Argentina: discurso de A.F.; tres omisiones centralmente críticas

En general, nadie espera de los discursos con los que se inauguran sesiones anuales otra cosa que lugares comunes: un repaso auto-apologético de lo gestionado, una visión de las dificultades afrontadas junto al talento del equipo que las superó y, finalmente, una visión optimista de los días que vendrán -si todos comprenden que el esfuerzo colectivo tendrá por previsible remuneración la felicidad de todos. Sin embargo, la Argentina de marzo de 2022 no puede otorgarse siquiera ese modesto lujo.

El Presidente tenía ante sí al menos tres opciones en torno al contenido del mensaje a ofrecer a la Asamblea: a) clonar un texto típico, aburrido y previsible, conforme lo describimos arriba; b) lanzar una andanada de juicios y advertencias que convirtieran cada párrafo en una bomba de fragmentación y, c) un camino intermedio en el que se conjugaran dos elementos: en medio de una literatura somnífera, brindar un golpe audaz y contundente en la mandíbula de la bancada opositora y, en simultáneo, omitir toda referencia a un puñado de cuestiones cuyo planteo no puede demorarse, dado el peso específico que observan en el cuadro clínico de un país en trance oncológico. A la postre, el Presidente se inclinó por la última opción, a la que visualizó también como la única disponible.


De eso no se habla

Las encuestas que miden las expectativas de los empresarios en torno a la incorporación de nuevos colaboradores consignan, en el caso de las PYMES (las cuales, como se sabe, dan empleo al 85 % de la población que se desempeña en relación de dependencia), un alto porcentaje de respuestas que merodean los siguientes tonos: 1) Previo a tomar empleados, preferimos pactar horas extras;. 2) Ídem: preferimos contratar personal temporario; 3) Ídem: preferimos perder ventas antes de comprar un conflicto judicial probable en el corto plazo; 4) Ídem: preferimos esperar un tiempo a que la demanda se consolide y comparta signos de vitalidad genuinos, previo a ampliar el plantel a efectos de, enseguida, encarar el costo de despedir.

Caro lector: el presente listado, que bien podríamos ampliar generosamente si no temiéramos fastidiarle, pone en evidencia -con meridiana claridad- que la actual legislación laboral, vaciada en una matriz diseñada para la Argentina de hace cuarenta y ocho años, debe ser revisada antes de que el número de asistidos por el Estado arruinado supere a la población laboralmente activa, bajo un régimen formal o informal. Con todo, el discurso presidencial omitió este primordial asunto, y voceros oficiosos que valoran el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ponen de resalto -con juvenil entusiasmo- que el organismo multilateral no lo ha exigido. 
 

La primera consecuencia -entre otras igualmente graves- de la falta de estímulo a la iniciativa de los empleadores implica que la cifra de trabajadores activos por cada jubilado presenta una relación crecientemente desfavorable para el financiamiento saludable del sistema previsional. Necesariamente, los haberes de los jubilados ingresan en un plano inclinado, y nada hace prever que la situación se revierta. Es decir que el número de trabajadores cotizantes del sistema viene reduciéndose en relación al crecimiento vegetativo de la población, mientras el número de beneficiarios del sistema de jubilaciones, pensiones y la decena de programas de asistencia social han crecido en los últimos años -y lo han hecho en progresión geométrica. Notoriamente, el discurso omitió el planteo concreto del tema, limitándose a proponer una reducción progresiva de los planes de asistencia, como una forma cortés de halagar una demanda mayoritaria de la sociedad. No existe una solución sencilla y baja en costos políticos en el plazo inmediato: correr la edad jubilatoria, unificarla en un edad única de sesenta y cinco años, suspender al menos dos años la concesión de nuevos beneficios, y otras variantes tanto o más irritantes, constituyen tragos amargos que resultarán más intolerables con el mero paso del tiempo.

Un segmento del déficit de las cuentas públicas recae en el sistema de subsidios a la oferta,tanto de combustibles como del sistema de transporte de pasajeros urbanos. Una impresión, basada en el humilde sentido común, refiere que el mecanismo se encuentra ya agotado: financiado con emisión espúrea de moneda -evidentemete despreciada por los naturales-, el impuesto inflacionario saquea diariamente a los usufructuarios del ingenioso artefacto. De resultas de lo cual, el subsidio al gas o al servicio de ómnibus, presentados como medios indirectos de refuerzo salarial, se convierten en un ilusión apenas óptica. Infortunadamente, el mensaje no se atrevió a presentar la cuestión, siquiera como invitación a meditar alternativas. Con una ingenuidad que pareciera simulada, los comentadores del acuerdo con la bestia negra del Fondo ponen de resalto que se aplicará una tarifa realista (esto es, cerca de un 300% de aumento directo) al 10% de la población con ingresos cercanos a los doscientos mil pesos. Nadie en su sano juicio puede creer que la solución al gigantesco embrollo se salva con una idea tan brillante como sencilla. 

En 2021, el Frente de Todos acusó una derrota sin atenuantes, ante una coalición integrada por la fuerza que realizó una gestión penosa durante el período gubernamental anterior. En 2019, la victoria de la fórmula Fernández-Fernández había sido posible por una diferencia de apenas 8%, de los cuales casi con seguridad el massismo habrá aportado la mitad. He aquí el desafío del Presidente de la Nación: en dieciocho meses, deberá lidiar con las cuestiones más difíciles de digerir para las grandes mayorías, haciéndose tiempo para recoger los laureles de una epopeya que le permita a él -o a quién resulte ungido- ganar cuatro años de gobierno.

Nada es sencillo, cuando se tienen responsabilidades en la administración gubernamental. Pocos son los consejos de validez supratemporal que pueden susurrarse al oído del Primer Magistrado, cuales verdades reveladas. Uno de ellos puede ser que, dada una situación dramática, el costo político de resolverla es directamente proporcional al tiempo que se demore la toma de decisiones. El Presidente lo sabe; sin embargo, prefirió omitir algunas de estas importantes cuestiones en su discurso.

Acaso piense que, en ocasiones, es mejor no hablar de ciertas cosas.