España: la quiebra de las pensiones

Si la seguridad social fuera una empresa privada de seguros, tendría que pedir concurso de acreedores, pues su pasivo es considerablemente mayor que su activo y la esperanza de sanear su situación financiera con los ingresos previsibles, altamente improbable. Por un lado, las promesas tácitas en materia de pensiones en nuestro país y en todos los países con sistemas “de reparto” son mucho más gravosas de lo que se confiesa; y, por otro, la capacidad de aumentar las contribuciones para cubrir esas obligaciones futuras es muy limitada, si no nula.

 

La situación de las seguridades sociales de los países adelantados debe verse en el conjunto de sus deudas públicas. La deuda pública confesada se refiere al pasado, a la deuda hasta el momento acumulada, no sólo por la necesidad de salvar los bancos en crisis, sino las demandas del seguro de paro y de las pensiones y la sanidad, financiadas en gran parte con deuda.

 

Estamos hablando de una deuda pública cercana al 100% del PIB de los Estados Unidos de América durante el próximo decenio, con un paulatino aumento posterior. En la Unión Europea (UE), la proporción es de un 85% ahora, también con tendencia a crecer más adelante. España estará peor que la media europea, pues nuestra situación se parece más a la de EE.UU.

 

Si EE.UU. quiere mantener sus pensiones, su Medicare y su nuevo seguro obligatorio de salud conocido como “Obamacare” —escribe el Dr. Jagadeesh Gokhale, del Cato Institute, en una reciente publicación del Institute for Economic Affairs de Londres)—, deberán aumentar sus ingresos fiscales en un 9% de cada año. La UE, por su lado, se enfrenta con la necesidad de aumentar sus impuestos un 13,5% cada año, si quiere cumplir sus promesas sociales. Cuánto sea el peso futuro de lo prometido en España por servicios sociales, ni nos lo han dicho ni creo que lo hayan calculado.

 

En el caso de las pensiones en España, las causas de la quiebra técnica son bien conocidas: la reducción del número de trabajadores por pensionista por aumento de la esperanza de vida y por la caída de la natalidad. Estos factores afectan especialmente a nuestro sistema de pensiones por ser de reparto en vez de la capitalización. Dicho de otra manera, lo que recibe un pensionista cada año lo financian las cotizaciones de los empleados de ese mismo año, lo que dependerá de la presión fiscal que los contribuyentes acepten sobrellevar.

 

Esto último es crucial. Los gobernantes creen que el montante de lo aportado por los contribuyentes lo deciden ellos. Olvidan que quienes pagamos impuestos y contribuciones tenemos dos formas de resistirnos: si la fiscalidad es muy alta reducimos nuestra actividad productiva aumentando el tiempo de ocio; y eludimos el impuesto aplicando ingeniería fiscal o escondiéndonos en la economía sumergida. La situación sería muy distinta si los jubilados vivieran de lo que han acumulado e invertido: sus ahorros habrían sido y serían productivos, lo que aumentaría la riqueza nacional, incluso para quienes ya no trabajan.

 

Prueba de que lo que digo es cierto es que el gobierno, con el apoyo de los diputados reunidos en la Comisión del Pacto de Toledo, se ha visto forzado a recortar los beneficios del sistema para “hacerlo sostenible” —hermoso eufemismo. No otra cosa que un recorte es el retraso de la edad de jubilación de los 65 años a los 67, aunque la medida se aplique paulatinamente a lo largo de 15 años. También son recortes respecto del sistema actual el desligar el monto de la pensión y la inflación, la exigencia de 37 años de cotización en vez de 35 para acceder a la pensión máxima, y la ampliación del período sobre el que calcular la pensión de 15 a 25 años. En el mismo sentido van otros cambios, como son la obligación de cotizar por remuneraciones en especie y la elevación de la edad mínima para cobrar pensión los jubilados voluntarios; no digo que estas pequeñas corruptelas no deban ir corrigiéndose, sino que de hecho equivalen a una reducción de las prestaciones del “seguro” público.

 

Cuando hace quince años José Pîñera visitó España invitado por el Círculo de Empresarios para estudiar la posibilidad de un sistema de pensiones públicas capitalizadas, menudearon las críticas de tal manera que la ocasión se perdió. Recuerdo el enfado del presidente de la Comisión del Pacto de Toledo cuando Piñera dijo que los jubilados deberían temblar cada vez que oyeran que los diputados “iban a Toledo”. Los años le han dado la razón. Aún estamos a tiempo de crear un sistema de capitalización en nuestro país, aunque las condiciones ya no sean tan favorables como en tiempos de Suárez. La solución, en el próximo número.



Publicado originalmente en Expansión (España)