Ley de Salud Mental: otra vez, sopa
La posible firma de un decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental 26.657 (año 2010)...
26 de Noviembre de 2017
La posible firma de un decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental 26.657 (año 2010) por parte del Presidente de la Nación, ha levantado un mar de acusaciones absolutamente incomprensible. Esa sola firma vendría a resolver falencias críticas en la instrumentación de ese marco legal. Precisamente, en el campo de las adicciones, este Decreto reglamentario resolvería la necesidad de la existencia de los centros de atención, tanto para patologías adictivas como para las de doble diagnóstico (espacio en el que conviven patologías psiquiátricas que se potencian con adicciones). Acaso sería importante recordar cómo llegamos a esta situación.
Mientras en la Argentina se ha instalado una red de oferta de comercialización de drogas, a lo largo y a lo ancho del país logró consolidarse un pensamiento o filosofía antiinstitucional, digno de lo peor de los años setenta, en donde la expresión 'comunidad terapéutica' fue mutando en una suerte de insulto, equiparándose este tratamiento innovador en el campo de la psiquiatría y de las adicciones a los manicomios como un instrumento represivo -como si esta práctica médico-social emulase un centro de torturas. Insulto que opera contra la inteligencia colectiva de la ciudadanía y que consigna una alabanza a la ignorancia, conforme la comunidad terapéutica es, ni más ni menos, que la superación del manicomio. Es que así fue creada. Como discípulo del Profesor Maxwell Jones (quien supo ingeniar y dar forma a la comunidad terapéutica, y quien visitó la República Argentina en 2007 en compañía del Dr. W. Grimson), no dejo de asombrarme ante esta idea peregrina, que ciertamente nos retrotrae a un pensamiento esclerótico y precientífico. Al público ignorante ante ciertas realidades, debe recordársele que la comunidad terapéutica rescata la dignidad de la persona, y máxime en tiempos de epidemia como el actual.
El pensamiento antiinstitucional del que hablábamos lleva a confundir, no sin malicia, el manicomio, equiparándolo a las comunidades terapéuticas y a instituciones psiquiátricas especializadas. Esta percepción deposita a nuestro país en la inermidad de contención de miles de pacientes y de sus familias, las cuales se ven necesitadas de ayuda a los efectos de hacer frente a patologías graves. Mientras se instalaba la más amplia red de comercialización de estupefacientes desde los paraísos energéticos de la Patagonia argentina hasta los centros sojeros de la Pampa Húmeda, y pasando por espacios VIP como Puerto Madero y golpeando a los asentamientos y villas precarios, se ha optado por congelar la totalidad de las estadísticas que explicitan cabalmente el alcance de la epidemia del consumo (desde 2010 hasta 2017, no se conocieron cifras sobre el aumento). Adicionalmente, se prohíbe la apertura de centros de atención (y lo propio sucede con instituciones psiquiátricas y con sistemas especializados en atención en adicciones); se minimizan los efectos perniciosos del consumo, y se banaliza el proceso de destrucción del sistema nervioso que este padecimiento conlleva. Así las cosas, el negocio es redondo para quienes la emprenden contra las comunidades terapéuticas y centros de atención: no hay más centros, estadísticas de consumo ni políticas preventivas masivas y de detección precoz del daño de las drogas, especialmente en las jóvenes generaciones.
En simultáneo, emergen -en formato de ilegalidad- centros de atención (particularmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires) que carecen de habilitación alguna de parte del Ministerio de Salud de la Nación), como respuesta anómala ante la ausencia de poderes sensatos en el seno del Estado de cara a la acuciante necesidad de miles de familias que cuentan con hijos con severos problemas. A consecuencia de este escenario, se rentan quintas y personal sin capacitación, lo cual amplifica la proliferación de sitios sin control médico-sanitario. El absurdo es absoluto.
Pero este absurdo tan argentino conduce a escenarios con consecuencias inenarrables. Lo cierto es que no existe pensamiento sanitario en relación a los efectos de la epidemia del consumo, como tampoco se registra conciencia alguna sobre el gravoso moméntum epidemiológico que experimentan la República y sus ciudadanos. Se han potenciado las tasas de enfermedades mentales y de consumo adictivo ('recreativo', se le dice; recurriendo a la falacia). Brillan también por su ausencia las respuestas terapéuticas válidas, y las pocas que existen para patologías graves han recibido la orden de proceder a la clausura en el próximo año 2020. El absurdo prosigue su curso: en esa fecha, caería la totalidad de las habilitaciones. En plena pandemia, lo poco que existe y que funciona, se verá en la obligación de cerrar sus puertas. Familias enteras se quedarán sin asistencia, siendo abandonados a su suerte.
Clausura de centros
Más de 150 centros psiquiátricos privados y 200 comunidades terapéuticas culminarán, forzadamente, su tarea en 2020. ¿Quién se responsabilizará por la contención de estas personas? Respuesta: nadie lo hará. Alrededor de veinte mil -portadores ellos de patologías compulsivas graves y severos trastornos psicóticos- irán a parar a la calle. Más de 400 mil pacientes que hoy asisten a tratamientos de día y/o ambulatorios, se verán privados -de súbito- de la referencia de esas instituciones. Complementariamente, el alcance del personal médico, operadores y enfermeros que terminarán en la calle, representa más de un 15% del personal sanitario total.
La realidad exige subrayar que, hoy mismo, los hospitales públicos rehuyen del tratamiento de estos pacientes en los llamados (por legislación de 2010) los servicios polivalentes, así como los sanatorios privados. Los nosocomios públicos no cuentan con la debida preparación para ocuparse de estas personas, y las escasas respuestas terminan remitiendo a los pacientes a la psiquiatría meramente manicomial, esto es, al 'cóctel lítico' (tranquilizantes), a criterio de atemperar la excitación psicomotriz del individuo; todo remata en un proceso de desintoxicación de tres días.
Hemos de decirlo: la República Argentina se ha transformado, en el campo de la atención psiquiátrica y en adicciones, en un gigantesco 'lavadero' o vulgar srevicio de 'chapa y pintura' de bajísima calidad. Las experiencias que se han realizado en sanatorios generales con adictos y esquizofrénicos han culminado desastrosamente, con juicios contra el centro médico y las prepagas.
Este delicado panorama terminará, sin dudarlo, con una cifra más elevada de indigentes mentales en las calles; la cárcel será la parada final para incontables adictos y pacientes esquizofrénicos. En definitiva, nuestro país ha sido condenado a no contar con centros especializados en psiquiatría y en adicciones; en idéntico tren de pensamiento, podría plantearse la prohibición de apertura de centros cardiológicos, o de otras especialidades médicas.
Ya en su oportunidad, un estudio publicado por el matutino estadounidense The New York Times supo explicitar la experiencia de ciertos estados de la Unión: al clausurarse centros de atención, se multiplicaron los números de pacientes en prisión, se redujo la cifra de internaciones, y se disparó la cantidad de indigentes mentales en las calles, así como la cantidad de los 'elsewhere' -personas que están en cualquier sitio, o 'a la buena de Dios'; citándose el concepto de Human Rights Watch.
En la República Argentina, desde 2010 se ha disparado el consumo de drogas en no menos de un 200% promedio, y particularmente entre la población más vulnerable, que va de los 12 a los 17 años de edad. El SEDRONAR -bajo la conducción de la actual Administración- ha sabido mostrarnos la realidad del apagón estadístico que padecimos durante siete años. Las consecuencias en el campo de la salud mental son gravísimas; habida cuenta de lo que es menester reiterarlo: la vulnerabilidad del sistema nervioso en los adolescentes es elevada, y el consumo de drogas opera como disparador de síntomas psicóticos. La relación entre consumo precoz de drogas y esquizofrenia es igualmente alta, y máxime si el individuo pertenece a núcleos familiares pobres en materia de vínculos afectivos. Más aún: hoy día, el 50% de los pacientes esquizofrénicos consumen drogas (predominantemente alcohol, marihuana y cocaína, en ese orden; el 90%, tabaco).
Mientras el panorama solo supo agravarse, se impedía la apertura de nuevos centros de tratamiento (la fecha límite se fijó en 2016, luego prorrogada a 2020). La exigencia para los centros era un imposible: se pretendía que se transformasen en centros médicos que pudieran ocuparse en un 10% de atención en adicciones, pero para ello eran necesarias inversiones millonarias -que ni siquiera el sector privado está en condiciones de ofrecer. El lector deberá tomar nota: la absurda reglamentación aquí descripta continúa vigente. Mientras Usted lee estas líneas, prosiguen las clausuras de centros terapéuticos y se multiplican los núcleos ilegales de asistencia en las provincias. La razón: el sufrimiento no puede esperar.
Naturalmente que la promoción del cierre de los centros de atención viene de la mano con el esfuerzo propagandístico, de parte de los promotores de la aceptación abierta de las drogas. Este esfuerzo publicitario ha llegado a las escuelas del país, y el empeño de sus promotores también ha logrado desactivar todo intento de pergeñar modelos de prevención en las instituciones educativas. Convenientemente, este escenario favorece los intereses de los regentes de redes de comercialización de estupefacientes, por cuanto han logrado consolidarse en los barrios de las ciudades de todo el país, sin importar se trate de sectores de clases bajas o acomodadas.
El oscurantismo argentino
La brillante María Elena Walsh supo describir o anticipar esta filosofía de desencanto e irrealidad, en las estrofas del Reino del Revés. Es que, en nuestro país, el tratamiento serio del tema drogas ha sido dejado en manos de los personeros de la irrealidad; la realidad no solo es negada, sino abolida. El resultado: un mundo ilusorio, que bordea lo delirante.
En el campo de la salud mental, nuestra República transita hoy una etapa oscurantista, construída por aquellos que venían a traer la libertad frente a los 'oscuros poderes psiquiátricos'. Tal declaratoria, innegablemente política y portadora de un ideario trotskista ya vetusto, ha condenado a los pacientes a una realidad peor que la que el progresismo declama combatir: se ha abandonado a los pacientes en la inermidad de sus recurrentes compulsiones y delirios. Esta ideología progresista ha abandonado a su suerte a miles de personas, condenándolas a un lóbrego contexto sanitario y epidemiológico.
En lo personal (y en coincidencia con centenares de colegas que compartimos preocupaciones), esperamos por la reacción del Presidente de la Nación. De lo contrario, habremos de describir el contexto vigente echando mano de la expresión infantil 'Otra vez, sopa'. Aunque, esta vez, la sopa tenga sabor amargo.
Mientras en la Argentina se ha instalado una red de oferta de comercialización de drogas, a lo largo y a lo ancho del país logró consolidarse un pensamiento o filosofía antiinstitucional, digno de lo peor de los años setenta, en donde la expresión 'comunidad terapéutica' fue mutando en una suerte de insulto, equiparándose este tratamiento innovador en el campo de la psiquiatría y de las adicciones a los manicomios como un instrumento represivo -como si esta práctica médico-social emulase un centro de torturas. Insulto que opera contra la inteligencia colectiva de la ciudadanía y que consigna una alabanza a la ignorancia, conforme la comunidad terapéutica es, ni más ni menos, que la superación del manicomio. Es que así fue creada. Como discípulo del Profesor Maxwell Jones (quien supo ingeniar y dar forma a la comunidad terapéutica, y quien visitó la República Argentina en 2007 en compañía del Dr. W. Grimson), no dejo de asombrarme ante esta idea peregrina, que ciertamente nos retrotrae a un pensamiento esclerótico y precientífico. Al público ignorante ante ciertas realidades, debe recordársele que la comunidad terapéutica rescata la dignidad de la persona, y máxime en tiempos de epidemia como el actual.
El pensamiento antiinstitucional del que hablábamos lleva a confundir, no sin malicia, el manicomio, equiparándolo a las comunidades terapéuticas y a instituciones psiquiátricas especializadas. Esta percepción deposita a nuestro país en la inermidad de contención de miles de pacientes y de sus familias, las cuales se ven necesitadas de ayuda a los efectos de hacer frente a patologías graves. Mientras se instalaba la más amplia red de comercialización de estupefacientes desde los paraísos energéticos de la Patagonia argentina hasta los centros sojeros de la Pampa Húmeda, y pasando por espacios VIP como Puerto Madero y golpeando a los asentamientos y villas precarios, se ha optado por congelar la totalidad de las estadísticas que explicitan cabalmente el alcance de la epidemia del consumo (desde 2010 hasta 2017, no se conocieron cifras sobre el aumento). Adicionalmente, se prohíbe la apertura de centros de atención (y lo propio sucede con instituciones psiquiátricas y con sistemas especializados en atención en adicciones); se minimizan los efectos perniciosos del consumo, y se banaliza el proceso de destrucción del sistema nervioso que este padecimiento conlleva. Así las cosas, el negocio es redondo para quienes la emprenden contra las comunidades terapéuticas y centros de atención: no hay más centros, estadísticas de consumo ni políticas preventivas masivas y de detección precoz del daño de las drogas, especialmente en las jóvenes generaciones.En simultáneo, emergen -en formato de ilegalidad- centros de atención (particularmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires) que carecen de habilitación alguna de parte del Ministerio de Salud de la Nación), como respuesta anómala ante la ausencia de poderes sensatos en el seno del Estado de cara a la acuciante necesidad de miles de familias que cuentan con hijos con severos problemas. A consecuencia de este escenario, se rentan quintas y personal sin capacitación, lo cual amplifica la proliferación de sitios sin control médico-sanitario. El absurdo es absoluto.
Pero este absurdo tan argentino conduce a escenarios con consecuencias inenarrables. Lo cierto es que no existe pensamiento sanitario en relación a los efectos de la epidemia del consumo, como tampoco se registra conciencia alguna sobre el gravoso moméntum epidemiológico que experimentan la República y sus ciudadanos. Se han potenciado las tasas de enfermedades mentales y de consumo adictivo ('recreativo', se le dice; recurriendo a la falacia). Brillan también por su ausencia las respuestas terapéuticas válidas, y las pocas que existen para patologías graves han recibido la orden de proceder a la clausura en el próximo año 2020. El absurdo prosigue su curso: en esa fecha, caería la totalidad de las habilitaciones. En plena pandemia, lo poco que existe y que funciona, se verá en la obligación de cerrar sus puertas. Familias enteras se quedarán sin asistencia, siendo abandonados a su suerte.
Clausura de centros
Más de 150 centros psiquiátricos privados y 200 comunidades terapéuticas culminarán, forzadamente, su tarea en 2020. ¿Quién se responsabilizará por la contención de estas personas? Respuesta: nadie lo hará. Alrededor de veinte mil -portadores ellos de patologías compulsivas graves y severos trastornos psicóticos- irán a parar a la calle. Más de 400 mil pacientes que hoy asisten a tratamientos de día y/o ambulatorios, se verán privados -de súbito- de la referencia de esas instituciones. Complementariamente, el alcance del personal médico, operadores y enfermeros que terminarán en la calle, representa más de un 15% del personal sanitario total.
La realidad exige subrayar que, hoy mismo, los hospitales públicos rehuyen del tratamiento de estos pacientes en los llamados (por legislación de 2010) los servicios polivalentes, así como los sanatorios privados. Los nosocomios públicos no cuentan con la debida preparación para ocuparse de estas personas, y las escasas respuestas terminan remitiendo a los pacientes a la psiquiatría meramente manicomial, esto es, al 'cóctel lítico' (tranquilizantes), a criterio de atemperar la excitación psicomotriz del individuo; todo remata en un proceso de desintoxicación de tres días.
Hemos de decirlo: la República Argentina se ha transformado, en el campo de la atención psiquiátrica y en adicciones, en un gigantesco 'lavadero' o vulgar srevicio de 'chapa y pintura' de bajísima calidad. Las experiencias que se han realizado en sanatorios generales con adictos y esquizofrénicos han culminado desastrosamente, con juicios contra el centro médico y las prepagas.
Este delicado panorama terminará, sin dudarlo, con una cifra más elevada de indigentes mentales en las calles; la cárcel será la parada final para incontables adictos y pacientes esquizofrénicos. En definitiva, nuestro país ha sido condenado a no contar con centros especializados en psiquiatría y en adicciones; en idéntico tren de pensamiento, podría plantearse la prohibición de apertura de centros cardiológicos, o de otras especialidades médicas.
Ya en su oportunidad, un estudio publicado por el matutino estadounidense The New York Times supo explicitar la experiencia de ciertos estados de la Unión: al clausurarse centros de atención, se multiplicaron los números de pacientes en prisión, se redujo la cifra de internaciones, y se disparó la cantidad de indigentes mentales en las calles, así como la cantidad de los 'elsewhere' -personas que están en cualquier sitio, o 'a la buena de Dios'; citándose el concepto de Human Rights Watch.
En la República Argentina, desde 2010 se ha disparado el consumo de drogas en no menos de un 200% promedio, y particularmente entre la población más vulnerable, que va de los 12 a los 17 años de edad. El SEDRONAR -bajo la conducción de la actual Administración- ha sabido mostrarnos la realidad del apagón estadístico que padecimos durante siete años. Las consecuencias en el campo de la salud mental son gravísimas; habida cuenta de lo que es menester reiterarlo: la vulnerabilidad del sistema nervioso en los adolescentes es elevada, y el consumo de drogas opera como disparador de síntomas psicóticos. La relación entre consumo precoz de drogas y esquizofrenia es igualmente alta, y máxime si el individuo pertenece a núcleos familiares pobres en materia de vínculos afectivos. Más aún: hoy día, el 50% de los pacientes esquizofrénicos consumen drogas (predominantemente alcohol, marihuana y cocaína, en ese orden; el 90%, tabaco).
Mientras el panorama solo supo agravarse, se impedía la apertura de nuevos centros de tratamiento (la fecha límite se fijó en 2016, luego prorrogada a 2020). La exigencia para los centros era un imposible: se pretendía que se transformasen en centros médicos que pudieran ocuparse en un 10% de atención en adicciones, pero para ello eran necesarias inversiones millonarias -que ni siquiera el sector privado está en condiciones de ofrecer. El lector deberá tomar nota: la absurda reglamentación aquí descripta continúa vigente. Mientras Usted lee estas líneas, prosiguen las clausuras de centros terapéuticos y se multiplican los núcleos ilegales de asistencia en las provincias. La razón: el sufrimiento no puede esperar.
Naturalmente que la promoción del cierre de los centros de atención viene de la mano con el esfuerzo propagandístico, de parte de los promotores de la aceptación abierta de las drogas. Este esfuerzo publicitario ha llegado a las escuelas del país, y el empeño de sus promotores también ha logrado desactivar todo intento de pergeñar modelos de prevención en las instituciones educativas. Convenientemente, este escenario favorece los intereses de los regentes de redes de comercialización de estupefacientes, por cuanto han logrado consolidarse en los barrios de las ciudades de todo el país, sin importar se trate de sectores de clases bajas o acomodadas.
El oscurantismo argentino
La brillante María Elena Walsh supo describir o anticipar esta filosofía de desencanto e irrealidad, en las estrofas del Reino del Revés. Es que, en nuestro país, el tratamiento serio del tema drogas ha sido dejado en manos de los personeros de la irrealidad; la realidad no solo es negada, sino abolida. El resultado: un mundo ilusorio, que bordea lo delirante.
En el campo de la salud mental, nuestra República transita hoy una etapa oscurantista, construída por aquellos que venían a traer la libertad frente a los 'oscuros poderes psiquiátricos'. Tal declaratoria, innegablemente política y portadora de un ideario trotskista ya vetusto, ha condenado a los pacientes a una realidad peor que la que el progresismo declama combatir: se ha abandonado a los pacientes en la inermidad de sus recurrentes compulsiones y delirios. Esta ideología progresista ha abandonado a su suerte a miles de personas, condenándolas a un lóbrego contexto sanitario y epidemiológico.
En lo personal (y en coincidencia con centenares de colegas que compartimos preocupaciones), esperamos por la reacción del Presidente de la Nación. De lo contrario, habremos de describir el contexto vigente echando mano de la expresión infantil 'Otra vez, sopa'. Aunque, esta vez, la sopa tenga sabor amargo.
