España: reducir el gasto, para aliviar la presión fiscal

La reforma tributaria que se propone llevar a cabo el gobierno del presidente Mariano Rajoy Brey comporta dos fines claros: corregir algunos defectos del actual sistema tributario, en aplicación de las propuestas del Comité de Sabios presidido por Manuel Lagares; y recobrar alguno de los votantes tradicionales del Partido Popular (PP) que se abstuvieron en las elecciones europeas.

Sin embargo, la reforma fiscal anunciada por el ministro Montoro adolece de un defecto fundamental: se reduce a retocar el sistema de ingresos públicos. Es sabido que Montoro dio la instrucción al Comité de Sabios de que sus propuestas no supusieran una reducción de los ingresos públicos. Las decisiones de mediados de junio son fieles a esa limitación: la reforma no se ocupa del gasto. Era ésta la última ocasión para examinar en su conjunto y a fondo el papel del Estado en la economía española, y se ha desaprovechado.

Cuando, como en el caso español, existe la obligación de consolidar fiscalmente la Hacienda en el lapso de unos pocos años, la reforma fiscal no puede hacerse sin atender también al lado del gasto. La consolidación fiscal aún inacabada exige, como mínimo, que el gasto público en su totalidad crezca menos que el ingreso. Más aún, si el Estado español se encuentra muy endeudado y quiere atender a su compromiso de reducir la deuda a lo equivalente del 60% del PIB, tendrá que mantener año tras año un superávit en las cuentas no financieras del presupuesto. Sabemos que la deuda del Estado español y sus Autonomías pronto llegará a equivaler al 100% del PIB. Si España no quiere argentinizarse incumpliendo sus obligaciones, tendrá que evitar nuevas deudas e ir amortizando las pasadas.

Pero, dicen los más optimistas, en cuanto salgamos de la crisis y la economía vuelva a crear empleo para los parados y beneficios para las empresas, los ingresos del fisco comenzarán a crecer espontáneamente y el problema se irá resolviendo por sí solo. Todo ministro exactor alberga en su ánimo la esperanza de que la producción se reanime por sí sola y lleve espontáneamente a mayores ingresos públicos. Pero la capacidad de crecimiento de la economía viene limitada por dos factores: unos impuestos abultados y unos gastos de bienestar que tenderán a crecer con el PIB. Eso reduce la posibilidad de que el crecimiento de la economía haga caer por sí solo el déficit público hasta convertirlo en un superávit. Una consolidación fiscal basada en el impuesto y sin recortes del gasto condena el país a un crecimiento desmayado o lo conduce al aplazamiento de la consolidación y recurrir a nuevas emisiones de deuda.
 

 

Las reformas fiscales del gobierno

Las reformas decididas por el gobierno afectan principalmente dos impuestos: el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y el Impuesto de Sociedades. Los cambios del impuesto sobre la renta suponen un cierto giro en la política redistributiva del ministro Montoro. Su inclinación ha sido siempre la de aligerar el impuesto de los “pobres” y recargarlo sobre los “ricos”, por convicción y sobre todo por cálculo electoral. Buscaba atraer votantes del PSOE con su política social. No importaba que, tras la brutal elevación de impuestos en diciembre de 2012, sólo el 0,4% de los 19,5 millones de contribuyentes llegase a pagar el tipo marginal máximo del 52%. Era para quedar bien. Ahora, con la reforma anunciada, todos los contribuyentes verán bajar el impuesto sobre los ingresos en 2015 y 2016: no sólo los más pobres sino también los más ricos, al caer el tipo marginal al 47% en 2015 y al 45% en 2016. También las clases medias quedarán aliviadas porque se reduce el número de tramos de siete a cinco, quiere decirse que son menos escalones del ingreso afectados por tipos crecientes; y porque los profesionales, abundantes en el tramo medio, verán reducirse las retenciones que han de adelantar al Fisco. Por fin, los beneficios del ahorro, que estaban gravados con un máximo del 27%, pasarán a un máximo del 23%. Todo esto coincide, claro, con que muchos votantes del PP se han abstenido en las elecciones europeas.

Por otra parte, el Impuesto de Sociedades se aligera sobre todo para las pymes. Se reduce el tipo principal del 30% al 25% pero las pymes tendrán la posibilidad de reducirlo al 20,5% —muy lejos aún del 12,5% de Irlanda—. El gobierno necesita más crecimiento para no ser derrotado en las próximas elecciones. La contradicción estriba en que las empresas siguen cargando con elevadas cotizaciones sociales.

 

 

El gasto en “bienestar"

 

No hay mucho misterio. La parquedad del alivio concedido a las familias y las empresas se debe a lo abultado del gasto público estructural. Nadie quiere reconocer que el gasto del “Estado de Bienestar” es excesivo. Me atrevo a decir más: que es insostenible, porque, desde el punto de vista actuarial, los compromisos latentes de los sistemas de pensiones y de salud públicas los han colocado en situación de quiebre técnica.

La crisis de los años 2007 a 2013 en el mundo occidental la trajeron políticas públicas artificialmente expansivas y generosamente “sociales”. En la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, tuvo la culpa el Congreso, al fomentar la concesión de hipotecas a grupos sociales indigentes. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo mantuvieron artificialmente bajo el tipo de interés oficial durante al menos una década. Los Estados-miembro de la Unión Europea dedican más del 60% de su gasto por término medio en subvenciones a la salud, la educación, los servicios sociales, las pensiones y el paro. En España ese porcentaje es incluso superior. En las Autonomías, los servicios de salud, educación y ayudas sociales suman más del 90% de su gasto. Pese a tanto gasto, el Estado de Bienestar no funciona bien.

Todas estas intervenciones son contraproducentes porque demandan una presión fiscal o unos aumentos de deuda que están reñidos con un crecimiento veloz y sostenido. El gobierno de Rajoy no sabe o no quiere soltar ese freno con un decidido recorte del gasto.