Colombia secuestrada: al respecto del naufragio de la 'Paz Total'
Pocas veces en la historia reciente de América Latina, un país ha sido víctima de su propia ilusión...
12 de May de 2025
Pocas veces en la historia reciente de América Latina, un país ha sido víctima de su propia ilusión; es el caso de Colombia en estos meses aciagos de 2025.
La denominada 'Paz Total', promocionada por el presidente Gustavo Petro, nada ha tenido de política de pacificación. Antes, bien: se asistió a un formato de rendición incondicional del Estado frente a la amenaza de múltiples estructuras criminales que, lejos de desmovilizarse, han consolidado su poder territorial, financiero y militar. Al contrario, esas organizaciones han profundizado su estrategia, redistribuyéndola y amplificándola.
El presente trabajo presenta cifras actualizadas y verificadas sobre atentados, desplazamientos, homicidios y presencia territorial de grupos armados ilegales, con énfasis en su incremento desde la implementación de la iniciativa presidencial. A posteriori, se desglosa el comportamiento de estos grupos en regiones críticas como el Cauca, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y el Catatumbo, con análisis contextual, comparativo y narrativo. En una tercera sección, se aborda el marco académico sobre las negociaciones de paz y se contrastan las políticas de seguridad de las recientes administraciones, a la luz de autores entendidos en la materia.
En efecto, el modelo de 'Paz Total' remite al flagrante colapso institucional que surge de haber igualado al Estado con el crimen organizado, relativizando el principio de autoridad y diseminando una apócrifa narrativa de reconciliación.
Radiografía de la violencia (Ene - May 2025)
Durante los primeros cinco meses de 2025, se han registrado más de sesenta atentados en regiones tales como Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Catatumbo, Tapón del Darién y Antioquia. Estos ataques han resultado en al menos quince militares y policías muertos y más de un centenar de heridos, entre civiles y uniformados. De acuerdo a datos registrados por el Sistema de Información de Eventos de Violencia de la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2025, han podido documentarse:
- 248 acciones armadas en 14 departamentos
- 73 atentados con explosivos, muchos de ellos en espacios públicos
- 95 uniformados muertos, incluidos 17 policías
- 118 civiles heridos y 21 muertos; esto es, víctimas colaterales de enfrentamientos
- Más de 18 mil desplazados forzados, principalmente en Cauca, Arauca y el Catatumbo
En un escenario racional, las cifras de referencia serían suficientes para que cualquier jefe de Estado reconsiderara su estrategia de seguridad. No obstante, en Colombia, donde el dogma ideológico parece primar sobre la evidencia empírica, se insiste en una paz firmada con ribetes sanguinolentos. En la voz de algunos autores académicos como Vargas Llosa, el resultado podría catalogarse como un 'autoengaño del poder populista', mientras que sería lícito emular los conceptos de Axel Kaiser, al respecto de la 'estafa moral disfrazada de redención social'.
Grupos armados y su expansión
Los siguientes departamentos han experimentado una creciente influencia de grupos ilegales:
- Valle del Cauca: Este departamento ha vivido un incremento en homicidios selectivos y enfrentamientos armados en zonas como Jamundí, Buenaventura y Tuluá. En Jamundí, disidencias de las FARC han atacado estaciones de policía y patrullas rurales.
Según Indepaz, solo entre enero y abril de 2025 se registraron 11 atentados, atribuídos al Estado Mayor Central y al Frente Jaime Martínez, lo que ha derivado en desplazamientos y un profundo temor en la población civil.
-Arauca: Este departamento fronterizo con Venezuela sigue siendo una de las regiones más afectadas por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. En estos meses, se reportaron más de 20 muertos, la mayoría combatientes, aunque también civiles atrapados en el fuego cruzado. La Defensoría del Pueblo advirtió ya en marzo sobre el reclutamiento forzado de menores y masacres en Arauquita y Saravena. La misión de Naciones Unidas denunció el uso de artefactos explosivos en escuelas rurales.
- Antioquia: El departamento presenta un resurgimiento de la violencia armada, especialmente en zonas del Bajo Cauca y el norte, donde el Clan del Golfo (AGC) mantiene control territorial y disputa rentas ilegales con otras estructuras.
En febrero de 2025, seis militares fueron asesinados en Ituango tras la ejecución de una emboscada atribuída a disidencias de las FARC. Asimismo, se reportaron ataques con explosivos en Tarazá y Caucasia. El gobernador de Antioquia ha pedido públicamente suspender cualquier tipo de cese al fuego unilateral por falta de garantías, y en razón del incremento de episodios de violencia.Los principales actores armados ilegales han incrementado también su presencia y actividades:
Lo que Petro ha llamado parsimoniosamente 'actores del conflicto' se trata, en rigor, estructuras narcoterroristas con vocación de poder local. Su crecimiento cuantitativo (más de 15 mil hombres alzados en armas) es prueba fehaciente de que la 'Paz Total' ha derivado en un proceso de rearme y expansión. Por supuesto, se asiste a la negación del principio weberiano del Estado como monopolizador exclusivo de la violencia legítima.
Valle del Cauca
Valle del Cauca
- Jamundí y Buenaventura: foco de enfrentamientos por el control de corredores hacia el Pacífico.
- 8 atentados en cinco meses; dos con coche bomba.
- Disidencias FARC atacaron estación de policía el 1 de mayo. Resultado: 2 policías muertos, 7 heridos.
El Valle del Cauca es hoy un laboratorio de violencia reciclada. Buenaventura, con presencia de 'La Local' y su conexión con cárteles de la droga mexicanos, certifica la convergencia entre crimen urbano y guerrilla rural. Podría plantearse una monumental crisis institucional en toda regla, a la luz de un 'Estado paralelo funcional' o Paraestado; aún mediando la 'capitulación de la civilidad'.
Arauca
- Guerra entre ELN y Disidencias.
- 32 homicidios selectivos entre enero y abril.
- Más de 6.500 desplazados (ONU).
- 11 ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Al igual que otros tantos departamentos fronterizos de Colombia, Arauca es hoy un símbolo de la ausencia absoluta de soberanía. La economía criminal sustituye al Estado, y los corredores de petróleo se convierten en campo de batalla.
Antioquia
- Bajo Cauca y Urabá: control del Clan del Golfo
- Mes de marzo: ataque en Ituango con 6 militares muertos
- Redes de reclutamiento infantil en Caucasia y Tarazá
En Antioquia, la política de paz se vuelve oxímoron. El gobierno habla de 'justicia restaurativa' mientras niños son reclutados y militares son frecuentemente emboscados.
Norte de Santander y el Catatumbo
- Región con alta presencia del ELN, EPL y disidencias
- 29 ataques armados entre enero y mayo (fuente: Defensoría)
- Cultivos de coca aumentaron a más de 44 mil hectáreas, citándose el informe más recientede ONUDD.
- 4 masacres registradas en Tibú y El Tarra
- 3 secuestros y múltiples amenazas a líderes sociales
El Catatumbo consigna el fracaso integral del Estado en sus dimensiones más básicas: protección, control territorial y justicia. Esta zona es una 'república autónoma' de la criminalidad, donde las FARC, el ELN y el EPL compiten en la captación de cuotas de terror. En la práctica, el Estado colombiano ha renunciado a gobernar; en consecuencia, la ficción institucional cobra fuerza en la flagrante carencia de paz y organicidad estatal.
Entre la retórica y la realidad: una falacia bautizada 'Paz Total'
Al formularse un sano ejercicio de revisionismo, que contemple las últimas cuatro políticas de seguridad, a diferencia de Alvaro Uribe -quien impuso la autoridad-, o de Juan Manuel Santos, quien al menos pactó con una estructura unificada, Petro ha abierto el diálogo a actores dispersos, sin límites claros. Es la paz del nihilismo, sin fronteras ni principios, donde la ley no existe y la fuerza estatal jamás se ejerce. Si se quiere, una tregua que equivale a una franca rendición.
De lo anterior, autores como Francisco Gutiérrez Sanín y Camilo González Posso han advertido en sus investigaciones que una negociación sin condiciones mínimas de desarme o mecanismos de verificación internacional tiende a fortalecer a los actores armados y a debilitar la posición del Estado. En tal virtud, el presente concierto de la seguridad contradice a sus planteamientos y anticipa una prognosis desfavorable para la consolidación de una paz real en los territorios.
En su artículo intitulado 'Las trampas de la paz negociada' (fechado en 2023), Gutiérrez consigna: 'El Estado no puede fungir de garante si acepta sentarse con estructuras que controlan más territorio que sus propios funcionarios locales'. En tiempos presentes, el ejercicio de control territorial en regiones estratégicas de importancia geopolítica para Colombia se exhibe profundamente afectado por la presencia e intervención de las citadas estructuras criminales.
César Gaviria, ex presidente y ex jefe del Partido Liberal, ha sido una de las voces más severas al calificar la 'Paz Total' como un 'ensayo fallido sin control político ni claridad estratégica'. El ex mandatario supo denunciar públicamente que esta política 'invita al chantaje armado', en tanto debilita las bases institucionales que costó décadas consolidar.
Por su parte, Jorge Orlando Melo, historiador y ex consejero presidencial, ha advertido que la retórica del 'perdón generalizado' erosiona la memoria histórica y trivializa los crímenes cometidos. En sus propias palabras: 'El problema no es solo negociar, sino hacerlo sin exigir verdad ni responsabilidad, convirtiendo el pasado en un olvido conveniente para los violentos'.
Fernando Cepeda Ulloa, politólogo y ex diplomático, apunta que la 'Paz Total' ha desdibujado el principio de autoridad del Estado. En recientes columnas, ha descrito esta política como una 'delegación implícita del orden público a las bandas armadas', so pretexto de avanzar hacia una reconciliación abstracta.
Enrique Santos Calderón, periodista y ex negociador de paz, ha sido igualmente contundente: 'Se está hablando de paz con estructuras sin rostro, sin voluntad y sin cohesión interna'. Ha señalado que la estrategia del gobierno 'confunde concesión con negociación, y termina convirtiendo al Estado en rehén de sus propios acuerdos mal concebidos'.
Desde nuestra posición, la Paz Total es un proyecto carente de anclaje estratégico, se presenta contaminado por una visión ideológica que desconoce en esencia la naturaleza criminal y oportunista de sus interlocutores. No hay en esta política una línea de disuasión creíble, ni se conocen exigencias mínimas de cese de hostilidades: no hay verdad ni reparación. Al contrario, se valida al victimario, se castiga al Estado, y se siembra en la sociedad una pedagogía de la impunidad. Petro ha confundido el diálogo con la genuflexión, y el resultado es un retroceso de veinte años en la legitimidad democrática del uso de la fuerza.
En conclusión, la autodenominada 'Paz Total' ha fracasado no solo como política de seguridad, sino como proyecto ético y político de Estado. En lugar de disminuir la violencia, ha permitido su mutación y expansión. El país, lejos de avanzar hacia un escenario de genuina reconciliación, ha sido testigo de una peligrosa legitimación de estructuras armadas ilegales que no han cedido terreno alguno, ni han cesado sus economías criminales. Las estadísticas lo certifican con crudeza: 248 acciones armadas, más de 18 mil desplazados, la proliferación de asesinatos selectivos, y regiones enteras sometidas por el crimen. Las comparaciones con políticas anteriores refuerzan la evidencia de que no es tolerable que se pacte sin autoridad, como tampoco lo es ofrecer espacios de diálogo a quienes jamás han demostrado una creíble voluntad de paz.
La ausencia de control territorial, el debilitamiento institucional y la ideologización de la seguridad han convertido a Colombia en un Estado que evidencia su proceso de fragmentación. Esta situación no solo representa una renuncia al uso legítimo de la fuerza, sino una claudicación del deber moral del Estado hacia sus ciudadanos. Una política verdaderamente progresista no puede basarse en la indulgencia con el crimen, sino en la firme defensa de la libertad, la justicia y la vida.A la postre, la 'Paz Total', tal como ha sido concebida e implementada, ha devenido en una utopía criminalizada y en una comprobable catástrofe para la nación.
Seguir en
@CHRISTIANDAES6
Sobre Christian Ríos M.
Ríos es Politólogo Internacionalista de la Universidad Militar Nueva Granada, Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, y Administrador de Empresas; magister en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra- Colombia, en 'Estrategia y Geopolítica'. Es analista político, docente y columnista en el periódico El Quindiano (Armenia, Colombia) y en El Ojo Digital. Es Oficial en Retiro del Ejército Nacional de Colombia.