Biden no deberá levantar prematuramente la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo

A comienzos de la pasada semana, la Administración Trump designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. A pesar de las críticas que consignaron que la decisión fue motivada políticamente, los hechos son contundentes.

A lo largo de los últimos dos años, el régimen cubano se ha rehusado a extraditar a líderes del Ejército Nacional de Liberación (ELN), de vuelta a Colombia. En 2019, este núcleo terrorista detonó un coche-bomba, asesinando a veintidós cadetes de policía e hiriendo a otros ochenta y nueve. En ese momento, el gobierno colombiano y el ELN tomaban parte de conversaciones de paz, las cuales el gobierno decidió suspender y aún están pendientes de continuar.

Mientras que Cuba rechazó entregar a los líderes terroristas, el ELN continúa dedicándose al contrabando de estupefacientes y al secuestro de ciudadanos colombianos. Más allá de ello, el recurrente rechazo de La Habana a extraditar a terroristas y fugitivos estadounidenses buscados por Washington amerita, legalmente, se mantenga la designación de este país.

Los críticos de la Administración Trump afirman que la motivación detrás de la designación es política, debido al timing de la transición en los Estados Unidos. Mientras que la comunidad de la política exterior en el Distrito de Columbia se obsesiona con la política doméstica, los eventos del mundo real rara vez tienen contrapeso en el calendario electoral americano. Es altamente improbable que el ELN, por ejemplo, haya influído en las elecciones estadounidenses de medio término en 2018, tras el ataque con coche-bomba de comienzos de 2019.

Esta designación tampoco debería representar una sorpresa para los observadores y entendidos en Cuba. En mayo de 2020, el Departamento de Estado informó al Congreso que Cuba no estaba cumpliendo con sus obligaciones antiterroristas.

El lidiar con el régimen cubano presentará un desafío central para la próxima Administración Biden, en particular para su equipo de política exterior para el Hemisferio Occidental. Las circunstancias han cambiado desde la época en que el ex presidente Barack Obama normalizó las relaciones con La Habana, realizando -de manera unilateral- un sinnúmero de concesiones. Cuba siguió respaldando al régimen represivo de Nicolás Maduro en Venezuela, los derechos humanos en la isla empeoraron, y docenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses fueron víctimas de ataques sónicos.

En tanto los aliados de la próxima Administración americana ya han comenzado a presionar para que el nuevo gobierno se aleje de la política de máxima presión de Donald Trump, el equipo de Biden debería aprovechar la presente oportunidad.

El período que sigue a la designación de un tercer país como patrocinador del terrorismo exige extensas revisiones y evaluaciones de parte de numerosas agencias del gobierno estadounidense, a efectos de determinar qué bienes y servicios no podrán ser exportados -ni transferidos. Tales agencias habrán de certificar que los artículos que ingresen a Cuba desde los Estados Unidos de América no sirvan a propósitos duales, y que no puedan ser empleados para propiciar terrorismo.

Adicionalmente, ello permite al presidente eximir a ciertos ítems, con fundamento en la seguridad nacional. Esto significa que el equipo de Biden cuenta con una considerable cantidad de tiempo frente al régimen cubano.

Estados Unidos necesita contar con una cooperación significativa y con respuestas de cara al ataque padecido por sus diplomáticos. En una sociedad totalitaria que controla y monitorea a sus ciudadanos mientras estudian, no existe manera de que ese mismo régimen no haya tomado parte del evento.

La desestabilizadora presencia de Cuba en Venezuela también habrá de ser considerada debidamente. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro existe, en gran medida, gracias al respaldo que la ha brindado la seguridad estatal cubana. La orden de extradición exigida por Colombia deberá cumplirse.

No existe país en el Hemisferio Occidental al que deba permitírsele seguir albergando a terroristas. Cuba también deberá retornar a fugitivos y terroristas buscados por los Estados Unidos, como es el caso de Joanne Chesimard, perseguida por las autoridades americanas por ejecutar a un polícia estatal de Nueva Jersey.

La normalización que Barack Obama propuso para Cuba probó ser una apuesta fallida, conforme las concesiones unilaterales ofrecidas por el ex presidente envalentonaron al régimen de Raúl Castro. La Administración Biden cuenta con la oportunidad para sopesar la implementación de sanciones puestas en marcha por su predecesor.

Los intereses de los Estados Unidos de América se ven fortalecidos cuando Cuba no alberga a activos terroristas, cuando no potencia a la brutal dictadura venezolana, y cuando no se aleja de reformas políticas genuinas. Los tomadores de decisión en ambos lados de la vereda política americana deberán mostrarse de acuerdo al analizar los hechos concretos.

Artículo original, en inglés