El esfuerzo hipócrita de Joe Biden a la hora de poner fin a los delitos violentos se queda corto

En los Estados Unidos, se han conocido buenas noticias, y también malas. Entre las buenas -aunque sean de carácter negativo al mismo tiempo), se cuenta que la Administración Biden finalmente ha sido forzada a reconocer el incremento en los delitos violentos -particularmente los homicidios- en numerosas ciudades americanas, y que ésto es un problema.

A tal efecto, no debería sorprender que el 24% de incremento registrado en homicidios durante el primer trimestre de este año -al comparárselo con el de 2020- y un 49% de incremento al tomarse como variable ese mismo período en 2019, sean motivos de preocupación para la ciudadanía.

Adicionalmente, la mala noticia es que la solución planteada a este problema por la Administración Biden no es más que una pantalla de humo, diseñada para obsequiarle cobertura política.

Para empezar, la política del presidente Biden para combatir los delitos violentos ni siquiera menciona la principal locación donde el propio jefe de Estado ha tolerado que ese tipo de delitos proliferen: la frontera sur.

En efecto, la vicepresidente Kamala Harris finalmente acordó visitar la frontera, meses después de ser designada 'Zar fronteriza', y apenas pocos días antes de que Greg Abbott, gobernador del estado de Texas, y el ex presidente Donald Trump declararan que visitarían la zona. Sin embargo, una mera fotografía para los medios en nada contribuye a aportar soluciones.

Conforme lo dejara en claro recientemente el Director del FBI, Christopher Wray, el caos en la frontera está generando una crisis que le ha dado carta blanca al contrabando de estupefacientes, al tráfico de personas, y a las actividades de pandillas criminales. Todos estos procederes han florecido allí, y también se han ampliado hacia otros sitios.

E, infortunadamente, el escenario se completa con los agentes de policía -que por cierto han sido demonizados y han visto su moral decrecer durante todo el año pasado- y con fiscales que incumplen con su deber, financiados por multimillonarios afectos a la izquierda como George Soros. Estos últimos se rehúsan a cumplir con sus deberes, esto es, a apegarse a la letra de la ley.

¿Cabe entonces preguntarse aún por qué los delitos violentos se han disparado? La desafortunada realidad, como ya hemos apuntado previamente, es que suelen ser los pobres y los segmentos pertenecientes a minorías en la población quienes cargan con la más pesada carga del delito.

Tales son los motivos por los cuales la estrategia de Biden, por así decirle, que fuera dada en llamar Estrategia Abarcativa para Impedir los Delitos con Armas y Responder Ante Ellos para Garantizar la Seguridad Pública (comprehensive Strategy to Prevent and Respond to Gun Crime and Ensure Public Safety) es fallida. Abunda en hipocresía -si el lector sabe leer entre líneas.

Mientras que el presidente afirma que otorga a 'las fuerzas del orden con las herramientas e instrumentos necesarios para atacar la violencia con armas de fuego', está claro que se trata de una promesa vacua.

¿Por qué motivo? Porque el propio presidente estadounidense se ha asociado con, en tanto los ha dotado de poderes, numerosos individuos que entienden que nuestro sistema de justicia es sistemáticamente racista, y que han trabajado con esmero para ponerlo en riesgo. Y lo han hecho respaldando a fiscales rebeldes en todo el país -particularmente en ciudades como Chicago y Saint Louis, localidades en donde las bajas producidas por los homicidios se asemejan mucho a las compartidas por una zona de guerra.

Entre las organizaciones no-gubernamentales cuyos líderes se presentan como presuntos 'líderes sociales' que declaman defender la 'seguridad pública para niños, familias y comunidades para promocionar la igualdad', se cuenta a Open Society Foundations, patrocinada y financiada por Soros. En definitiva, algunos de los socios de Biden han estado trabajando con el solo objetivo de destruir al sistema desde su seno, a partir de la designación de fiscales rebeldes.

De tal suerte que, antes que proponer perniciosas medidas tendientes a prohibir, por ejemplo, los fusiles de asalto -armamento perteneciente a una categoría que el propio director que Biden propusiera para la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha tenido notables dificultades para definir- y antes que prohibir cartuchos de alta capacidad (ambas ellas, maniobras políticas pensadas para satisfacer a su base electoral), el presidente de los Estados Unidos debería dotar activamente de poderes a la policía para que ésta pueda hacer su trabajo, y alentar a los fiscales de distrito para que ellos también lo hagan, esto es, imputando y procesando a perpetradores de delitos.

El propio Biden debería subrayar que, si esos elementos no cumplieren con las funciones para las que fueron designados, los fiscales del país serán reemplazados -tal como sucedió durante la Administración Trump.

Sin lugar a dudas, la propuesta de Biden para caerles con todo el peso de la ley a los comerciantes de armas que 'violan leyes y reglamentos con conocimiento de causa' es un buen comienzo, aún cuando difícilmente ello logre interrumpir el flujo de armas hacia el mercado negro. Sería mejor que las autoridades federales comiencen por reforzar agresivamente la legislación existente, antes que diseñar nuevas medidas -que también son restrictivas.

Ahora mismo, la triste realidad no evidencia que, como ha bromeado el presidente, los ciervos salen a pastar portando chalecos de Kevlar. Antes, bien; en rigor, deberían hacerlo los niños que salen a caminar por las calles de las ciudades estadounidenses.

Cuando se utilizan las comparaciones adecuadas, comprenderá el presidente que el asunto nada tiene de divertido.

Artículo original, en inglés


* Desarrollado junto a Zack Smith, fellow en temas legales en el Centro Meese para Estudios Legales y Judiciales, en el think tank The Heritage Foundation (Washington, D.C.).