A pesar de los Panamá Papers

Una potente campaña propagandística a escala global pretende acabar con los denominados paraísos fiscales. Su objetivo real es eliminar la desagradable competencia tributaria entre los Estados; la coartada para conseguirlo es que esas jurisdicciones son lugares cuyo cometido fundamental es lavar el dinero procedente de operaciones criminales y servir de plataforma para financiar el terrorismo internacional. A esta tarea, se dedican con evidente éxito las izquierdas anticapitalistas, secundadas por gobiernos de los países industrializados, sobre todo europeos, que gravan a sus sufridos súbditos con una fiscalidad excesiva, y pretenden evitar su huida hacia entornos tributarios menos onerosos. Este es el fondo del debate, distorsionado por una rampante demagogia, por una lamentable hipocresía y por una manipulación de la realidad bastante burda pero popular.

 

¿Qué es un paraíso fiscal? Una jurisdicción, situada geográficamente en cualquier parte del mundo, que establece reglas preferenciales para los inversores extranjeros. Cuando un Estado soberano establece un marco institucional de estas características, no tiene obligación de ayudar a que se cumplan las normativas tributarias de terceros países para salvarles de sus propios errores, esto es, del mantenimiento de regímenes impositivos lesivos para la creación de riqueza. La única información y colaboración exigible a las naciones que han establecido una fiscalidad baja o mínima es la referida a aquellos supuestos en los cuales se hubiesen localizado en ellas, y sin sombra de duda, fondos procedentes de transacciones de naturaleza criminal, productoras de externalidades negativas globales, cuya eliminación precisa de la cooperación internacional. Esto no tiene nada que ver con el legítimo deseo de la gente de reducir todo lo que pueda su carga tributaria.

 

En la actual estrategia de acoso emprendida contra los contribuyentes desempeña un papel fundamental la denominada teoría de la renta universal. Bajo su amparo, los gobiernos pretenden arrogarse la facultad de conocer y de gravar las actividades económicas que se realizan fuera de sus fronteras. Por un lado, esta postura carece de legitimidad. El fisco español o el sueco -da igual- no tienen derecho a exigir tributos sobre los rendimientos de operaciones mercantiles o financieras no vinculadas al territorio en el que tienen jurisdicción y, a mayores, en cuya generación no han tenido participación alguna. Por otro, la aplicación de la renta universal es una fuente de ineficiencia porque impone una doble, triple e incluso cuádruple tributación sobre las rentas de los individuos y sobre los beneficios empresariales que distorsiona el buen funcionamiento de los mercados de capitales que penaliza el crecimiento económico.   

 

En estos momentos, el concepto de paraíso fiscal no es el que la gente tiene en mente. Ha adquirido un carácter expansivo hasta abarcar a cualquier estado con regímenes impositivos menos gravosos para el trabajo, para el ahorro y para la inversión que sus competidores. Ya no se trata de emigrar a las Islas Caimán, por citar un ejemplo, para escapar de los elevados impuestos establecidos en determinados países, sino de impedir que nadie ofrezca a los ciudadanos y a las empresas unas condiciones fiscales mejores que los demás. Se aspira a crear un cártel estatal para suprimir la competencia entre los sistemas tributarios y, de este modo, evitar la presión para reducir la tributación que recae sobre los contribuyentes. Este acuerdo colusorio tiene por finalidad encerrar a los individuos y a las compañías en una especie de cárcel fiscal al servicio de las políticas redistributivas de los Estados y de los caprichos de los gobiernos. Sin presión competitiva del exterior, éstos  pueden imponer a sus abnegados ciudadanos y empresas la carga fiscal que deseen.

 

Pero hay más… Un Estado de Derecho ha de defender la privacidad de los ciudadanos, lo que incluye la información sobre su situación financiera o patrimonial cuyo uso es de propiedad privada, no colectiva. Este derecho individual ha de ser garantizado por la ley y el levantamiento de ese velo protector sólo ha de producirse por causas tipificadas previamente y mediante una decisión fundada de los tribunales, no de la autoridad administrativa. La concepción en boga del ciudadano transparente, cuya vida y milagros han de ser conocidos por el poder fiscal es orwelliana e impropia de una sociedad libre. Este aspecto esencial se pierde de vista cuando situaciones escandalosas y excepcionales se transforman en una regla general. Siempre habrá gente dispuesta a abusar de la protección ofrecida por los paraísos fiscales pero la mayoría busca en ellos seguridad y rentabilidad para su capital, entre ellos, muchos individuos y compañías que afrontan altos riesgos, no precisamente tributarios, en sus países de origen.     

 

Ahora hay que matar al mensajero. La localización del ahorro, de la inversión y del  trabajo en territorios con una baja tributación es la prueba palpable de la existencia de marcos fiscales desincentivadores en gran parte de los estados industrializados. Hay paraísos fiscales y son atractivos porque casi todas las economías avanzadas tienen impuestos demasiado altos y sus gobiernos no están dispuestos a disminuir el tamaño del sector público. Por eso hay que demonizar a los estados con sistemas tributarios con bajos niveles de imposición. Que las izquierdas emprendan esa cruzada es comprensible, pero las formaciones de centroderecha, paladines teóricos de la libertad económica, deberían entender la problemática generada por los paraísos fiscales como una reivindicación de su proyecto: un modelo de Estado con gasto público e impuestos sensiblemente inferiores a los vigentes en la actualidad.

 

En nombre del combate contra el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando de armas y otras plagas de la Humanidad, fin loable per se, se está intentando crear una especie de Estado Policiaco Fiscal a escala mundial que amenaza nuestra prosperidad y nuestra libertad. El voto con los pies, es decir, la posibilidad de escapar de quienes quieren apropiarse de la riqueza generada por el esfuerzo individual ha sido un instrumento básico para frenar o, al menos, aminorar la insaciable voracidad del Leviatán estatal. Quieren acabar con los paraísos fiscales para ordeñarnos a su antojo y eso es inaceptable en términos morales y negativo en los económicos. Impuestos altos suponen menos crecimiento y, también, lo que es más importante, menores recursos para que la gente viva como quiera. Esta es la esencia última del debate, sepultada por una maraña de falsas verdades y contumaces mentiras.