América Latina: dictadura de minorías

En occidente, o -más específicamente- en aquellos Estados-nación que por definición son repúblicas, existen sistemas de gobierno de participación ciudadana (democracia). Este concepto rige desde la Grecia clásica, con una organización política social y económica bien establecida que ceñía las ciudades-estado, promocionándose la condición del ciudadano. Sin embargo, y a pesar de la antigüedad del concepto, el nivel de participación de la ciudadanía era limitada: los esclavos no eran considerados ciudadanos per se.

Tiempo después, Rousseau, Montesquieu y Locke argumentaron que el modo más apropiado de garantizar la paricipación debía darse en el seno de un sistema democrático, o gobierno del pueblo. Emerge, entonces, un paralelismo: la libertad es resguardada desde la democracia, y la misma precisa de las libertades individuales y colectivas para sostenerse.

Así las cosas, el concepto 'ciudadano' remite a una exaltación unipersonal y colectiva de autoridad y prestigio en una sociedad dada. Bordeau, por ejemplo, concibe que el ciudadano debe de tener y adquirir un nivel elevado de responsabilidad -incluso de obligaciones- en el seno de una sociedad, en virtud de que la razón y su formación le imprimen una condición de madurez con capacidad y poder de decisión sobre la res pública, esto es, el ciudadano cuenta con la capacidad de tomar decisiones sobre lo que interesa al colectivo, por sobre los intereses individuales.

De tal suerte que la democracia debe ser ejercida por ciudadanos genuinamente libres; el ciudadano no adquiere su condición meramente a través de una cédula o de una nacionalidad, sino que lo hace a través de su co-responsabilidad y obligaciones. Más importante aún, debe perfeccionarse en aspectos tales como ética, la razón y la educación.

Abraham Lincoln, ex presidente de los Estados Unidos de América, planteó que la democracia es un sistema en el cual gobierna el pueblo, 'Por y para el pueblo'. De lo que surge una relación entre gobernantes y gobernados, originándose la autoridad en ese mismo pueblo. Georges Clemenceau definió al pueblo como una masa de intereses móviles cuyo eje es la razón de los sueños, las pasiones y las esperanzas, aunque también subraya la importancia del cuestionamiento: pone en duda la capacidad de un pueblo para autogobernarse, por cuanto esa masa popular puede ser tutelada por caprichos, sofismas y sentimientos -motorizados por una ruidosa y activa minoría.

A la postre, el conjunto de emociones y pasiones puede interferir con el sistema de gobierno del pueblo, cooptado por minorías.

En consecuencia, el ideal democrático contabiliza tres limitaciones: 1) se ve condicionado por la libertad individual, que no puede ser absoluta -en razón de que sus límites son fijados por el Estado y por los derechos de terceros; 2) existe la posibilidad de que se consolide una dictadura de mayorías, conforme las políticas públicas se implementarán a partir de consensos mayoritarios; 3) se acepta la representación en la forma de un grupo de personas calificadas para representar al conjunto, tras lo cual se diseñan cuerpos corporativos de elección popular, conocidos como asambleas, consejos, o el mismo congreso.

En tal sentido, los desarrollos recientemente registrados en Colombia, con múltiples paros y protestas que se abrazan a acciones de vandalismo o emparentadas con el terrorismo, exponen de manera contundente la escasa capacidad del Estado para reaccionar frente a las amenazas. Adicionalmente, es perceptible el esfuerzo que caracteriza a núcleos confesamente minoritarios que, nutridos por intereses políticos específicos, se abrazan a una metodología insurgente para dejar traslucir sus exigencias y reclamos. En el epílogo, el método recurrido por esos grupos es la violencia política.

En rigor, el Caso Colombiano ejemplifica los formatos en los que una minoría busca imponer su voluntad a través de actos violentos, para imponer su agenda ante mayorías que, lejos de aprobar cualquier accionar de vandalismo, trabajan a través del consenso. El objetivo de esos espectros minoritarios en Colombia confiesa una necesidad de torcer la voluntad de las mayorías.

Tales grupos niegan categóricamente el concepto de ciudadanía; no muestran interés en plantear su ideario a través del debate o del consenso. Antes, bien; se caracterizan por su intransigencia e ignorancia. En los hechos, se exhiben francamente alejados de los conceptos vinculados a cualquier consenso democrático, conforme se los describiera al inicio.

En un plano táctico, las ya mencionadas minorías violentas incurren en bloqueo de autopistas y caminos, cobran peajes ilegales, destruyen la infraestructura de transporte, dinamitan puentes y oleoductos, secuestran y asesinan personas, destruyen y saquean ciudades -con el objetivo estratégico de coartar la libertad de las mayorías. Lejos de consignar una vía libertaria, esos núcleos se aferran a un plan desestabilizador. Acaso para consolidar una agenda que jamás han podido implementar desde la vía democrática.

Parece un factor común a la realidad de no pocas naciones en América Latina: el empleo de la violencia a efectos de imponer una voluntad de minorías en los andariveles político y social. Insólitamente, esos grupos cuentan con una visible representación legislativa, a criterio de potenciar la imposición de una utopía. El camino para lograrlo exige utilizar encapuchados y armamento.