El próximo presidente del BID deberá potenciar el Estado de derecho y el libremercado

Hace pocas semanas, la Administración Trump anunció su intención para nominar a Mauricio J. Claver-Carone para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -institución para el desarrollo con base en Washington, que cuenta con un portfolio de US$ 97 mil millones para toda América Latina.

Por estos momentos, Claver-Carone se desempeña como asistente designado para el presidente estadounidense, y como director senior para asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.

Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro, observó que 'el BID atraviesa una disyuntiva crítica, mientras la región debe lidiar con recurrentes desafíos frente al crecimiento económico y al desarrollo sostenido, particularmente a la luz de la pandemia global'.

De ser aprobado por los Estados miembro, Claver-Carone reemplazaría a Luis Alberto Moreno, diplomático colombiano que ha estado a la cabeza del banco desde 2005.

La asistencia para el desarrollo a través del BID ha sido una pieza central en el involucramiento de los Estados Unidos con la región. Desde hace años, ha estado en el interés de EE.UU. el ejercitar un liderazgo sólido, a efectos de garantizar el éxito de la asistencia regional para el desarrollo, al tiempo que ha exigido que el banco efectúe la rendición de cuentas correspondiente frente a su trabajo.

La misión del BID es alentar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, promocionando libertad económica. En el ínterin, garantiza que el crecimiento inclusivo pueda evidenciarse para una cifra cada vez mayor de personas corrientes.

La libertad económica, cultivada y potenciada por el Estado de derecho, un gobierno limitado, eficiencia regulatoria y aperturismo de mercado, resulta crítica a la hora de generar dinámicas económicas que deriven en mayores oportunidades para que las personas trabajen, produzcan y construyan ahorros.

Esta relación multidimensional entre libertad económica y desarrollo ha sido apropiadamente documentada en el Indice de Libertad Económica -que anualmente prepara el think tank estadounidense The Heritage Foundation, en Washington, D.C. No solo un elevado índice de libertad económica se encuentra emparentado con niveles superiores de prosperidad, sino que la libertad económica también facilita el progreso humano a niveles generales -en donde el desarrollo humano es la expectativa primigenia.

Conforme el índice lo ha demostrado durante los últimos veintiséis años, la adopción de políticas que promocionen libertad económica resulta clave para desbloquear ciclos de crecimiento virtuosos que redundan en oportunidades, empoderamiento y un desarrollo comprobable.

Particularmente para América Latina, hoy es más crítico que nunca optimizar las mecánicas de transparencia para promocionar el alcance del Estado de derecho, pilar de todo mercado libre que se precie de funcionar correctamente.

Tal como lo informara el Indice en su edición 2020, el Estado de derecho continúa restringido en numerosas naciones de la América Latina, observándose amplios niveles de corrupción y un frágil esquema de protección de los derechos de propiedad -lo cual se ha visto exacerbado por una paupérrima independencia judicial.

A efectos de responder a la corrupta influencia de la República Popular China en Latinoamérica, la agenda del próximo presidente del BID será central. La aproximación de Pekín a la región se ha potenciado marcadamente en los últimos pocos años, mientras que la falta de transparencia evidenciada por esa relación ha dejado como resultado una pobre gobernancia y actividades ilícitas.

Infortunadamente, la corrupción en América Latina ha sido -citándose un artículo del periódico científico The Lancet- una 'pandemia ignorada'. Toda vez que se ha consolidado algún nivel de progreso durante la década pasada -en lo que respecta a la consolidación de sistemas democráticos en la región-, la corrupción continúa entorpeciendo los prospectos para el arraigo de mayor prosperidad y seguridad.

La evaluación sobre la capacidad de América Latina a la hora de 'detectar, reprender e impedir la corrupción en medio de la presente pandemia de coronavirus' -estudio desarrollado por la Sociedad de las Américas y el Concejo de las Américas- subraya:

El COVID-19 azota a América Latina, en un momento en que la avanzada anticorrupción de años recientes pierde fuerza y, en algunas geografías, retrocede peligrosamente. Históricamente, la corrupción ha sido un obstáculo para Latinoamérica, comprometiendo ésta al crecimiento, a la democracia y a los sistemas de gobierno, y violando los derechos de millones de ciudadanos.

Washington tiene un interés geopolítico vinculante con América Latina -interés que surge de los muy cercanos vínculos económicos, culturales y demográficos de EE.UU. con la región. Sin transparencia, y sin mercados que funcionen gracias a ecosistemas de ley y orden efectivos, ni los gobiernos representativos ni las economías de sus países podrán crecer, ni sobrevivir.

La promoción del Estado de derecho y la libertad económica deberá, en consecuencia, regir la agenda del próximo titular del Banco Interamericano de Desarrollo.

Artículo original, en inglés