Chile: educación, derechos y libertad

Axel Kaiser es Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso (Chile).

Una reciente columna de mi autoría publicada en el periódico El Mercurio ha desatado una serie de reacciones, que a pesar de no regirse en muchos casos por las reglas del diálogo racional, justifican un esfuerzo por explicar tanto las razones que me llevaron a escribir el polémico artículo, como sus fundamentos. Vamos por partes. Desde el punto de vista filosófico, la columna se inspiró en lo que se conoce como tradición liberal clásica.

La idea central de esta visión del mundo es que el poder coercitivo de los políticos que controlan el Estado debe ser limitado, para proteger la libertad personal. Para esta concepción, la libertad se entiende como la ausencia de coerción arbitraria por parte de un tercero, y no como la capacidad cierta de alcanzar un fin. En otras palabras, tener acceso a bienes materiales como la educación nada tiene que ver con la libertad. Un campesino humilde y sin educación formal es más libre que un militar de alto rango con todas las calificaciones académicas y comodidades imaginables, pues el primero puede decidir qué fines va a perseguir, aun cuando sus medios sean limitados, mientras el segundo debe perseguir los fines que le impone un superior aun con medios abundantes. El primero esta libre de coerción, el segundo no.

En esta lógica, para quienes adherimos al liberalismo clásico, el rol del Estado debe ser proteger nuestros derechos fundamentales y nuestra libertad de la agresión de terceros. Esto permite a cada persona perseguir su plan de vida conforme a sus posibilidades respetando igual derecho a los demás. Solo así, pensamos los liberales, se pueden desatar las fuerzas creativas del espíritu humano y coordinarse en un orden complejo y voluntario que lleva al enriquecimiento y progreso general. El mejor ejemplo de esto es Estados Unidos, nación fundada en la tradición liberal clásica que se convirtió en el país más rico del mundo, con un estado que en total no gastaba más del 6% del PIB a comienzos del siglo XX. Los derechos llamados sociales son completamente incompatibles con esta idea de libertad. La razón es que estos recaen sobre bienes económicos que deben ser provistos por alguien, de modo tal que el Estado debe confiscar por la fuerza la propiedad y los frutos del trabajo de algunos para satisfacer estas demandas a otros.

Planteemos el caso de la educación que fue el ejemplo de la columna. Muchos afirman que esta no es un bien económico. ¿Es eso efectivo? Veamos. Cuando hablamos de educación en concreto, nos referimos a infraestructura, computadores, libros, profesores asalariados, etcétera. La totalidad de esos bienes se produce en el mercado y debe ser financiada. Constituye una negación total de la realidad sostener que algo por lo que debe pagarse, más allá de quien lo pague, no es un bien económico. Ahora bien, si aceptamos que es un bien económico, la pregunta que sigue es si acaso tenemos derecho a bienes económicos. Si creemos eso, estamos diciendo que tenemos un derecho per se a los frutos del trabajo ajeno, es decir, a que otros trabajen por la fuerza gratis para nosotros. Eso -claramente- es una agresión contra la libertad individual y el derecho de propiedad. Por muy necesitado que esté su vecino, éste no tiene derecho a quitarle a Usted por la fuerza una parte de su sueldo sin darle nada a cambio. De otra parte, si tenemos derecho a que el Estado nos proporcione educación de calidad gratuita, ¿por qué no nos debiera también dar a todos gratis alimentación de calidad, vivienda de calidad, salud de calidad, medioamebiente de calidad, transporte de calidad y suma y sigue? Todas esas son necesidades tanto o más importantes que la educación. Evidentemente, si el Estado pudiera hacer eso nadie necesitaría trabajar nunca más, pero es precisamente porque son bienes económicos la razón por la que el Estado no puede garantizarlos. Distinto es el caso del derecho a la vida o la libertad de expresión, que pueden garantizarse sin ejercer coacción directa sobre otras personas porque son inherentes a nosotros en tanto seamos seres humanos.

Pero el problema comporta otras dos dimensiones que suelen ser pasadas por alto. Cuando los políticos aprenden que para salir electos deben prometer todo tipos de beneficios a la población, y esta, a su vez comienza a entender la democracia como una feria en que el voto se lo lleva el que ofrece más, la expansión creciente del poder y tamaño del Estado se vuelve inevitable, con el objeto de satisfacer derechos sociales. Esto lleva a la pérdida de la libertad y como consecuencia a la limitación de las fuerzas creativas del ser humano que permiten crear riqueza y dar mejores oportunidades para todos. Europa es un buen ejemplo de una región que se enriqueció y luego creó un estado de bienestar que hoy es insolvente incluso en países como Alemania y Francia. De hecho, hace algún tiempo Angela Merkel se quejó de que Europa tenía solo un 7% de la población mundial y el 50% del gasto social total del mundo, haciendo un claro llamado a reducir el gasto en derechos sociales ante la insostenibilidad del sistema.

Una segunda dimensión del problema es que, como los politicos también persiguen su propio interés, el Estado, en el afán de resdistribuir cada vez más riqueza para satisfacer crecientes demandas sociales, termina capturado por grupos poderosos que lo uitlizan para beneficiarse a expensas del resto de la población. Al final, los más pobres pagan el precio de un sistema que supuestamente estaba concebido para beneficiarlos. ¿Significa todo esto que los contribuyentes no debieran financiar un sistema de educación escolar? Para nada. Como varios liberales clásicos, creo por razones de utilidad social, que debe existir un sistema de educación escolar y pre escolar financiado por los contribuyentes y administrada por privados, no por burócratas y políticos desde el Estado. La educación superior gratuita es otra historia, pues quienes estudian en la universidad en general pertencen a las familias de mayores recursos y financiar su educación con cargo a los impuestos de todos es una redistribución de riqueza desde abajo hacia arriba, lo cual es económicamente ineficiente e injusto.

En definitiva, la columna de El Mercurio pretendió aterrizar la discusión a la realidad respondiendo a una genuina preocupación en el sentido de que el exceso de voluntarismo y abstracción en el debate instalado hoy en Chile termine conduciendo a nuestro país hacia un tipo de desarrollo estatista de probado fracaso, y cuyo precio terminarán pagando esencialmente los más pobres de nuestra patria.

Este artículo fue publicado originalmente en The Clinic (Chile) el 30 de junio de 2013.