La crisis de migrantes en los Estados Unidos fue evitada, gracias a México

Durante el fin de semana de las Pascuas, surgieron noticias que informaban sobre una caravana de migrantes oriundos de América Central que se dirigían hacia los Estados Unidos, conducidos por Pueblo Sin Fronteras -el grupo, compuesto por más de mil migrantes, planeaba ingresar a los EE.UU. ilegalmente. Algunos incluso habían ideado permanecer ilegalmente en México. Mucho antes de que el problema siquiera se acercar a la frontera estadounidense, el gobierno mexicano la desactivó. De acuerdo a la Secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, las autoridades mexicanas están revisando los antecedentes de cada uno de los migrantes, y retornando a aquéllos que no califican para el estatus de refugiados en México.

La saga que remite a la caravana debería reforzar el conocimiento sobre dos hechos de importancia: 1) La relación entre los Estados Unidos y México es sólida bajo la Administración Trump y, 2) México es un socio invaluable para la seguridad nacional de los EE.UU. En menos de 48 horas, una situación potencialmente desestabilizadora para ambos países pudo des-escalar rápidamente. Lo cual debería servir a la hora de destacar la profundidad de la cooperación entre la Administración Trump y el gobierno mexicano. En simultáneo, esta realidad otorga mayor vigencia a las afirmaciones en su momento vertidas por el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de México, Luis Videgaray, al caracterizar la relación entre los Estados Unidos y su país: 'Es más cercana de lo que fue en anteriores Administraciones, lo cual podría sorprender a la gente, pero es un hecho de la vida'.

Desde los primeros días del gobierno de Donald Trump, EE.UU. ha ampliado la cooperación con México, en lo que hace a asuntos globales y regionales. Ambas naciones acusan impacto directo sobre los desafíos que consigna el Triángulo Norte de América Central, y permanentemente evalúan acciones conjuntas hacia la región de referencia. Amén de las iniciativas mancomunadas, México lleva a cabo sus propios esfuerzos al momento de confrontar los desafíos de seguridad tales como el problema migratorio. Solo en los primeros dos meses de 2018, México deportó a más de 16 mil inmigrantes ilegales -15.835 de los cuales habían provenido de América Central.

Asimismo, México ha redoblado esfuerzos para resguardar su frontera de 600 millas con Guatemala. La pasada semana, Estados Unidos y México firmaron tres acuerdos que tienen por objetivo el combate contra actividades ilícitas en ambos países -y se ha informado que hay más de una docena de convenios en vísperas de contar con las respectivas firmas. Los críticos de la Administración Trump y de su decisión de impedir el acceso a más de mil migrantes, en rigor, prefieren ignorar una serie de crudas realidades.

Por principio, sería injusto que inmigrantes ilegales tengan prioridad absoluta por encima de aquellos ciudadanos extranjeros que presentan solicitudes de asilo, y por encima de otros que han elegido ir por el camino indicado por las leyes. Adicionalmente, los resquicios legales en la legislación inmigratoria estadounidense han incentivado la llegada de oleadas masivas de inmigración ilegal. Esto hubiese constituído un peligroso precedente, tanto para los Estados Unidos de América como para México, en donde organizaciones portadoras de agenda política -como es el caso de Pueblo Sin Fronteras- continuarán explotando cuales peones a personas vulnerables.

Los líderes de la caravana de migrantes afirman falsamente que las políticas de Donald Trump hacia América Central han empeorado las condiciones de seguridad en esa región. Se refieren, bajo esa línea argumentativa, a la victoria de Juan Orlando Hernández en Honduras -y al respaldo estadounidense a su candidatura. Lo cierto es que, en tanto se multiplican las preocupaciones en torno de que Honduras implemente una reforma electoral, los resultados exhibieron la voluntad popular. Con todo, Honduras debe hacer un mejor trabajo a la hora de brindar seguridad a sus ciudadanos.

Como tampoco nadie debería sorprenderse con la reciente propuesta de Trump con miras a desplegar tropas en la frontera sur -lo cual nada tiene de novedoso, y existen antecedentes. En su oportunidad, los ex presidentes George W. Bush y Barack Obama enviaron elementos de la Guardia Nacional para brindar apoyo logístico a los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras. Del otro lado de la línea fronteriza, el ejército mexicano y la Marina de ese país patrullan con frecuencia las calles y arterias de localidades violentas como Nuevo Laredo, Reynosa y Tijuana.

Honduras no está sola en su necesidad de hacer frente a los factores que alientan la inmigración ilegal. Sus vecinos del Triángulo Norte (El Salvador y Guatemala) habrán de continuar sus esfuerzos para resguardar la seguridad y prosperidad para sus respectivos ciudadanos. La ausencia de gobernancia efectiva en esos países constituye una tragedia, y debería recibir más atención que la actual.

Gracias a la intervención del gobierno de México esta pasada semana, Estados Unidos se ahorró el tener que hacer frente a una crisis potencial. Sin embargo, en el futuro, EE.UU. podría no contar con tanta suerte. El congreso estadounidense debería hacer uso de esta oportunidad para clausurar los resquicios legales que incentivan a la inmigración ilegal. Las brechas en la seguridad fronteriza también deberán tener soluciones, poniéndose fin a las políticas que ponen inmediatamente en libertad a quienes son capturados.

El Congreso de los Estados Unidos habrá de tener en cuenta que los desafíos que promueven la inmigración ilegal dan inicio al sur de la frontera. Y el mejor camino para avanzar consiste en continuar toda cooperación con México y otros socios en la región.

Artículo original, en inglés, en éste link