por caso, DEA y Departamento del Tesoro) sitúan los ingresos anuales del cártel en torno a figuras conservadoras de entre US$ 8 mil y US$ 15 mil millones, derivados primordialmente del contrabando ilegal de fentanilo, metanfetamina y cocaína.

El CJNG, a través de su brazo financiero Los Cuinis, controla aproximadamente el 40-50% del mercado de fentanilo sintético en territorio estadounidense, sustancia que aporta márgenes de utilidad extraordinarios: un kilogramo de fentanilo puro importado desde precursores chinos y procesado en laboratorios clandestinos de Michoacán o Jalisco puede alcanzar un valor de reventa en calles de las ciudades americanas de hasta US$ un millón y medio, tras procederse a su dilución y distribución a través de células a lo largo de los cincuenta estados (en donde el CJNG mantenía rigurosa presencia).

De acuerdo al informe intitulado National Drug Threat Assessment (edición 2025) confeccionado por DEA, el CJNG ha diversificado su portfolio ilícito más allá de los opioides, incursionando en el contrabando de precursores químicos vía las terminales portuarias de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, con rutas de infiltración marítima y terrestre que alimentan redes de distribución en California, Texas, Illinois y Nueva York.

Adicionalmente, el cártel percibe ingresos colaterales por extorsión a migrantes, tráfico de armas (bidireccional, con flujo sur-norte de rifles de asalto) y lavado de activos a través de criptomonedas, remesas y empresas fachada en el sector inmobiliario y gasolinero. El hurto de hidrocarburos (huachicol) en Pemex, que devenga decenas de millones de dólares anuales, se reinvierte en logística transfronteriza, habilitando al CJNG para mantener una capacidad operativa resiliente, incluso ante celosas interdicciones aduaneras.

La constelación de esos flujos financieros no solo fungen como sucedáneo monetario para la obtención de arsenales de alto poder -incluyendo UAVs artillados y vehículos blindados tipo 'monster'-, sino que corrompen estructuras institucionales en ambos países, perpetuando un ciclo de violencia que ha costado al contribuyente estadounidense miles de millones en costos sanitarios y de seguridad asociados al consumo de las sustancias ilícitas.

Los motivos y razones que condujeron a la ejecución de la operación por parte de las fuerzas armadas y el gobierno mexicano radican en una turbulenta confluencia de imperativos estratégicos nacionales e internacionales. En el concierto doméstico, la administración de la presidente Claudia Sheinbaum, bajo el principio de 'Abrazos, no Balazos' heredado pero matizado por realidades operativas, enfrentaba una escalada de violencia en el occidente del país que amenazaba la gobernabilidad en Jalisco y Michoacán, bastiones históricos del CJNG. En tal coyuntura, la interoperabilidad de las amenazas múltiples atentaba contra la credibilidad del gobierno federal mexicano.

La neutralización de alias 'Mencho' consigna un golpe de efecto disuasorio contra la fragmentación cartelera, revelando el objetivo de prevenir el surgimiento de estructuras celulares de comportamiento más errático y sanguinario -desenlace que aplicó a las operaciones de decapitación de ecosistemas narco en el pasado.

Desde un punto de vista estratégico, el operativo se inscribe en una doctrina de 'defensa activa perimetral' que prioriza la interdicción de rutas de suministro y la desarticulación de cadenas de mando, con particular énfasis en el empleo de fuerzas especiales para minimizar el daño colateral en perjuicio de poblaciones civiles. La percepción externa también es un factor relevante: la presión ejercida por la Administración Trump ha sido determinante; con la Casa Blanca alimentando amenazas explícitas de aranceles punitivos del 25% sobre exportaciones mexicanas, junto con la retórica de plausible intervención militar unilateral si no se demostraban 'resultados tangibles' en la contención del fentanilo, forzaron a la recalibración de la política de seguridad del Estado azteca.

Sheinbaum no contó con argumentos sólidos para disimular las presiones recibidas: al ofrecer una conferencia de prensa del 23 de febrero, subrayó que la operación fue 100% mexicana en ejecución, aunque enmarcada en la 'respetuosa' cooperación bilateral. Como fuere, el motivo primordial se centró en la preservación de la relación económica estratégica con Washington -comercio bilateral superior a los US$ 600 mil millones anuales- y la mitigación de un probable colapso en la confianza inversionista ante la percepción de un Estado mexicano incapaz de controlar su territorio.

La influencia aparente de las designaciones sobre "terrorismo" tipificadas por el gobierno de los Estados Unidos bajo la Administración Trump deviene tanto en insolayable como en decisiva. Hacia febrero de 2025, mediante orden ejecutiva firmada por el secretario de Estado Marco Rubio y publicada en el Registro Federal, el CJNG -junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana et al- fue formalmente designado como Organización Terrorista en el Extranjero (FTO). La medida, inédita en la tipificación de su amplitud versus los cárteles mexicanos, allanó el camino para la utilización de un arsenal jurídico ampliado: congelamiento de activos en el concierto global, prohibición de transacciones financieras, autorización para el uso de fuerza militar selectiva bajo la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), y cooperación intensificada en materia de extradición y decomisos.

En el caso específico de Oseguera Cervantes, la designación elevó su status de fugitivo a 'enemigo combatiente' (combatant enemy), justificándose en consecuencia el despliegue de recursos de inteligencia de nivel contraterrorista -involucrándose el subsistema JITC-CC- y facilitándose el intercambio de datos sin las restricciones previas de la Iniciativa de Mérida.

Entendidos en la material han argumentado que aquella tipificación ha contribuído a reconfigurar la narrativa binacional: el narco ya no es mera delincuencia organizada, sino una amenaza asimétrica comparable a los clústers ISIS o al-Qaeda, con capacidad de desestabilizar Estados soberanos mediante corrupción sistémica y violencia híbrida. La influencia estadounidense se materializó en el timing de la operación, ejecutada semanas después de la designación y en medio de renovadas exigencias, por parte de la nueva Casa Blanca, de 'resultados inmediatos', probando así que las FTO permiten una doctrina de 'persecución global' que trasciende fronteras y fortalece la disuasión estratégica mexicana al alinear incentivos con Washington.

A la postre, un análisis conciso pero infaltable en torno al problema de la demanda de estupefacientes y sustancias ilícitas en los Estados Unidos revela que este factor constituye el motor endógeno primordial del ecosistema criminal transnacional. Al tomarse en cuenta datos provisionales provistos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDCs) estadounidenses al 1 de febrero de 2026, los decesos por sobredosis de fentanilo superan las 72 mil con rigor anual, representando más del 70% de las más de cien mil muertes a causa del abuso de drogas en el bienio 2023-2025. Esta voraz demanda -naturalmente, impulsada por la cronicidad que retorna la crisis de los opiáceos-, la accesibilidad a metanfetaminas cristalinas y la polidrogadicción en poblaciones vulnerables de clase media y obrera, da forma a un monumeltal black market que absorbe el 80-90% del output (producción) del CJNG.

Factores socioculturales como la desregulación farmacéutica (opioides presentes en millones de recetas médicas desde comienzos del siglo XXI), la fragmentación familiar, el estrés post-cuarentenas (2020), y la ostensible carencia de programas de rehabilitación, construyen un ciclo de cruenta retroalimentación negativa en el que la oferta de los cárteles se adapta dinámicamente a preferencias de consumo (fentanilo, por su potencia y bajo costo de producción).

Voceros de la seguridad nacional en los EE.UU. argumentan que, sin computarse una estrategia integral de reducción de la demanda -que incluya educación preventiva, tratamiento accesible y control de precursores en origen chino-, cualquier golpe a la oferta, como la neutralización de Oseguera Cervantes, resultará efímero, propiciando la recomposición de estructuras criminales bajo la renovación del management del narco.

En el epílogo, la demanda estadounidense no constituye un fenómeno pasivo, sino que encarna un vector estratégico que multiplica la letalidad de las organizaciones productoras y distribuidoras y que, por tanto, exige una respuesta hemisférica de proyección holística.

El desarrollo aquí referido reescribe las fronteras del antes y el después en la guerra asimétrica contra el narcoterrorismo. La resignificación de la ecuación presenta un panorama de convergencia de voluntades binacionales bajo marcos legales innovadores, y que acaba de demostrar un atendible plafón de eficacia operativa.

No obstante, las repercusiones en las próximas horas y semanas -probable sucesión interna en el CJNG, escalada de violencia fragmentada y reevaluación de alianzas con facciones sinaloenses- demandan un empeño de monitoreo contínuo, así como la puesta en marcha de una estrategia de consolidación que trascienda lo meramente cinético.

La neutralización selectiva de alias 'Mencho' desde luego no amortigua la estructuralidad de la problemática, pero sí consolida un auspicioso paradigma de cooperación que, de sostenerse en el tiempo, podría inclinar la balanza hacia la contención efectiva del flagelo que asola a ambas naciones.