Colombia, entre el diálogo y la barbarie: la imparable fragmentación del orden
¿Podría llamarse 'paz' al proceso que Colombia ha experimentado durante el mes de junio de 2025?
¿Podría llamarse 'paz' al proceso que Colombia ha experimentado durante el mes de junio de 2025? ¿Puede un país que ve estallar autobuses en sus carreteras, asiste como testigo a atentados en sus ciudades y al homidicio de policías a plena luz del día insistir en que va camino hacia la reconciliación nacional?
La pregunta, por incómoda que sea, es lícita. Lo que ocurre hoy en Colombia, esa república vibrante y atormentada que ha sido durante décadas laboratorio de violencia, reformas frustradas y sueños traicionados, poco tiene que ver con paz: se trata de una guerra desfigurada, legitimada, disfrazada de proceso.
Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia de ese país, llegó al poder con una promesa envolvente: 'Paz total'. Suena bien, como los lemas grandilocuentes de la política moderna, tan dados al marketing como vacíos de contenido real. Paz total: fórmula mágica para acabar con el narcotráfico, el conflicto armado, las disidencias, el paramilitarismo, el secuestro y la desigualdad. Todo de una vez, sin guerra, sin castigos, sin autoridad. Pero, como ocurre siempre con las utopías, la realidad no tardó en desmentirla.
El 10 de junio amaneció como una jornada cualquiera, y terminó escribiendo el prólogo de un catálogo del horror. En un solo día, entre la noche del 9 y la mañana del 10, Colombia vivió doce atentados terroristas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca: ataques a estaciones de policía, explosivos en vías públicas, hostigamientos a bases militares, un plan pistola que puso fin a la vida de dos policías, un atentado con una buseta bomba en el peaje de Villa Rica, y dos detonaciones en centros policiales en Cali que retornaron un saldo con civiles muertos.
Las imágenes recuerdan los años noventa, cuando Pablo Escobar dinamitaba edificios en Medellín y los colombianos se acostumbraron a contar muertos con la frialdad con que se cuentan votos. Pero lo más grave no es la violencia —Colombia ha convivido con ella por generaciones— sino el vacío del Estado, la pasividad, y la desorientación.
Ese mismo mes, en la zona del Plateado, 57 militares fueron secuestrados por campesinos cooptados por las disidencias. Sí, el lector leyó bien: militares secuestrados, sin que se dispare un tiro, sin registrarse una reacción inmediata del gobierno, que sigue rehén de una inverosímil narrativa de paz mientras los insurgentes avanzan, reclutan, siembran miedo y ganan territorio.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al frente del Consejo de Seguridad en Cali, reiteró, recurriendo a conceptos preocupantes, la creciente fragilidad del Estado en algunas regiones del país. Durante la reunión, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y locales para afrontar la grave situación de inseguridad que afecta al Valle del Cauca, una de las zonas más azotadas por la violencia en los últimos meses. El Valle del Cauca no es solo el epicentro de una guerra territorial librada entre disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, sino que también ha sido testigo de una escalada en los métodos de combate, como el uso de drones cargados de explosivos, que modifican la naturaleza del conflicto. Sánchez subrayó que, a pesar de los esfuerzos para reducir los homicidios en la región, el trabajo aún está lejos de ser una victoria definitiva, destacando que el control territorial sigue siendo insuficiente.
El propio ministro reconoció que la situación no se puede ver de forma aislada, ya que los eventos de inseguridad en municipios vecinos como Jamundí observan un impacto directo en la seguridad de Cali. Mientras anunciaba un nuevo enfoque de seguridad y un ambicioso proyecto de transformación agroalimentaria en el sur del departamento, el mensaje fue contundente: la ofensiva contra el crimen no se detendrá. Sin embargo, el panorama sigue siendo sombrío debido a la ausencia de estrategias coherentes y decisivas, así como a una desconexión profunda con la realidad de las regiones, lo que continúa siendo el talón de Aquiles del actual gobierno.
Mapa de criminalidad
Por estas horas, las disidencias de las FARC operan en 299 municipios, según cifras del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Rosario. El Clan del Golfo, por su parte, domina zonas costeras del Caribe y el Pacífico, mientras que el ELN mantiene presencia en corredores estratégicos del Catatumbo, el Bajo Cauca y la frontera con Venezuela. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha sido incapaz de mostrar avances reales en sus diálogos, y las negociaciones con el EMC (Estado Mayor Central) han sido suspendidas o saboteadas por los mismos grupos con los que el gobierno insiste en sentarse.
Lejos de contenerlos, la política de “paz total” ha facilitado una expansión territorial inédita de los actores armados. Mientras el Estado retrocede y desarma su estrategia ofensiva, estos grupos han reclutado más jóvenes, traficado más drogas y ganado legitimidad social en zonas donde la única ley es la suya. En lugar de firmar la paz, están reorganizando la guerra con nuevas armas, la explotación de novedosas rutas, y la consolidación de más cuotas de poder local.
A todo esto, se suma el deterioro de los indicadores sociales y de seguridad. El primer semestre de 2025 cerró con 3.244 homicidios, un 2 % más que en 2024. Hay 950 mil personas afectadas por violencia directa: desplazamientos, confinamientos y asesinatos. El reclutamiento forzado de menores aumentó en un 95 %, y los secuestros subieron un 21 %. Según Invamer, el 72 % de los colombianos rechaza la “paz total”, y apenas 29 % aprueba la gestión de Petro. Se trata de cifras que no se desmienten con discursos ni con comunicados de prensa; antes, bien, son el fiel reflejo de una estrategia fallida y de un liderazgo desconectado de la realidad nacional.
Y si la violencia en las zonas rurales no bastaba, llegó el mensaje más perturbador de todos: el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador, férreo opositor del gobierno y precandidato presidencial. Uribe Turbay fue atacado a tiros cuando se encontraba hablando ante un grupo de seguidores, durante un mitin en el barrio Modelia en la ciudad de Bogotá. Recibió impactos de bala en la cabeza y en una de sus piernas. Un menor de edad fue arrestado como el principal sospechoso. La noticia destapó un episodio sombrío: el esquema de seguridad que protegía al político fue recortado de forma inexplicable de 7 a 3 personas, el mismo día del atentado. En medio de un panorama político crispado, donde el gobierno intentaba imponer una reforma laboral rechazada previamente por el Congreso, Uribe Turbay se había declarado públicamente en contra de dicha reforma, lo que añade una capa de tensión política a lo sucedido. El presidente Petro condenó el ataque, pero la lentitud de la respuesta gubernamental solo agudiza la sensación de un Estado ausente.
Junio negro
Los hechos de junio evidencian que la política de paz sin Estado está condenada al fracaso. Una negociación sin condiciones previas, sin exigencias claras y sin presencia institucional fuerte, no es una estrategia de seguridad: es una retirada encubierta.
Colombia necesita un viraje urgente:
- Retomar el control territorial con presencia integral: militar, judicial y social.
Bajo este desalentador panorama de inseguridad, lo que está ocurriendo en Colombia no es solo una crisis de seguridad, es una crisis de confianza, una quiebra de las instituciones. Este es un país donde el Estado ha sido secuestrado por el miedo y la impotencia, donde el clamor de las víctimas se ahoga en la indiferencia y la pasividad de un gobierno que no tiene claro si está luchando por la paz o por la supervivencia política. La ciudadanía colombiana está atrapados en una trampa, donde la libertad y la justicia parecen opciones lejanas y distantes.
Hoy, Colombia parece marchar sin rumbo, encallada entre dos mundos: el de los narcotraficantes y el de los políticos que parecen no querer enfrentarlos. El tiempo corre, pero el país sigue atrapado en un círculo vicioso de promesas rotas, de diálogos sin sustancia y de violencia sin freno. La única posibilidad de salir de este laberinto es la que no se ha querido tomar: un viraje radical, en el que el Estado recupere su soberanía, su capacidad de decisión, su integridad moral. Solo entonces será posible hablar de paz, pero de una paz real, cimentada sobre principios irrenunciables de justicia y seguridad.
Colombia exige recuperar su alma. A tal efecto, habrá de recordar -con urgencia- que la paz nada tiene que ver con un acuerdo con la criminalidad: es un pacto con la vida, la dignidad y la democracia.
Ríos es Politólogo Internacionalista de la Universidad Militar Nueva Granada, Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, y Administrador de Empresas; magister en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra- Colombia, en 'Estrategia y Geopolítica'. Es analista político, docente y columnista en el periódico El Quindiano (Armenia, Colombia) y en El Ojo Digital. Es Oficial en Retiro del Ejército Nacional de Colombia.