Paz Total: cartografía del terror y de la autoridad perdida

El 21 y 22 de agosto de 2025, Cali volvió a escuchar el estruendo de la guerra: un atentado frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez dejó al menos seis muertos y más de sesenta heridos, cifra que luego se elevaría a un total de siete fallecidos. No se trató de un sobresalto aislado, sino de un punto de quiebre en la seguridad urbana del suroccidente. Una semana después, el 28 de agosto, Dagua -corredor vital hacia Buenaventura- registró una serie de hostigamientos que activaron consejos de seguridad y refuerzos. En la perspectiva de la comunidad, el mensaje era inequívoco: los grupos armados tanteaban la resistencia institucional, justo en la puerta del Pacífico.

 

El 11 de septiembre, el Parlamento Europeo (PE), órgano legislativo de la Unión Europea (UE), debatió y aprobó una resolución que condena la ola de atentados, menciona expresamente el ataque de Cali, el helicóptero de la Policía derribado en Antioquia y el uso creciente de drones en Colombia; adicionalmente, enmarca el asesinato de Miguel Uribe Turbay (atentado del 7 de junio; fallecimiento, registrado el 11 de agosto) como síntoma de un deterioro democrático más hondo. Tres días más tarde, el 14 de septiembre, el Cauca amaneció bajo una ofensiva coordinada: catorce acciones entre hostigamientos, un ataque a instalaciones y tres actos de apología criminal con cilindros sobre la Vía Panamericana -el principal corredor vial que conecta Cali, Buenaventura y el centro del país con el sur de Colombia, y es la ruta que sale hacia Ecuador, es decir, la conexión de Colombia con Suramérica. Aunque la mayoría de hostigamientos cerró sin novedad, el ataque a la subestación de El Carmelo (Cajibío) dejó un policía muerto y, de acuerdo a partes de prensa, cuatro heridos.

 

Aquí no se discute solo seguridad; en rigor, se discute autoridad. La autoridad no es tono ni retórica: es la legitimidad que se gana cuando el Estado protege y cumple. Lo contrario es la rendición por cuotas. El 26 de agosto, 34 militares fueron secuestrados en Guaviare tras una operación contra el ala de Iván Mordisco dentro del Estado Mayor Central (EMC) —una de las disidencias de las FARC—: quedaron rodeados por civiles movilizados o coaccionados por estructuras criminales, y retenidos contra su voluntad. Días después, las liberaciones parciales confirmaron la naturaleza del chantaje: asonada con apariencia de protesta, bloqueo deliberado de la fuerza pública y negociación bajo presión. Nada ilustra mejor la pérdida de autoridad que un Estado que debe pedir corredores humanitarios para rescatar a sus propios soldados.
 

Ese macabro guión encaja con la guerra de cuarta generación (4GW): conflictos donde actores no estatales —como el EMC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— se empeñan en quebrar la voluntad política del Estado, en desdibujar la línea entre combatiente y civil, y deslegitimar el empleo lícito de la fuerza. El coronel Thomas X. Hammes explica que la 4GW opera en redes políticas, sociales y mediáticas, privilegiando el efecto moral sobre el resultado táctico: no es la meta vencer a la brigada; basta, simplemente, con inmovilizarla mediante masas civiles, 'retenciones', y una calculada narrativa de victimización. William S. Lind lo resume como la pérdida del monopolio estatal de la violencia, y la fusión entre guerra y política. Colombia lo padece cuando asonadas organizadas por estructuras armadas secuestran policías y militares, cuando las carreteras se clausuran recurriendo a cilindros -también, cuando el Estado negocia desde la debilidad.

 

En efecto, ni se trata de coincidencias, ni de episodios aislados: estos desarrollos dan forma a la radiografía de un Estado que ha perdido la iniciativa estratégica. En el norte del Cauca —Corinto, Toribío, Caldono, Caloto, Miranda y Silvia—, la simultaneidad de los eventos de hostigamiento revela capacidad de mando y control de estructuras como Dagoberto Ramos y Jaime Martínez (facciones del EMC), mientras que la instalación de cilindros en Santander de Quilichao, Silvia–Jambaló y Piendamó–, Morales buscó lo esencial: paralizar la Vía Panamericana y, con ella, a la economía regional. La técnica no es novedosa, pero sí perfeccionada: dispersión, saturación y efectos logísticos. En el plano simbólico, cada retén ilegal y cada retención de tropas es un golpe contra la autoridad.

 

El gobierno colombiano insiste en un discurso que confunde voluntad de paz con renuncia al monopolio de la fuerza. Se abrieron mesas, se multiplicaron protocolos y se prometieron ceses al fuego que jamás cesan el fuego; lo que sí se ha reducido es la presencia efectiva del Estado en territorios donde mandan el fusil, la extorsión y el control social de facto. En consecuencia, la promocionada “Paz Total” devino en ambigüedad absoluta: mientras la Policía y el Ejército contienen a retazos, los grupos armados ensayan drones, optimizan la tecnología de sus artefactos explosivos improvisados (IED), y ponen a prueba los límites de la institucionalidad en carreteras, estaciones y bases. La resolución del Parlamento Europeo no se corporiza en un simple regaño externo: es un incómodo reflejo.

 

Hay quienes sostienen que 'la seguridad no lo es todo'. Pues, no: la seguridad lo es absolutamente todo. Sin seguridad, no existe autoridad y, sin autoridad, nada más es posible. La gobernabilidad democrática, la inversión, la conectividad logística, la educación y la salud pierden oxígeno si el territorio está tomado por retenes ilegales y amenazas con explosivos. La economía no crece con comunicados: crece con carreteras transitables y ciudades sin miedo. Buenaventura no es una abstracción: es el puerto por donde respira el suroccidente. Bloquear esa arteria es asfixiar al país.

 

El actual gobierno ha prometido un cambio. Lo hay, por supuesto -pero en el sentido equivocado: menor disuasión, mayor audacia criminal; menor control territorial, y una amplificación de la cartografía del miedo. No se trata de escoger entre bala y diálogo: de lo que se trata es de ordenar la relación entre legitimidad, fuerza y justicia. Las conversaciones tienen sentido únicamente si el Estado sostiene superioridad operacional, inteligencia accionable, y sanción cierta ante el incumplimiento. Hoy sucede lo contrario: se negocia desde la debilidad; se ofrece reconocimiento mientras en el terreno se multiplican los ataques y la población toma nota: la ley es blanda, la violencia paga.

 

A razón de la situación, es conveniente realizar seis medidas simples, verificables y urgentes:

 

Recuperar la iniciativa: Concentrar operaciones sostenidas (no episódicas) en corredores críticos —Corinto–Toribío–Cajibío y Dagua–vía al mar—, con metas territoriales claras, plazos públicos y evaluación semanal.

Defensa antidron y IED/EXDE: estandarizar anillos antidron en estaciones y bases; duplicar capacidades de desactivación de explosivos en nodos viales (Santander de Quilichao, Mondomo, Altos de Dagua).

Inteligencia integrada: unificar matrices de blancos logísticos (explosivos, precursores, talleres, pilotos de dron) y judicializar cadenas de abastecimiento, no solo sicarios.

Estado visible: fortalecer policía cívica y justicia exprés para extorsión y retenes, con audiencias 24/7 y trazabilidad pública; la seguridad también exige previsibilidad judicial.

Comunicación veraz: establecer cifras únicas y rutas alternas claras; el país debe saber cuándo y por dónde transitar.

Articulación judicial efectiva: convocar un esquema operativo y procesal que integre fiscalía general de la Nación, Secretarías de Gobierno (departamentales y municipales) y Fuerza Pública para investigación, imputación, medidas cautelares y extinción de dominio en los corredores críticos, con tablero de control público y metas quincenales.

 

La paz no se firma con promesas: se forja por vía de la autoridad legítima, y a través de una seguridad efectiva y política vertebrada. Ninguna reforma florece si el gobierno recompensa a quienes violan la ley, mientras condenan a una eterna espera a quienes cumplen. La Vía Panamericana no puede continuar bajo cilindros ni el discurso bajo eufemismos. Cuando el Estado retrocede, alguien ocupa su lugar, y ese alguien no trae escuelas ni hospitales: trae detonadores y explosivos. Pero el Estado no es solo el Gobierno: somos también nosotros. ¿Seguiremos normalizando el chantaje y los discursos populistas, o exigiremos resultados, cifras únicas, justicia que funcione y control del territorio que está perdido? La democracia se defiende reclamando autoridad y responsabilidad: del presidente y sus ministros, de alcaldes y jueces… y de una ciudadanía que no se compra con anuncios. 

 

Y, si el gobierno cree que aún tiene tiempo, a sus miembros les bastará con atender al calendario: 21–22 de agosto, 28 de agosto, 11 de septiembre, 14 de septiembre. No son solo fechas: son oportunidades perdidas. La próxima —porque vendría— no debería sorprendernos; debería encontrarnos prevenidos, coordinados y decididos. Eso se llama gobernar.

Y el reloj ya no marca prórrogas: 2026 no es un rumor lejano; este gobierno tiene meses y horas contados para que sea posible ponerle fin a este horrendo anochecer. Es, pues, el momento de manifestarnos como ciudadanos, en democracia, contra el terrorismo; de afirmar a través del voto y de la ley que la seguridad no es consigna: es condición de posibilidad.

O la ciudadanía de Colombia exige autoridad eficaz y justicia sin excusas, o serán otros -esos que hoy trafican con el miedo- quienes continuarán gobernando en la sombra.