Sanciones 2025: impacto y negociaciones contra reloj

La Administración Trump, en su segundo mandato iniciado en 2025, ha convertido a las sanciones económicas, comerciales y financieras en un eje central de su estrategia para moldear las relaciones internacionales y defender los intereses estadounidenses. En rigor, el enfoque -que muchos podrían calificar de extorsivo, si no fuera por el lógico poder de negociación americano, cimentado en la proyección militar y en el peso específico geopolítico de Washington- poco tiene de novedoso. Retoma elementos extraídos del ciclo 2016-2020, aunque hoy se ha ampliado y recalibrado sus metas, terciando un approach confesa y marcadamente agresivo.



Lejos de limitarse a acciones punitivas puntuales, el sistema de sanciones en progreso pretende sanear desequilibrios comerciales, resguardar aspectos críticos de la seguridad nacional y, en algunos casos, inducir la puesta en funcionamiento de cambios políticos de magnitud en gobiernos evaluados como adversarios. A tal efecto, se han desplegado medidas que van desde el franco congelamiento de activos -con severísimas restricciones financieras-, hasta el encuadramiento de aranceles específicos y embargos, afectándose tanto a rivales estratégicos como a aliados tradicionalmente cercanos a los intereses de los EE.UU.

Ecosistemas nacionales tales como el chino, iraní, venezolano, ruso o norcoreano han sido, esta vez, los blancos de oportunidad; sin embargo, aliados otrora percibidos como naturales de Washington, como Canada, México y países de la Unión Europea también han experimentado la presión derivada de estas políticas. 
 

El diseño del sistema de sanciones de 2025 se sostiene sobre tres cimientos, para consolidar una maximización de su impacto. En el concierto económico y financiero, la Administración Trump se ha decidido por el congelamiento de activos de particulares y empresas privadas; ha restringido transacciones internacionales; y ha bloqueado preventivamente la exportación de recursos críticos de ciertas naciones sancionadas, como ser energéticos y/o tecnológicos.

En el teatro de operaciones comercial, se han interpuesto aranceles específicos -donde cabe destacar el arancelamiento discrecional que perjudica a las exportaciones de acero y aluminio de naciones variopintas-; embargos completos (caso Venezuela); y límites estrictos a la exportación de tecnología avanzada, con la República Popular China como objetivo prioritario. A este empeño se suma una constelación de sanciones diplomáticas -en donde se destaca la restricción de visados y la enumeración de prohibiciones de viaje para funcionarios de gobiernos hostiles. Definición que, aún cuando observare una naturaleza simbólica en algunos ejemplos, refuerza un modelo de presión sobre las élites políticas.

Los objetivos detrás de esta colección de resoluciones no serían sutiles: reducir el déficit comercial que los Estados Unidos de América mantienen históricamente frente a socios como China, México o la UE; contener lo que se percibe como amenazas contra la propia seguridad nacional (en tal virtud, obstaculizar el programa de misiles balísticos iraní, y su correlato en Pyongyang); y, en el epílogo, debilitar a regímenes ideológicamente contrapuestos a los intereses de Washington, acaso con la esperanza de precipitar transiciones políticas de magnitud. Esto es, una suerte de revival del fallido regime change (mala palabra para militantes y el hippismo antibelicista de las décadas del sesenta y setenta, pero empresa alegremente celebrada hoy por halcones del actual establishment de la defensa, y por el circunloquio progresista del centroizquierda con base de sustentación en el Partido Demócrata).
 

Los resultados de estas sanciones en 2025 han sido una combinatoria de éxitos palpables y consecuencias no deseadas, reflejando la complejidad inherente al empleo de semejante herramienta en un mundo interconectado. Por un lado, la presión sobre adversarios ha rendido frutos evidentes: en la República Islámica de Irán, las restricciones contra el sector petrolero han derivado en una drástica merma de sus exportaciones, asfixiando la economía de los ayatolás y reduciendo la capacidad de Teherán para financiar actividades (o ejércitos subsidiarios) en la región, en el proceso.

Venezuela, situada hoy bajo un embargo total, ha visto colapsar aún más su alicaída industria petrolera, dejando al gobierno con menos recursos para sostenerse. En el ámbito comercial, las sanciones han empujado a países como China a firmar renovados convenios que involucran compras masivas de productos Made in USA, mientras que México y Canadá han aceptado ajustes en el vapuleado T-MEC, tras tener que lidiar con aranceles puntuales. Adicionalmente, las medidas arancelarias contra el acero y el aluminio han revitalizado la producción interna en suelo estadounidense, creando empleos en sectores críticos y cumpliendo promesas de campaña de Trump -quien debe mucho a su base electoral de trabajadores WASP.

No obstante, no todo ha sido positivo. La represalia china ha azotado con particular crudeza al mundillo de agricultores estadounidenses, forzando a la Casa Blanca a compensarlos con onerosos subsidios. Asimismo, los aranceles han encarecido los insumos para industrias como la automotriz, afectando a los consumidores en el epílogo. En el plano internacional, la renovación de tensiones frente a aliados como Canada, la UE o Turquía han incrementado su magnitud; y la economía global ha sentido el doloroso puñetazo de la guerra comercial con Pekín.
 

El intrincado panorama ha llevado a varios países a explorar salidas negociadas con otros socios, como prototipo de salida para la presión derivada de las sanciones, demostrando tanto su efectividad como los límites de resistirlas en solitario. China, por ejemplo, ha accedido a incrementar sus importaciones desde los EE.UU., revelando una relativa predisposición a revisar sus políticas de propiedad intelectual, aunque sin ceder por completo en su proyecto de rivalidad estratégica -menos en su sapiente explotación del espionaje industrial, su arma no tan secreta. Resta asistir aquí al desenlace de la Variable Fentanilo: la República Popular es un renombrado exportador de la substancia (casi nueve toneladas en todo 2023), y el primer comprador de la misma no es otro que el consorcio internacional del Big Pharma. En simultáneo, tanto Canada como México favorecieron notoriamente el ingreso de otras tantas toneladas del producto hacia territorio continental de los Estados Unidos -lo cual derivó en el recurrente desastre sanitario, cobrándose la vida de un aproximado de 80 mil ciudadanos estadounidenses con rigor anual. Harina de otro costal: ni Ottawa ni el Zócalo azteca se han comportado como socios confiables, a los ojos de no pocos analistas suspicaces en el Beltway.

En el complemento, los gobiernos mexicano y canadiense han ajustado ciertos considerandos del T-MEC para que el convenio incluya reglas atendiblemente más estrictas en torno al comercio digital y a estándares laborales, evitando una escalada arancelaria. Y, lícito es recordarlo: como enclenque heredero del NAFTA, el T-MEC ha puesto de suyo para el incremento exponencial en el tráfico de estupefacientes hacia la América Profunda.

Allende el Atlántico (y más allá), la Unión Europea ha logrado exenciones temporales, y ha inaugurado un canal de diálogo para prevenir una guerra comercial de orden superior. En el cuadrante asiático, Corea del Sur ha revisado el acuerdo KORUS, aceptando cuotas de exportación de acero a cambio de un preconcierto de estabilidad. Por su parte, el Japón, mediando un acuerdo comercial de alcance limitado, ha reducido aranceles agrícolas e industriales, y la República de la India ha negociado la restauración de preferencias arancelarias bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. A ojos vista, una certificación de que, a pesar de su carácter disruptivo, las sanciones han operado como catalizador para renegociar términos en favor de los intereses estadounidenses, al menos en el corto plazo.

 

En conclusión, el sistema de sanciones de la Administración Trump en 2025 se ha consolidado como una herramienta de gran alcance, capaz de presionar a adversarios, proteger industrias nacionales y forzar acuerdos comerciales, aunque sin escatimar significativos costos. Por supuesto, la puesta en marcha de este modelo punitivo rubrica el poder estadounidense a la hora de imponer su voluntad, pero se multiplican los riesgos de depender en exceso de una estratagema que, amén de su pretendida efectividad, no está exenta de controversia. La configuración de un novedoso Imperio Norteamericano (como expresión geográfica complementada con Groenlandia y el Canal de Panamá) que mire más hacia adentro que hacia afuera de sus fronteras, no sobrevendrá sin facturas a pagar.

Allí está, por ejemplo, el estruendoso crash de los mercados -secuelas esperables de una quimioterapia que, al menos así se declara, sirva para retornar a la cordura de los fundamentals).