Preocupa la adquisición de tierras por parte de China en los Estados Unidos

A lo largo de los últimos dos años, casi la mitad de los estados de la Unión americana pusieron manos a la obra, a efectos de someter a escrutinio la compra de tierras vinculada a China y a otros adversarios del extranjero. Fundamentalmente, la preocupación se centra en aspectos de seguridad nacional -y en la amenaza representada por Pekín, con razón.


El gobierno federal no tiene idea de cuántas hectáreas tutelan entidades de origen chino en territorio estadounidense. Legalmente, el Departamento de Agricultura debe llevar registro de la titularidad de tierras cultivables a manos de extranjeros; sin embargo, ha subestimado las propiedades en manos de ciudadanos chinos, al menos en un 50%.

Y, aún cuando las inversiones chinas en los EE.UU. están retrocediendo en general, la adquisición de propiedades por ciudadanos chinos en suelo estadounidense se ha incrementado. Más aún, la capacidad del gobierno federal en materia de seguridad nacional ha fracasado en reiteradas oportunidades, a la hora de evaluar esta amenaza.

El gobierno estadounidense aprobó, por ejemplo, la compra por parte de ciudadanos chinos de Smithfield Foods, el principal productor de carne porcina en el país, lo cual involucró la adquisición de decenas de miles de acres de tierras para agroganadería.

Asimismo, el gobierno aprobó la compra de decenas de miles de acres en el estado de Texas, por parte de un ex oficial militar chino, para ejecutarse un proyecto de dudoso origen en cercanías de una base de la Fuerza Aérea, y de instalaciones que proveen de energía eléctrica a ese estado de la Unión. Los legisladores tejanos, liderados por el Senador Tan Parker -del Partido Republicano- terminaron ocupándose del asunto por propia cuenta.

En otro ilustrativo caso, el gobierno federal declaró no contar con la autoridad para someter a revisión la inversión de US$ 700 millones -por parte de una firma china- en la periferia de otra base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el estado de Dakota del Norte, operación que la Fuerza Aérea calificó como una 'amenaza significativa contra la seguridad nacional'. Por fortuna, las autoridades locales elevaron el alerta y bloquearon el proyecto -sin asistencia externa.

Claramente, las agencias de la seguridad nacional en los EE.UU. podrían esforzarse. 

En el andarivel federal, los legisladores deberían asegurarse de que las agencias dedicadas a la seguridad nacional se encuentren en capacidad de identificar a firmas extranjeras que operen como fachadas -sobre todo si éstas se encuentran bajo control de adversarios en el exterior, y si adquieren bienes inmobiliarios en los EE.UU. La legislación exige que se refuercen los protocolos para revelar la titularidad de zonas aptas para la agroganadería, y si se encuentran bajo tutela de operadores del extranjero.

El Comité dedicado a Inversión Extranjera en los EE.UU., cuya responsabilidad coincide con someter a escrutinio a toda inversión extranjera por razones de seguridad nacional, necesita contar con jurisdicción sobre la compra de tierras a manos de ciudadanos y entidades chinos, y poder proceder jurisdiccionalmente de manera extensiva. El comité interagencias también debe tratar la tutela de propiedades chinas sobre zonas dedicadas a la producción de alimentos, como la amenaza contra la seguridad nacional que ello representa.

Ahora mismo, decenas de estados americanos ya restringen la titularidad de tierras a extranjeros; muchos han tomado acciones directas contra intentos de compra a manos de adversarios extranjeros, en los últimos dos años. Conforme los legisladores estatales insisten en tomar seriamente las amenazas contra la seguridad que surjan de la compra de terrenos, los siguientes tres principios podrán ser de ayuda a la hora de categorizar las amenazas -sin que se incurra en dificultades para empresas y personas, y sin que las definiciones sean tan amplias como para generar vacios legales.

1. Considerar la revisión de transacciones, antes que prohibir operaciones de compra. Como principio general, las restricciones a la propiedad deberían ser lo más precisas posible, para lidiar con amenazas genuinas.

La revisión de transacciones individuales pueden reducir la necesidad de prohibiciones más extensivas; esto también puede permitir que los estados preserven oportunidades para el desarrollo económico que no consignen amenazas contra la seguridad nacional; y pueden evitar la necesidad de legislar sobre vacíos legales cuando un estado cuenta con información de confianza que refiere que una corporación tutelada por un adversario extranjero ha adquirido terrenos.

2. Considerar toda amenaza posible. Algunos estados han limitado la implementación de nuevas restricciones a gobiernos adversarios o a firmas tuteladas por actores estatales -pero, como es sabido, no existe tal cosa como una firma china que sea enteramente de capitales privados.

Todas las firmas chinas están obligadas -por la legislación de su país- a obedecer los dictados del régimen comunista en Pekín; en consecuencia, las restricciones a operaciones sobre tierras aptas para agroganadería deberán incluír a fimas chinas, así como también a sus subsidiarias.

De igual modo, la letra de ciertas legislaciones estatales aplican solamente a tierras cultivables. Aún cuando se trata de una categoría sensible de terrenos, la adquisición china de propiedades no asentadas en ese tipo de áreas también deberá ser considerada con la debida seriedad.

3. Resguardar la libertad de mercado. Las consecuencias deberán caer exclusivamente sobre los adversarios extranjeros, mientras que la responsabilidad civil asociada a las restricciones no deberá imponerse a vendedores ni brokers, a profesionales del real estate, ni a quienes sometan sus propiedades a regímenes de alquiler.

Complementariamente, los estados habrán de tener en cuenta evitar perjudicar la integridad de los registros sobre la tierra, y los registros de titularidad. Deberán asegurarse de que cualquier acto de flagrancia sea dirigido a través del proceso judicial estándar, documentándose todo apropiadamente.

Amén de que la amenaza china revela una proyección global, las amenazas de la República Popular contra el territorio de los Estados Unidos están adquiriendo un carácter agravado debido a la recurrencia de ataques cibernéticos, el robo de propiedad intelectual, los peligrosos planes que China ha sancionado para empresas estadounidenses, sus actividades de monitoreo y vigilancia, la penetración de infraestructura, la interferencia de sistemas militares de comunicaciones, y el espionaje sobre bases militares estadounidenses -para referirse a asuntos más delicados, además del incidente con los globos espía.

El control chino de tierras en los Estados Unidos sólo exacerbará la totalidad de aquellas amenazas, elevando los riesgos de largo plazo -como sucede con el control de la producción y distribución de alimentos para ciudadanos estadounidenses.

Los estados hacen bien en preocuparse, mientras que el gobierno federal nada hace para asistirlos. Los sistemas de gobierno, tanto a nivel federal como estatal, deberán tomar medidas en torno a la compra de tierras por parte de ciudadanos y entidades chinas, antes de que el problema mute en una seria crisis.

Artículo original, en inglés

El autor, Bryan Burack, es consultor senior para temas relacionados con China y el cuadrante Indo-Pacífico, en el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C.