Causa José Ignacio Rucci: postales del país incompleto

En momentos en que el peronismo está siendo fuertemente indagado por una corriente de pensamiento que intenta calibrar en su justa medida su responsabilidad en la decadencia del país, y en tiempos en que aparecen algunas voces, aún aisladas pero con fuerte impronta, que cuestionan la cantidad de desaparecidos durante la dictadura e inclusive sobre si hubo o no un plan sistemático de exterminio, el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci ocurrido el 25 de septiembre de 1973 adquiere una gran importancia histórica, de la que nunca gozó y de la que merece tener. Su caso, y su actual causa judicial, representan casi un emblema de una lucha desigual y de gran trascendencia. 

 

La Justicia tampoco escapa a la rigurosidad de la hora. Luego de más de 12 años de vigencia de los  “Juicios por la verdad”, donde se juzgó a cantidad de militares (y también civiles) con diferentes grados de responsabilidad durante el llamado “Terrorismo de Estado”, cada vez son más los que plantean que es necesario también poner la lupa en los crímenes de la guerrilla, en especial en el período previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Es decir, durante la plena vigencia de un gobierno constitucional. 

 

Ambos conceptos se entrelazan. La violencia ejercida en el país desde fines de la década del 60, que alcanzó su apogeo en los años siguientes, nunca fue abordada en su justa medida. Este “olvido” no fue casual. Ya sea por motivos vergonzantes, o sencillamente por temor, la responsabilidad del peronismo en aquellos años aciagos, y en especial del propio Juan Domingo Perón, no fue debidamente estudiada. Los secuestros y asesinatos no comenzaron el 24 de marzo de 1976, sino mucho antes. La Triple A, surgida durante la presidencia del caudillo, es el antecedente más directo. Pero no el único. Los discursos de barricada del viejo líder desde el exilio madrileño, promoviendo y alentando el surgimiento de movimientos guerrilleros, no es un asunto menor. Al fin y al cabo, aquellas organizaciones, en especial Montoneros, cometieron centenares de crímenes invocando el nombre de Perón. Hasta que llegó el día que se volvieron contra él.     

 

El 23 de septiembre de 1973 Juan Domingo Perón fue electo Presidente por tercera vez con más del 60% de los votos. El 13 de julio del mismo año, Héctor Cámpora había renunciado y se llamó a elecciones nuevamente. José Ignacio Rucci, por entonces líder de la CGT y hombre de máxima confianza del mandatario electo, era acusado por la izquierda peronista de ser uno de los instigadores de la masacre de Ezeiza, ocurrida el 20 de junio de 1973 en ocasión del regreso definitivo del líder al país. La historia vuelve a dividirse sobre aquellos trágicos hechos, que dejó 13 muertos y decenas de heridos. La versión más aceptada es que la masacre fue obra de la derecha peronista que abrió fuego en forma indiscriminada contra los elementos de la izquierda, Montoneros, FAP, y FAR. Pero hay quienes abonan la teoría de una presunta conspiración de la guerrilla peronista para asesinar a Perón en pleno acto y tomar el poder. De acuerdo a esta versión, la ortodoxia del movimiento no hizo más que intentar prevenir aquel atentado. Pero tampoco habría que descartar una tercera opción: en un clima de fuerte tensión como el que se respiraba en aquella jornada, cualquier hecho menor podía encender la mecha de la violencia. Y es muy probable que así haya sucedido. En cualquier caso, Mario Firmenich y los suyos responsabilizaron a Rucci de preparar la masacre. Y lo habrían sentenciado a muerte. Carteles con su foto se podían ver en las calles de Buenos Aires con la inscripción: “Asesino de Ezeiza”.

 

Dos días después del triunfo de Perón, el martes 25 de septiembre de 1973 en horas del mediodía, José Ignacio Rucci sale de su casa de Avellaneda 2953 del barrio de Flores rumbo a Canal 13, cuando es sorprendido por 23 balazos que acaban rápidamente con su vida.  El sindicalista estaba amenazado y cambiaba diariamente de domicilio para dormir. A pesar de la custodia con la que contaba, nada se pudo hacer contra la precisión de los asesinos. 

 

Teorías

Montoneros nunca admitió públicamente la autoría del crimen. Es por ello que a lo largo de estos años hubo diferentes teorías. En medio de la confusión general, las primeras versiones sindicaban al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) como autor del atentado. Pero los “erpianos” salieron rápidamente a negarlo. El periodista norteamericano Martin Andersen, en su libro “Dossier secreto”, arriesga que el autor intelectual pudo haber sido José López Rega, presunto inspirador de la “Triple A”. Según dice Andersen, “Firmenich hizo correr la voz de que Montoneros era responsable del asesinato…..Unos pocos oficiales de alto rango de la Policía pusieron en duda la teoría de la intervención de la guerrilla. Para ellos, el “golpe” parecía demasiado sofisticado”. Para comprender esta afirmación, habría que aclarar que el escritor sostiene la idea que el jefe Montonero era en verdad un doble agente, cuyo objetivo era lograr el desprestigio de la organización terrorista. Y afirma tajante: “Nadie ganó más del asesinato de Rucci que López Rega. Este hecho reforzó la resolución de Perón de poner fin a las formaciones especiales”.

 

Sin embargo, el periodista Ceferino Reato, en su excelente libro “Operación Traviata”, prácticamente la única investigación exhaustiva sobre el crimen del sindicalista, afirma lo contrario: “Perón se les está yendo a la derecha y ellos (por los Montoneros) han decidido apretarlo, TIRARLE UN FIAMBRE, el de su querido Rucci, para que los vuelva a tener en cuenta en el reparto del poder, tanto en el gobierno como en el Movimiento Nacional Justicialista”. La clave del asunto pasa por comprender que la figura del líder exiliado comenzó a ser idealizada por la juventud de la época que necesitaba un “Mesías” revolucionario. Los ecos de la Revolución Cubana aún sonaban con mucho estruendo en todo el continente, y Perón era lo que mejor tenían a mano. Pero olvidaron que el caudillo había sido formado en las Fuerzas Armadas, orillaba los ochenta años, y su poder se asentaba principalmente en el viejo sindicalismo ortodoxo, que nada tenía que ver con el socialismo que los jóvenes propugnaban.  El dilema de aquellos años era “Patria peronista” o “Patria socialista”. Las diferencias comenzaron a zanjarse en la masacre de Ezeiza.

 

El periodista y ex militante montonero Juan Gasparini, quien actualmente vive en Suiza, escribió respecto del crimen de Rucci que la organización “preparaba un nuevo apriete. Lo que les había fallado con las masas en Ezeiza lo suplantarían con los fierros en Avellaneda al 2900…..Al extender (el líder de la CGT) su mano para abrir la puerta de uno de los autos de su comitiva, el comando operativo dirigido por Horacio Antonio Arrué, “Pablo Cristiano”, lo agujerearon de perdigones”. Para luego revelar que once años después Firmenich  dijo: “Nosotros no matamos a Rucci. El error nuestro fue político, no haberlo desmentido en su oportunidad”. A lo que Gasparini reflexiona lo siguiente: “No, pero sí. La equivocación no fue la ejecución sino el olvido de impugnarla. Si no se la negó fue para capitalizarla entre bambalinas y porque a Perón no debía quedarle duda de quiénes le habían tirado el fiambre”.

 

La causa judicial

La discusión vuelve a centrarse en la calificación “lesa humanidad”. Para que un delito sea considerado como tal, debe cumplir ciertos requisitos: ser atroz, estar dirigidos a una población civil, formar parte de una política de estado, y poseer por parte de los criminales domino territorial. Sobre dicha calificación se asentó todo el andamiaje jurídico que permitió la realización de los llamados “Juicios por la verdad” desde comienzos de este siglo en la Argentina. Aunque el concepto de lesa humanidad ha sido siempre objeto de fuerte controversia, es sobre dicho eje que se apoya el argumento principal de la familia Rucci. 

 

En agosto del año 2012 el Juez de la causa, Dr. Ariel Lijo, desestimó que el crimen del sindicalista encuadre como lesa humanidad. Sostuvo el magistrado en su resolución que “si bien existen elementos que me permiten afirmar la sospecha de que en la decisión de llevar adelante el hecho participaron miembros de la agrupación Montoneros, son escasos los elementos probatorios para hacer imputaciones”. Y afirmó que “la causa esta prescripta ya que no es un caso de lesa humanidad”. Sin embargo, a fines de ese año la Sala 2 de la Cámara Federal, por entonces integrada por los Dres. Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, le devolvió las actuaciones a Lijo alegando que su decisión fue prematura y que debe ordenar nuevas medidas de prueba. En otras palabras, que debe seguir investigando. Fuentes del caso no dudan en asegurar que el Juez “está bastante remolón para actuar. Ahora tiene la gran excusa de no hacer nada ya que está esperando un exhorto de Italia para que preste testimonio el periodista Ricardo Grassi, ex director de la Revista Montonera El descamisado”. Si bien los Rucci han desistido de este testimonio, por no considerarlo relevante para la causa, los pasos procesales deben seguir su curso. “Sabemos que Lijo tiene temas más importantes que resolver, pero la verdad es que no está haciendo nada”, consigna la misma fuente.

 

El abogado Miguel Ángel Pló, representante legal de Claudia y Anibal Rucci, hijos del sindicalista, pidió que sean llamados a indagatoria Mario Eduardo Firmenich  y Roberto Perdía (Integrantes de la conducción nacional de Montoneros), así como también a Fernando Vaca Narvaja (Responsable político militar de la Orga) y Ernesto Jauretche. Este último adquiere una importancia fundamental: al momento de los hechos se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El Gobernador era Oscar Bidegaín, simpatizante activo de la izquierda peronista, y quien fuera forzado a renunciar por el mismo Perón en enero de 1974 luego del demencial ataque del ERP a un cuartel militar de la localidad de Azul.

 

Presuntamente, Jauretche habría prestado un departamento de su propiedad como cuartel general para el operativo. Se ubicaba en la Avenida Juan B Justo 5781, piso 12 depto. C., a sólo ocho cuadras del domicilio de Rucci. Desde sus ventanas se podía ver perfectamente la vivienda del metalúrgico. Para preparar el inmueble, es decir remover el mobiliario y llevar las armas, se habrían usado autos oficiales del gobierno bonaerense. Ceferino Reato afirma que “la alianza de Bidegaín con los montoneros se fortaleció cuando una de sus hijas, Gloria, se casó con Daniel Vaca Narvaja”. Sobre esta base se asienta el pedido del Dr. Pló para que el crimen sea considerado como de lesa humanidad. De ser ciertos estos hechos, cumpliría con los requisitos: se habría tratado de un asesinato atroz, y podría haber formado parte de una política de Estado dirigida por la mismísima Provincia de Buenos Aires, el territorio más grande del país. En cuanto a la población civil, además del impacto que siempre producen este tipo de hechos, que el atentado haya ocurrido luego de la victoria de Perón lo hace doblemente impactante ya que no auguraba buenos tiempos: la victoria del caudillo ya estaba consumada y el violencia se presentaba inevitable, por lo que el escenario ara aterrador. 

 

La Dra. Victoria Villarruel, Presidenta del C.E.L.T.Y.V. (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), es contundente: “En los últimos años, se tejió una estrategia jurídica encaminada a evitar que los crímenes cometidos por la guerrilla fueran declarados delitos de lesa humanidad. El argumento que se sostuvo fue que aquellas acciones no habían sido ejecutadas por funcionarios públicos ni bajo el amparo del Gobierno, una condición que no figura en instrumento alguno del Derecho Internacional. Además, frente a una confrontación sangrienta que cubrió de luto a miles de familias de ambos lados de la contienda, la aplicación de una regla elaborada para una sola de las partes provoca la pérdida de medidas y límites en la represalia judicial”. Y finaliza: “Las víctimas del terrorismo tienen derecho a impedir, por las vías legales, que los delitos que las afectaron permanezcan impunes”. 

 

Final

El derrotero de la causa seguramente conocerá grandes dilaciones. Es previsible que los ex líderes montoneros opongan un pedido de prescripción de los delitos por los cuales serían llamados a declarar. Los autores materiales de la masacre habrían sido Juan Julio Roqué, alias “Lino”, secundado por Marcelo Kurlat, “Monra”, y Horacio Arrué, “Pablo Cristiano”, los tres ya fallecidos. Pero a esta altura esto poco importa. El debate en definitiva continúa estando incompleto. Un proceso ocurrido en Mar del Plata puede graficar a la perfección esta afirmación: recientemente se juzgó y condenó a presuntos miembros de la CNU, una de las tantas agrupaciones de la ortodoxia peronista, por ocho crímenes ocurridos en 1975, en represalia por el asesinato del abogado Ernesto Piantoni, líder de la CNU local. El problema es que en estos 42 años nadie se preocupó por investigar y dilucidar aquel crímen, de seminal importancia en la violencia posterior que azotó a la ciudad balnearia. En este sentido, la muerte de Piantoni guarda fuertes similitudes con el caso Rucci.

 

Hay cientos de familias en la Argentina destrozadas por el terrorismo que nunca hallaron respuesta por parte de la Justicia. Esto inevitablemente pone el foco en cuestiones muy sensibles. Discutir el rol del peronismo  es prácticamente poner en consideración la propia historia del país . El justicialismo fue (y aún es) un acervo cultural, una ideosincracia, un modo de entender la vida, más que un simple partido político. No se puede colocar “afuera” al movimiento creado por Perón como si hubiera venido de Júpiter a colonizar el país. Sus luchas internas le han hecho mucho daño a la República. Pero al fin y al cabo no deja de ser un daño autoinflingido.   

 

El caso Rucci también es un llamado de atención para los más conspicuos integrantes del peronismo histórico. Muchos de sus dirigentes, algunos de ellos contemporáneos  del metalúrgico, han hecho poco y nada por promover el avance de la causa. En los últimos años, donde la década del setenta ha estado en el centro de la discusión, pudieron haberlo hecho. Pero no lo hicieron. La muerte de Rucci es quizá el hecho bisagra de la violencia de aquellos años: hubo un quiebre innegable en el seno del justicialismo, fue el punto de partida de las luchas sangrientas e intestinas dentro del movimiento, cuyas ondas expansivas sacudieron a toda la sociedad. 

 

'Sincerar la responsabilidad de cada uno en el pandemónium que envolvió la tercera presidencia de Perón no hubiera disminuido en nada las atrocidades que cometieron quienes acabaron con el gobierno de su incapaz esposa, pero habría establecido el clima de época que las hizo posibles'. 

 

Esta sentencia no fue compartida por algún 'apologista' de oportunidad proveniente de la derecha; fue escrita por Horacio Verbitsky.