El 'riesgo de fuga' de Rudnev: desmontando un mito creado por la fiscalía
En la Argentina, se intensifica el escándalo en torno al caso del ciudadano ruso Konstantin Rudnev.
18 de Diciembre de 2025
Bariloche, diciembre de 2025
En la Argentina, se intensifica el escándalo en torno al caso del ciudadano ruso Konstantin Rudnev. El hombre lleva más de ocho meses detenido en una prisión de máxima seguridad -sin conocerse sentencia, sin registrarse víctimas, y sin haberse probado comisión de delito.
La fiscalía lo explica de forma sencilla: 'Riesgo de fuga'. Pero, cuanto más tiempo Rudnev permanece tras las rejas, más evidente resulta que aquel argumento carece de sustento.
Tras las denuncias de abogados y organizaciones de derechos humanos, las actuaciones de la fiscalía atrajeron la atención de los organismos de control. Los materiales y presentaciones que cuestionan la legalidad de la privación de libertad ya están siendo compilados y analizados.
En el centro de la situación, se encuentran el fiscal federal Fernando Óscar Arrigo y su asistente, Tomás Labal. Cada vez se formula con más insistencia la misma pregunta: ¿este caso sigue siendo un proceso penal, o acaso se ha convertido en un problema para la propia fiscalía?
Pobres argumentos
Konstantin Rudnev fue detenido en marzo de 2025, en el aeropuerto de Bariloche. Desde entonces, la única justificación de su aislamiento ha sido una sola: el comentado 'riesgo de fuga'.
A pesar de ello, no se registraron intentos de evasión ni infracciones por cuenta de Rudnev, ni hechos concretos que corroboraran esa supuesta amenaza. Sin embargo, sobre esta fórmula se siguen apoyando todas las decisiones de prórroga de la prisión preventiva.
Un vuelo común como pretexto para el arresto
Uno de los episodios clave del caso comporta aristas que lo vuelven particularmente controvertido. Rudnev fue arrestado en el momento de abordar un vuelo interno con destino a Buenos Aires. No cruzó ninguna frontera, ni intentó abandonar el país. De acuerdo a la defensa, ni siquiera sabía que existía una causa penal en su contra.
Más tarde, ese vuelo fue presentado como una fuga. Sobre esa base, el magistrado interviniente, Doctor Gustavo Zapata, prorrogó la detención hasta abril de 2026.
Rudnev cuenta casi sesenta años de edad; no se ocultó ni intentó darse a la fuga. Tampco se explicó cuál sería, en apariencia, su destino elegido para 'desaparecer'.
Sin víctimas... ni pruebas
Durante todo el tiempo de la investigación, la acusación no logró presentar una base fáctica del caso. Los peritajes certificaron la inexistencia de sustancias narcotizantes. De igual manera, no se identificaron víctimas.
La mujer a la que la investigación señalaba como 'víctima' clave, Elena Makarova, declaró públicamente que jamás le cupo tal condición, y que fue apremiada para brindar declaraciones convenientes para la parte acusadora. Al correr del tiempo, presentó una denuncia contra la fiscalía.
Salud, en riesgo
El cuadro situacional se agravaría luego, con el delicado estado de salud de Rudnev. Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte —reconocidos médicos argentinos, especialistas de prestigio— recomendaron, con urgencia, la realización de estudios exhaustivos y tratamiento en clínicas especializadas de la Ciudad de Buenos Aires, advirtiendo sobre un riesgo de vida, en ausencia de atención médica adecuada.
A pesar de ello, el traslado a un centro hospitalario es rechazado una y otra vez -pesando el frágil argumento del 'riesgo de fuga'.
La huella política y la reacción internacional
La situación está siendo analizada en Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo, crece el debate sobre un posible trasfondo político: Rudnev es conocido por su postura pública contra la guerra en Ucrania, y por su historial de conflicto frente al régimen de Vladimir Putin -desarrollo que lo llevó a permanecer durante once años en prisión. En semejante contexto, la versión en torno a una presión externa ya no parece infundada.
La investigación ha comenzado
Según afirman fuentes cercanas al proceso, las actuaciones del fiscal Fernando Arrigo y de su equipo ya son objeto de múltiples presentaciones y de revisiones remitidas al Tribunal de Enjuiciamiento, el órgano encargado de evaluar la responsabilidad disciplinaria y penal de jueces y fiscales.
La pregunta central adquiere creciente contundencia: si el delito de referencia no ha sido probado y una persona continúa tras las rejas sin respetarse el debido proceso, ¿quién deberá responder por ello?