El Salvador: el alto costo de tomar medidas precipitadas

Los nuevos gobiernos, cualesquiera que sean, pasan por un período muy peligroso entre el momento de su elección y los primeros seis meses a un año que están en el poder. Se trata de un período en el que todavía no conocen bien el estado de las cosas que han recibido, y en el que están sujetos al acecho continuo de gentes que los quieren influir con variadas intenciones. La clave es cómo diferenciar los buenos consejos de los malos, y es importante hacerlo. Cuando el actual gobierno tomó el poder, la economía se mostraba tan sólida que absorbió muchos errores sin derrumbarse. El gobierno por venir viene ya no puede absorber errores serios sin pagar las consecuencias casi inmediatamente.

 

Para no cometer estos errores, no se deje atolondrar con ideas de que el país está al borde del colapso fiscal y que, por eso, son necesarias medidas drásticas. No es cierto. Es cierto que existen problemas de déficit, deuda y liquidez. Pero estos problemas no son de vida o muerte. El país ha estado en circunstancias similares en otras épocas y ha salido tranquilamente de ellas sin necesidad de medidas drásticas que pueden acarrear graves consecuencias económicas y políticas.

 

Una de las medidas que ahora se recomiendan es la de expropiar los ahorros de los fondos de pensiones, a criterio de resolver los problemas fiscales. Al oír los argumentos para hacerlo, pareciera sonar como una solución ideal. Al expropiarlas, los 500 millones de dólares anuales que contribuyen los afiliados a las pensiones no se irían a incrementar los ahorros de éstos sino directamente al Ministerio de Hacienda, que los ocuparía para pagar diversos gastos del gobierno. Además, el Ministerio de Hacienda le echaría mano a los fondos ya ahorrados, que andan cerca de 8 mil millones de dólares, lo cual le daría una enorme capacidad adicional de gasto. Como parte de los fondos están invertidos en deuda del gobierno, y el gobierno sería el nuevo dueño de los fondos, el gobierno se debería esta deuda a sí mismo, por lo cual hay gente que piensa que se reduciría la deuda misma. Todo el mundo diría: ¡qué bien se ha manejado Hacienda!

 

¿Qué defectos puede tener esta propuesta? Bueno, para empezar, los expropiados no serían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sino los afiliados al sistema de pensiones, que son más de 1,5 millones de personas, quienes ya han demostrado que no tomarán a la ligera la confiscación de sus ahorros. El que se toque a este sector y sus familias, que representan al menos 4,5 millones de personas, va a perder las elecciones y a tener otros problemas políticos graves.

 

Luego, el nuevo gobierno descubriría muy pronto que, al expropiar las pensiones, se estaría apropiando no sólo del dinero sino también de las obligaciones de esos fondos, de modo que tendría que comenzar a pagar en un par de años las pensiones de la gente a la que le quitaron los ahorros que las pagarían. Esto sumaría 8 mil millones de dólares a los 23 mil millones que el mismo gobierno estima que ya debe a los pensionados. Este dinero es adeudado no porque las pensiones se privatizaron, sino porque, previo a la reforma de 1998, existía un sistema estatal como el que el gobierno quiere reinstalar: el gobierno recibía el dinero de las contribuciones, se lo gastaba, y luego no tenía con qué pagarlas. Es decir, en un par de años, el gobierno tendría que estar subiendo los impuestos para pagar esas pensiones.

 

¿No cree que es mejor analizar esto con mente clara, antes de cometer un error que pueda destruir políticamente al nuevo gobierno dos veces: una por quitarles a la gente sus ahorros, y luego por subirles los impuestos para pagarles las pensiones? Bueno, estos ya no serían problemas de este gobierno, sino del próximo. Del suyo.


Publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador)