Efectos en Colombia ante la reconfiguración del vínculo con los Estados Unidos

Durante más de dos décadas, la relación entre los Estados Unidos de América y Colombia ha constituído uno de los pilares de la seguridad hemisférica. Washington halló en Bogotá un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas irregulares, mientras que Colombia se benefició de un respaldo financiero, militar y diplomático sin precedentes.


Sin embargo, en los últimos años han surgido señales de desgaste y distanciamiento que abren la posibilidad de un retiro parcial o total del respaldo estratégico, económico y político de Washington hacia Bogotá.

Un escenario de esta magnitud tendría efectos internos devastadores en Colombia y un impacto directo sobre Ecuador, que inevitablemente se vería arrastrado por las dinámicas de inestabilidad regional.

Existen varias razones que explican por qué Washington podría replantearse su histórica alianza con Bogotá.

En primer lugar, los resultados del Plan Colombia han quedado por debajo de las expectativas. Tras más de veinte años y decenas de miles de millones de dólares invertidos, la realidad es que los cultivos de coca han alcanzado cifras récord -253 mil hectáreas en la actualidad-, mientras que las organizaciones criminales transnacionales no solo sobreviven, sino que se han fortalecido. En la perspectiva norteamericana, el quebranto resulta francamente decepcionante: mucho gasto, y poco impacto.

A esta sensación de fracaso se suma un ambiente de tensiones políticas con el gobierno de Gustavo Petro. El mandatario sudamericano ha cuestionado la estrategia militarizada contra las drogas, proponiendo un enfoque alternativo basado en la sustitución voluntaria y la descriminalización -posturas que impactan frontalmente con la óptica de Washington y que han contribuído a la amplificación de la desconfianza. Adicionalmente, la cercanía de Petro con regímenes como el de Venezuela y Cuba alimenta en el norte del continente la percepción de que Colombia se ha distanciado de sus intereses estratégicos.

A la postre, no puede ignorarse el cambio de prioridades globales de la política exterior estadounidense. Hoy, Washington concentra su atención en enfrentar a la República Popular China, contener a la Federación Rusa, y frenar la influencia de Irán. En este nuevo tablero, América Latina ocupa un lugar secundario, y Colombia podría dejar de ser el socio clave de antaño.

Implicancias para Colombia

Este cambio de eje relacional allanaría el camino para un profundo impacto en la estabilidad colombiana.

En materia de seguridad, la reducción del apoyo en inteligencia, entrenamiento y equipamiento dejaría al Estado colombiano en notable desventaja frente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias FARC y los cárteles de la droga mexicanos. La consecuencia podría cobrar forma en un inconveniente aumento de la violencia interna, particularmente en cuadrantes rurales y fronterizos.

En el ámbito económico, un distanciamiento con Washington golpearía las exportaciones -EE.UU. es el principal destino de los productos colombianos-, le pondría un freno a la inversión extranjera y podría incluso abrir las puertas a sanciones o bien restricciones comerciales.

En el terreno político, la pérdida del respaldo estadounidense debilitaría la legitimidad internacional del gobierno, complicaría los procesos de paz y profundizaría la polarización interna. A la hora de compensar, Colombia se vería tentada a buscar alianzas con otros actores como Pekín o Moscú, lo que transformaría su política exterior y aumentaría su dependencia de potencias extrahemisféricas.

En la caída del telón, la salida de Colombia como socio privilegiado de Washington consolidaría un nada desdeñable vacío de poder en el Caribe y en el Cuadrante Andino. Ese espacio podría ser ocupado por potencias externas o por países vecinos que buscan reposicionarse, provocando alteraciones en el equilibrio estratégico del proscenio regional.

Repercusiones en Ecuador

Para Ecuador, el cambio de postura colombiano no sería un asunto menor: las secuelas de semejante reconfiguración serían inmediatas y directas.

En el plano de la seguridad fronteriza, la fragilidad colombiana abriría paso a un efecto derrame. Grupos armados y narcotraficantes cruzarían hacia provincias como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, intensificando la violencia y el riesgo de enfrentamientos armados en territorio soberano ecuatoriano.

En el ámbito de la criminalidad organizada, el debilitamiento del control colombiano impulsaría un incremento de flujo de sustancias psicotrópicas en Colombia y el uso de las terminales portuarias ecuatorianos —Guayaquil, Posorja, Esmeraldas y Manta— como plataformas de exportación de cocaína hacia territorio estadounidense y hacia la Unión Europea. Este factor fortalecería a las redes criminales locales, aceleraría el microtráfico y aumentaría las acciones extorsivas en las urbes ecuatorianas.

En el terreno político y diplomático, Washington podría redirigir hacia Quito la cooperación militar y antidrogas que antes tenía con Bogotá, presionando a Ecuador para convertirse en el flamante socio estratégico. Si bien ello ampliaría el marco de respaldo internacional, también podría generar tensiones con países vecinos, colocando a Ecuador en el centro de disputas geopolíticas más amplias.

En lo económico y social, la inestabilidad colombiana afectaría el comercio binacional y provocaría nuevas olas de migración irregular, con efectos sobre la economía fronteriza, los servicios sociales y la cohesión interna del país. Todo ello pondría a prueba la capacidad de respuesta del Estado, que podría redundar en el principio de una seria crisis de gobernabilidad.

A fin de cuentas, la reconfiguración de las relaciones entre los EE.UU. y Colombia no deben interpretarse como un mero ajuste bilateral. Antes, bien; se asiste al resultado de fracasos acumulados en la lucha antidrogas, a las tensiones políticas entre Washington y el actual gobierno colombiano, y a un ineludible reordenamiento de prioridades en la política exterior americana.

Para Colombia, significaría enfrentar mayor inseguridad, fragilidad económica y aislamiento político. Para Ecuador, el impacto sería aún más inmediato: más violencia en la frontera, fortalecimiento del narcotráfico, presión diplomática, y riesgo de amplificación del conflicto social.

En la perspectiva ecuatoriana, el escenario forzaría a Quito a redefinir su rol en la geopolítica regional, y a prepararse para asumir un nivel de vulnerabilidad sin precedentes en su historia reciente.