Argentina: el despilfarro y el subsidio a la política como pulsiones endémicas

Caro Lector: permíteme hacer dos breves observaciones, las cuales estimo útiles previo a sumergirle en el martirio de incorporar cifras apabullantes a vuestra 'breve y frágil existencia', al decir de Jorge Luis Borges.
 

La primera: lo que habrá Usted de leer me exime de utilizar adjetivos calificativos, conforme el mero listado opera como formidable sustento a las palabras que dan título a esta asaz estéril propuesta de reflexión.
 

La segunda: es probable que algún lector interesado nos salga al cruce, recurriendo al ingenioso argumento de que notas como la presente tienen por objetivo 'demostrar que la política es cara y que las dictaduras son mucho más baratas'. Ante ello, servirá replicar a través de dos enunciados: la política argentina se sostiene con el despilfarro  irresponsable de los recursos del erario público (es decir, vuestro dinero también, Señor potencial objetor). Sin embargo, preferimos esta democracia, con todas sus lacras y escasísimos méritos, frente a cualquier dictadura -por más atractivo que pudiera resultar su bajo costo material.
 

Ahora, bien; entremos en tema.
 

Costo total de funcionamiento del Congreso Nacional, de acuerdo a la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para el año 2021: $ 40.273.225.891,00.
 

Veamos -en particular- cómo se arriba a la cifra precedente:
 

En salarios, y dietas: $33,837.584.480,00 

Observación: en Personal Temporario, se gastarán $6.888.122.116,00
 

En beneficios y compensaciones para el Personal: $1.330.366.022,00
 

-Bienes de consumo (papelería, vestuario, etcéteras): $413.221.104,00

-Mantenimiento, Limpieza, Publicidad, Pasajes: $4.634.215.272,00 (el rubro pasajes -canjeables eventualmente por dinero- consumirá $712.896.427,00)

-Bienes de uso (principalmente construcciones): $1.235.755.885,00

-Transferencias varias al sector privado y a entidades públicas: $152.449.150,00

Veamos, a continuación, algunos programas especiales:
 

-La Biblioteca del Congreso de la Nación empleará a 1.396 colaboradores, y para su funcionamiento, se destinarán $3.470.010.035,00 (aquí, pareciera pertinente la antigua muletilla utilizada para ratificar una cifra, previendo el asombro del lector: 'Sí; leyó Usted bien').
 

La Imprenta dará ocupación a 498 empleados. Para su funcionamiento, se destinarán $1.002.944.485,00.
 

La Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso -organismo atendido por 780 personas- consumirá  $2.960.186.243,00.

La Defensoría del Pueblo de la Nación requerirá de 546 colaboradores; el costo total destinado a su funcionamiento absorberá $1.030.585.000,00.
 

A efectos de velar por la Protección de los Derechos del Interno Penitenciario, será preciso contar con 340 personas. Al programa, se le asignarán $861.503.000,00.

Para la Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, una Comisión Bicameral requerirá $14.580.000,00.
 

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual dará trabajo a 1398 empleados; para su funcionamiento, se prevé destinar $255.698.058,00.
 

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura contará con 16 colaboradores. Su funcionamiento requerirá de $252.359.848,00.
 

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estará a cargo de 112 empleados. Sus operaciones implicarán una erogación de $301.763.104,00.
 

La Administración del Edificio de la Ex Confitería del Molino fagocitará $141.308.000,00.
 

El total de personas que se desempeñarán en el Congreso Nacional llegará a 13.930.
 

De ese total, 5.027 corresponden al Senado de la Nación. 5.508 quedan bajo la órbita de la Cámara de Diputados.
 

Un diagrama similar se replica en cada Provincia, teniendo en cuenta que su economía y particularidades condicionan el funcionamiento de los Poderes de cada Estado. En algunas de esas provincias, ya el 70% de las personas son empleados de la Administración Pública.

Sobre 45.000.000 de habitantes, datos prudentes estiman que 18 millones dependen del Presupuesto Nacional o Provincial, para su subsistencia. Algunas opiniones autorizadas ya se han expedido, en el sentido de que esta proporción tornará inviable cualquier proyecto de recuperación económica, más allá de las pretendidas bondades que pudiera exhibir, o con independencia del nivel de entusiasmo inicial que le acompañara.
 

En una hora difícil para la economía argentina, y en el contexto de un descalabro planetario, el conjunto de las sensatas razones que promueven un ciclo de austeridad pública se estrellan hoy contra el formidable paredón que ha levantado, con minuciosa destreza, nuestra clase política.