Colombia: ¿por qué es necesaria una nueva reforma tributaria?
No existe escenario que preocupe más a los colombianos que el anuncio de una nueva reforma...
24 de Agosto de 2018
No existe escenario que preocupe más a los colombianos que el anuncio de una nueva reforma tributaria, pues allí generalmente se asiste a un aumento considerable de impuestos que, de alguna u otra forma, suponen un riesgo inminente al bienestar de nuestro patrimonio. A los ciudadanos les duele que les toquen sus bolsillos y ello deviene en razonable en un Estado como el nuestro, en el que la carencia de oportunidades y el desempleo abundan de manera desconsiderada. No obstante, cada reforma tiene su sentido y razón de ser, y las mismas no surgen por capricho propio de los gobiernos, sino por las realidades coyunturales en materia fiscal y económica.
Gracias a nuestra realidad, consideramos que una nueva reforma tributaria es un menester patriótico puesto que el estricto inventario que ha recibido el nuevo gobierno del anterior es, sinceramente, nefando. Unicamente por mencionar algunas cifras, resulta indispensable recordar que, el gobierno del presidente Iván Duque heredó un país en el que despilfarraron la bonanza petrolera del año 2011, lo cual afectó considerablemente nuestra economía por ser dependiente del petróleo, además, con un endeudamiento exorbitante equivalente a 125.000 mil millones de dólares de deuda externa. Sumado a ello con 9.3 billones de pesos comprometidos en vigencias futuras y obras inconclusas o mal elaboradas. Para acabar de ajustar, con un PIB per cápita que cayó en un 23% según las cifras recientes del Banco Mundial. La deuda publica del gobierno central es superior a 440 billones de pesos, lo que equivale a más del 45% del PIB. En tanto en el año 2010 el crecimiento del PIB per cápita fue de 2.83% anual, en el 2017 fue de 0.91%. Esto describe un importante retroceso.
Adicionalmente, el país padeció una caída en la tasa de crecimiento equivalente al 1.3 puntos porcentuales por año en los últimos años, lo cual implica una pérdida entre 300 y 540 billones de pesos al año en generación de riqueza para la población. Por otra parte, el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012 efectúo una proyección en la tasa de crecimiento a largo plazo de 4.8%, sin embargo, recientemente ubicó dicha tasa en el 3.5%. Tampoco podemos pasar por alto que, la economía del país desde el 2010 hasta el 2018 creció apenas un 1.8%, ni siquiera 2.0%, y, en el año 2017 aproximadamente 400 mil personas no salieron de la pobreza. Cifras sumamente alarmantes para cualquier gobierno. A lo anterior también hay que sumarle el dinero incalculable que el gobierno pasado repartió en cupos indicativos a los congresistas, así como los denominados contratos con un único proponente a contratistas adeptos a la administración. Ello, sin duda, contribuyó para padecer el presente hueco fiscal que debemos sanear para reactivar nuestra economía.
Ahora, bien; el plan del nuevo gobierno con la posible reforma consiste en imponer una medida necesaria en la que el 85% de los recursos en la tributación de renta sean aportados por personas naturales y el 15% restante por las grandes, medianas y pequeñas empresas, consolidando una regla fiscal inamovible en la que no se cambiarán las cifras de las metas fiscales. La idea es implementar unas condiciones y políticas públicas de tal manera que las metas se cumplan y se reflejen en las prioridades del gobierno equivalentes al crecimiento a largo plazo.
Gracias a nuestra realidad, consideramos que una nueva reforma tributaria es un menester patriótico puesto que el estricto inventario que ha recibido el nuevo gobierno del anterior es, sinceramente, nefando. Unicamente por mencionar algunas cifras, resulta indispensable recordar que, el gobierno del presidente Iván Duque heredó un país en el que despilfarraron la bonanza petrolera del año 2011, lo cual afectó considerablemente nuestra economía por ser dependiente del petróleo, además, con un endeudamiento exorbitante equivalente a 125.000 mil millones de dólares de deuda externa. Sumado a ello con 9.3 billones de pesos comprometidos en vigencias futuras y obras inconclusas o mal elaboradas. Para acabar de ajustar, con un PIB per cápita que cayó en un 23% según las cifras recientes del Banco Mundial. La deuda publica del gobierno central es superior a 440 billones de pesos, lo que equivale a más del 45% del PIB. En tanto en el año 2010 el crecimiento del PIB per cápita fue de 2.83% anual, en el 2017 fue de 0.91%. Esto describe un importante retroceso.
Adicionalmente, el país padeció una caída en la tasa de crecimiento equivalente al 1.3 puntos porcentuales por año en los últimos años, lo cual implica una pérdida entre 300 y 540 billones de pesos al año en generación de riqueza para la población. Por otra parte, el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012 efectúo una proyección en la tasa de crecimiento a largo plazo de 4.8%, sin embargo, recientemente ubicó dicha tasa en el 3.5%. Tampoco podemos pasar por alto que, la economía del país desde el 2010 hasta el 2018 creció apenas un 1.8%, ni siquiera 2.0%, y, en el año 2017 aproximadamente 400 mil personas no salieron de la pobreza. Cifras sumamente alarmantes para cualquier gobierno. A lo anterior también hay que sumarle el dinero incalculable que el gobierno pasado repartió en cupos indicativos a los congresistas, así como los denominados contratos con un único proponente a contratistas adeptos a la administración. Ello, sin duda, contribuyó para padecer el presente hueco fiscal que debemos sanear para reactivar nuestra economía.
Ahora, bien; el plan del nuevo gobierno con la posible reforma consiste en imponer una medida necesaria en la que el 85% de los recursos en la tributación de renta sean aportados por personas naturales y el 15% restante por las grandes, medianas y pequeñas empresas, consolidando una regla fiscal inamovible en la que no se cambiarán las cifras de las metas fiscales. La idea es implementar unas condiciones y políticas públicas de tal manera que las metas se cumplan y se reflejen en las prioridades del gobierno equivalentes al crecimiento a largo plazo.
Para alcanzar dicho fin el gobierno pretenderá rebajar la tasa impositiva a empresas del 50% hasta un 28%. De esta manera, incentivamos el emprendimiento, la creación de empleo y la riqueza. Asimismo, se ha analizado la situación fiscal de tal manera que, dicha reforma significaría un recaudo anual de 3 billones de pesos con los que se financiarían las obras de desarrollo que, el nuevo gobierno pretende ejecutar sin incurrir en más endeudamientos.
Tomando esta medida, saneamos las finanzas públicas y contribuimos para llenar el vacío fiscal que nos impide progresar. En principio, en los países más desarrollados, las empresas pagan menos impuestos para que puedan catapultarse como generadoras directas de riqueza, productividad y empleo, pues no hay política más progresista que aquella. Por ello, en Colombia es menester hacer lo propio, ya que solo así la nación podrá solventar, en un corto y mediano plazo, su deficiencia fiscal y financiera. A todos, en nuestra calidad de personas naturales, nos duele sobremanera pagar un poco más de impuestos, pero hemos de comprender que, ante dicha situación, prevalecen los menesteres de la patria y el bienestar general. Así las cosas, aferrarse a una perspectiva pesimisata no sería lo aconsejable. Antes bien, corresponde comprender que la reforma deviene en necesaria para que Colombia logre dotar de motor al conglomerado social.
Si hemos de ponderar un Estado próspero en materia económica, la ciudadanía habrá de realizar el esfuerzo necesario, de la mano de una reforma que construya futuro y equidad.
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@JuanDaEscobarC
Sobre Juan David Escobar Cubides
Escobar Cubides reside en Medellín (Colombia), y se desempeña como Editor político en el sitio web Al Poniente, colaborando también con análisis sobre la realidad política colombiana en otros medios de comunicación de la región.