Ecuador: el peor legado de la 'revolución ciudadana'

Mucho se habla al respecto de que el nuevo gobierno ecuatoriano no pueda garantizar la gobernabilidad, por tener una minoría en la Asamblea, pero el verdadero atentado contra la gobernabilidad a mediano y largo plazo es la Constitución de Montecristi. La semana pasada, comenté aquí algunos de los cambios que podría emprender el nuevo presidente con las facultades que tiene en virtud del sistema hiper-presidencialista de dicha constitución. Ahora, es menester ahondar por qué esta es quizás el peor legado de la Revolución Ciudadana.

 

Una constitución compatible con una democracia liberal no debería imponer determinado proyecto político —mucho menos si es un proyecto autoritario— como lo hizo el documento adoptado en 2008. Históricamente, las constituciones de las democracias liberales han servido para limitar el poder, y la de Montecristi más bien ha logrado lo contrario.

 

Retomando el tema de la minoría en la asamblea del próximo gobierno, cabe recordar que, no hace mucho, un presidente llegó a Carondelet sin un solo asambleísta de su partido. Obviamente, Rafael Correa hizo eso intencionalmente, pretendiendo dinamitar el sistema de gobierno vigente —una tambaleante democracia liberal— y reemplazarlo con una democracia de corte autoritario que concentraba poderes en el Ejecutivo. Lo que sucedió en los primeros meses de su gobierno fue un fugaz ataque a las instituciones que hubieran servido para evitar las violaciones a las libertades individuales de los ecuatorianos en la década posterior.

 

Un buen amigo describió lo que sucedió durante esos días como un 'caos organizado'. Una semana se destituía a todos los congresistas de oposición valiéndose de un tribunal electoral capturado que no tenía facultad para juzgar a congresistas, otra semana se instauraba el notorio 'congreso de los manteles' para desconocer lo decidido por Tribunal Constitucional y proceder en contra de todas las disposiciones constitucionales y legales hacia una asamblea constituyente. 

 

Con todos sus defectos, la Constitución de Montecristi puede servir para empezar  a construir el camino de retorno hacia un Estado de Derecho. No es lo mismo valerse del exceso de poderes concentrados en el ejecutivo para construir un proyecto autoritario, que hacerlo para sentar las bases de una sociedad de personas libres. 

 

Pero, eventualmente, será un obstáculo para lograrlo. Por eso concuerdo con la propuesta de Francisco Huerta, Simón Espinosa Cordero, Mauricio Gándara, entre otros, de que el nuevo Presidente convoque a un referéndum para que los ecuatorianos elijan entre la Constitución de 1998 o continuar con la correísta.

 

Esto nos permitiría volver a tener una Carta Política que limite el poder y garantice las libertades individuales. Hay un antecedente no tan lejano en nuestra historia: el referéndum de 1978, mediante el cual se sometieron a votación dos textos constitucionales. Los ecuatorianos tuvieron que elegir entre la constitución nueva de 1978 y la anterior de 1945 con ciertas reformas.

 

El texto de 1998 seguramente tiene sus defectos, pero por lo menos contempla una mayor separación de poderes y una ventana hacia la descentralización de las competencias del estado, una avenida prometedora para fortalecer la democracia liberal y armonizar un país sumamente dividido.