México: las finanzas públicas en recesión

Durante el año en curso, la economía mexicana ha profundizado su tendencia declinante, iniciada hace un bienio, al ingresar a la recesión más severa de la historia moderna del país. Como en otras latitudes, la causa principal de la contracción han sido las acciones de distanciamiento social y confinamiento para evitar el contagio del coronavirus.

 

Frente a la gravedad del descalabro, el apoyo de la política fiscal debería ocurrir principalmente en dos vertientes, que son, en principio, complementarias.

 

La primera se activaría, sin intervención directa del gobierno, mediante los denominados 'estabilizadores automáticos', los cuales se refieren a ciertas características estructurales que pueden poseer los presupuestos gubernamentales y contribuyen a amortiguar las fluctuaciones económicas.

 

Un par de ejemplos son la recaudación tributaria, que guarda una relación directa con el PBI, y las transferencias gubernamentales, como los beneficios por desempleo, cuya asociación es inversa.

 

Así, en una recesión, las obligaciones fiscales de los particulares se reducen, y se incrementa la asistencia del gobierno, lo cual suaviza el desplome del gasto privado. Lo contrario sucede en las fases de expansión.

 

Un segundo camino, con intervención directa del gobierno, consistiría en medidas fiscales orientadas a atender la emergencia. Los rasgos de la presente recesión sugerirían las siguientes prioridades.

 

Dado que el origen de los problemas deviene de la pandemia, resulta indispensable canalizar recursos suficientes al fortalecimiento de los sistemas de salud, lo cual, como mínimo, debería comprender la aplicación masiva de pruebas, la inversión en sistemas de rastreo de contagios, la adecuación hospitalaria, así como la provisión de suministros y medicamentos.

 

Asimismo, considerando el daño de la crisis sobre la supervivencia empresarial y mantenimiento de empleos, el gobierno podría aplicar apoyos dirigidos, en especial, a la población en situación de mayor vulnerabilidad económica.

 

En México, la información sobre las finanzas públicas correspondiente a la primera mitad de 2020 revela una escasa respuesta fiscal en cualesquiera de las dos vertientes mencionadas.

 

En primer lugar, la única forma en que pueden funcionar los estabilizadores automáticos en la estructura fiscal mexicana es el impositivo, ya que no se cuenta con reglas que generen transferencias por desempleo. De enero a junio, los ingresos tributarios del gobierno federal aumentaron, en términos reales, respecto a igual lapso del año anterior, como reflejo principalmente de una expansión del ISR en 1,3 por ciento. El avance recaudatorio contrasta con el desplome anual del PIB de 10,5 por ciento, según la estimación oportuna, y parece derivarse, en gran medida, de las acciones de fiscalización que contrarrestaron el funcionamiento del ajuste tributario antes descrito.

 

En segundo orden, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto programable, las erogaciones en salud fueron inferiores al programa, y registraron una reducción real anual de 1,7 por ciento. Tal caída podría estar confirmando no sólo la ausencia de un programa eficaz de combate al contagio del virus, sino, además, una posible deficiencia en otros campos de atención médica.

 

Por otra parte, aunque no es posible identificar con certeza el gasto dedicado a compensar los estragos de la recesión en el ingreso de las personas, el concepto de subsidios, transferencias y aportaciones corrientes de protección social podría ser un indicador. Si bien este rubro exhibió una ampliación anual considerable, su magnitud es modesta, al representar el cuatro por ciento del gasto programable.

 

El énfasis de los desembolsos del gobierno parece descansar más bien en áreas distintas a las prioridades mencionadas, cuya rentabilidad económica y social es discutible.

 

Sin dudas, la más sobresaliente es Pemex que, a pesar de la sustancial reducción de sus ingresos, aumentó su gasto 15,3 por ciento. Con ello, se agravó el lastre de esta empresa sobre las finanzas gubernamentales, al mostrar un déficit de más de la mitad del déficit público total, sin efecto alguno en la producción.

 

En suma, la política fiscal no parece estar contribuyendo a amortiguar los efectos adversos de la recesión, que se han reflejado en cierres de empresas, pérdida de empleos y un agravamiento de los índices de pobreza.

 

Finalmente, llama la atención que, en plena recesión, algunos observadores se hayan pronunciado a favor de la supuesta urgencia de una reforma fiscal que acreciente los ingresos del gobierno. Tal propuesta, además de inoportuna, pasa por alto las ineficiencias estructurales del gasto gubernamental, cuyo cuestionamiento debería ser el punto inicial del escrutinio.