Dos contratistas de la CIA, demandados por torturar en prisiones clandestinas

Dada la intensa cobertura mediática en relación a los hechos de Charlottesville, un reciente titular fue mayormente ignorado, aunque podría remitir a un impacto de magnitud en lo que tiene que ver con el modo en que los ciudadanos estadounidenses se notifican sobre los excesos compartidos por la 'guerra global contra el terrorismo'. Por primera vez, numerosos individuos íntimamente vinculados con el programa de torturas de la CIA habrán de responder, en los tribunales, por 'asistir legalmente y/o fácticamente en episodios de tortura', obligando al gobierno a intervenir y sellar un acuerdo para el caso.

Resulta sorpresivo que haya llevado tanto tiempo llegar a la instancia actual, en donde alguien puede contar con una cobertura legal por sufrimiento. No deberían existir ponderaciones en relación a la legalidad de la tortura. La práctica ha sido universalmente condenada y prohibida tanto por las Convenciones de Ginebra y de Naciones Unidas, por buenas razones. Asimismo, es ilegal en la legislación estadounidense y sus variantes, en tanto la tortura ha sido descripta eufemísticamente como 'técnicas de interrogación aumentada' (en inglés, enhanced interrogation techniques, EIT) -y, de igual manera, ha sido taxativamente prohibida por las fuerzas armadas en sus manuales de entrenamiento operacional.  

Es extendidamente reconocido que la tortura consigna una línea que no debe ser cruzada, que da inicio con la privación del sueño o con la exposición de un individuo al frío y al calor, todo lo cual incluye también los simulacros de ahogamiento y la extracción de uñas (e, incluso, la muerte). En la práctica, sólo sirve para obtener confesiones que solo persiguen poner fin al dolor, muchas de las cuales terminan siendo falsas. Se ha descubierto que la información producida por la tortura es pasible de obtenerse, con frecuencia, por otros medios, y numerosos interrogadores del gobierno estiman que se cosechan mejores resultados al obsequiarse un buen trato a los prisioneros. La tortura convierte en sádicos a aquellos que la ejecutan, y a aquellos que la sancionan. Es una mancha en el accionar del gobierno que la condona, y abre las puertas para que otras naciones y grupos se involucren en iguales prácticas, contra ciudadanos estadounidenses.

El caso judicial contra los presuntos torturadores fue convenido en una corte federal en Spokane, estado de Washington, y se pautó para su tratamiento en juicio por jurados el próximo 5 de septiembre. La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra dos psicólogos de la CIA, por parte de tres hombres que fueran torturados en una prisión secreta de la CIA, entre 2002 y 2008. Los psicólogos son James Mitchell y John Bruce Jessen, quienes, hacia 2001, dieron forma a una compañía denominada Mitchell, Jessen & Asociados, que sirvió como contratista primario de la CIA para el programa de torturas. A estos individuos les fue encomendado utilizar sus habilidades profesionales para ponderar 'técnicas de interrogación aumentada' que conducirían al quiebre emocional de prisioneros, empujándolos a revelar información relativa a células terroristas y a operaciones por ejecutarse. Según se informó, la firma privada también proporcionó interrogadores y personal de seguridad para los sitios clandestinos bajo control de la CIA (en inglés, black sites), y los datos consignan que pudo haber estado involucrada en el programa de secuestros clandestinos de la CIA (en inglés, rendition program), en el cual los sospechosos eran abducidos y llevados por vía aérea a terceros países para someterlos a potenciales torturas.

En conformidad con lo expresado por ACLU, Mitchell y Jessen -ex psicólogos militares- dieron forma, en rigor, a las 'técnicas de interrogación aumentada' que serían luego utilizadas en prisiones secretas. La metodología empleada se basó en la reversión del programa de entrenamiento que habían desarrollado para asistir a soldados estadounidenses que fueran tomados prisioneros, a los efectos de que éstos sobrevivieran y resistieran brutales sesiones de investigación por parte de fuerzas hostiles. Aquéllos ofrecieron su programa a la CIA y, recurriendo a modelos comportamentales previamente desarrollados, convencieron a administradores de carrera en la Agencia de que las técnicas tenían valor práctico y que darían lugar a significativa información de inteligencia. El Departamento de Justicia de George W. Bush acordó (en aquel notable serie de Memorándums Yoo) que las técnicas no constituían tortura, conforme las sesiones no necesariamente terminaban con fallo de órganos de los interrogados. Ambos doctores, según se informara, recibieron una paga superior a los US$ 80 millones por sus servicios.

Los patrocinadores legales de Mitchell y Jessen argumentaron que los hombres debieron contar con la misma inmunidad de la que disfrutaron en su oportunidad la totalidad de los funcionarios del gobierno, dado que se trataba de una operación de la CIA y que la Agencia era responsable por la selección de individuos para llevar a cabo las sesiones de interrogación. La defenda observó que, mientras proporcionaban los instrumentos empleados por la CIA en los interrogatorios, los defendidos no tenían decisión alguna sobre cómo eran implementadas las 'técnicas de interrogación aumentada'. Asimismo, declamaron que los procedimientos utilizados no tenían el objeto de provocar dolor agudo ni daño permanente, de tal suerte que, a la postre, lo actuado no constituía tortura en modo alguno.

La demanda de ACLU fue conducida bajo los términos del Estatuto de Tortura en el Extranjero, que permite a los ciudadanos extranjeros remitirse a los tribunales estadounidenses para exigir justicia en aquellas instancias en la que se consigna actividad ilegal conforme lo tipificado por la legislación internacional o por tratados de los que Estados Unidos es partícipe, y que exhiben fuerza de ley. En este caso, se citó la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura.

Los tres ex prisioneros que fueran torturados eran Mohamed Ben Soud, Suleiman Salim, y Gul Rahman. Ben Soud y Salim sobrevivieron a la experiencia, pero Gul Rahman falleció, congelado hasta la muerte como parte del interrogatorio padecido en una prisión clandestina. Su familia sobreviviente constituyó una de las tres demandas. De acuerdo al testimonio, los tres hombres fueron sujetos a privación del sueño, fueron arrojados contra paredes, confinados en ataúdes, expuestos a temperaturas extremas, sesiones de inmersión (en inglés, waterboarding), privación de ingesta de alimentos, y encadenados o colgados del techo en posiciones que daban lugar a estrés físico.

Una autopsia de Gul Rahman conducida por la CIA -Rahman era un refugiado afgano en matrimonio, con cuatro hijas que residían en Paquistán- reveló que el sujeto había perdido la vida luego de ser encadenado desnudo a un piso de concreto en condiciones de temperatura inferiores a los cero grados. Asimismo, fue sometido a deshidratación y desnutrición. Salim, ex pescador oriundo de Tanzania, fue retenido durante cinco años previo a ser liberado, en tanto le fue entregada una misiva escrita que reconocía que él no representaba amenaza alguna para los Estados Unidos de América. Ben Soud, ciudadano libio residente en Paquistán, fue torturado en prisiones clandestinas durante dos años previo a su liberación.

El único contacto real que ambos psicólogos sostuvieron con los demandantes tuvo lugar cuando Jessen supervisó los interrogatorios a Gul Rahman. Jessen afirmó que los interrogadores lo consultaron al respecto de si podía obtener mantas y vestimenta para Rahman, pero fue ignorado. Rahman, por cierto, falleció.

En oportunidad de las declaraciones previas al juicio per se, Mitchell y Jessen revelaron que una de sus implementaciones originarias del EIT fue conducida en perjuicio de Abu Zubaydah, en una prisión clandestina en Tailandia. Los psicólogos se trasladaron a la locación secreta, y procedieron a sumergir al prisionero en agua, en 83 ocasiones. Cuando quedó claro que el tratamiento no aportó información, el equipo de la prisión consultó a Langley (base central de la CIA en el estado de Virginia) si debían detenerse, pero José Rodríguez -quien encabezaba el Centro Contraterrorista en ese momento- les ordenó continuar, argumentando que, si no lo hacían, una bomba nuclear terrorista detonaría en algún sitio de Estados Unidos continental. Mitchell recordó que el personal de la CIA se refirió a los doctores como 'maricas' cuando éstos expresaron rechazo ante la idea de continuar con el procedimiento. Rodríguez, tiempo más tarde, ordenó que las grabaciones en video captadas fuesen destruídas.

El gobierno tomó cartas en el asunto a criterio de convenir que el proceso no llegara a juicio, conforme el testimonio explicitaría al público que la CIA se había visto involucrada en lo que se considera como crímenes de guerra. Los términos reales del acuerdo no fueron revelados, pero los dos doctores no se vieron afectados directamente, conforme no se los forzó a declararse culpables. El gobierno de los Estados Unidos de América, actuando en representación de la CIA, los indemnizó y se hizo cargo de las costas legales, del pago a los abogados demandantes, y de los costos punitivos y daños compensatorios.

En modo alguno queda claro si acaso el caso de referencia servirá como precedente para más demandas que persigan protección legal para damnificados a partir de la actividad ilegal incurrida por el gobierno estadounidense en la guerra contra el terrorismo. Y no hay señales de que los tribunales eventualmente pongan fin a la inmunidad de los empleados del gobierno para que éstos puedan ser pasibles de acusaciones por lo actuado mientras ocupaban sus puestos. En tal sentido, hay pocas chances de que administradores senior de la CIA sean llevados ante la justicia. Pero podríamos asistir aquí a una puerta que se ha abierto apenas, y a la posibilidad de que el público descubra más sobre el programa de torturas y sobre aquellos que se vieron afectados por aquél. La Agencia ha empleado a una miríada de contratistas para que administren las prisiones clandestinas, así como también los programas de secuestros ilegales. El identificarlos podría convertirse en una posibilidad, si eventualmente llegaran a desclasificarse más secciones del informe de 6.500 páginas preparado por el Senado americano sobre torturas.

En cualquier caso, se cree que Jessen ha sido en mucho ambivalente en relación al programa de EIT que ayudara a desarrollar. Pero se ha informado que Mitchell supo mostrarse orgulloso de haber prestado servicio a los Estados Unidos. El ha realzado el programa de interrogación, y se describe a sí mismo como el 'primer interrogador, desde la incepción del programa'. Al día de la fecha, percibe entre US$ 15 mil y US$ 25 mil por sus servicios, y ofrece compartir su conocimiento sobre 'las mentes de aquellos que intentan destruir a EE.UU.'.


Artículo original en inglés, en http://www.theamericanconservative.com/articles/two-cia-contractors-successfully-sued-for-black-site-torture/