¿Cómo llega Moreno a Lanata?

La imagen de Guillermo Moreno y su gallardo ingreso a la reunión de la junta de accionistas del Grupo Clarín fue un símbolo de las numerosas faenas que la Administración ha llevado a cabo para quebrantar a la firma de medios. "Estamos acá. Se van a divertir todos", compadreó el Secretario de Comercio Interior. A su lado, estaba Axel Kicillof, quien observaba atento el accionar de Moreno. Un Daniel Reposo quien es –vaya chiste– Síndico General de la Nación, también asistía a la escena, aprobando enérgicamente con la cabeza. Se trató de un show, esto es cierto. Pero los alcances del mismo no serían tan entretenidos. La Casa Rosada podría intervenir por hasta 180 días los órganos de decisión de Clarín. Tiempo suficiente como para tomar medidas destinadas a acallar sus voces periodísticas, poniendo en jaque su estructura empresarial.

Por cierto, vale la pena rememorar las circunstancias que habilitaron al Gobierno a aprovechar esta posibilidad, subrayando que Moreno tiene una silla en la junta de accionistas de Clarín, gracias a lo actuado en el parlamento por no pocos miembros de la oposición.


El camino empezó con aplausos

En noviembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobaba por abrumadora mayoría el proyecto de "Reforma Previsional", a fin de eliminar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y establecer un único sistema de jubilación pública. Se computaron entonces 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones. El oficialismo contó con los buenos oficios de los legisladores opositores encolumnados en el bloque Solidaridad e Igualdad, el cobismo, el MPN y Claudio Lozano. A estos diputados se sumaron los aliados radicales K de la Concertación Plural; el Encuentro Popular y Social; Silvia Vázquez; Miguel Bonasso y Lorenzo Borocotó. La totalidad del socialismo, por su parte, votó en bloque en general y a favor de la reforma.

Numerosos legisladores desconfiaban de las intenciones de Balcarce 50. Este fue el caso de Lozano quien, a criterio de evitar la malversación del dinero, demandaba que la administración de los fondos del sistema fuera efectuada por un "ente público no estatal", pero que igualmente respaldó la medida. Por entonces, el Gobierno Nacional "corría por izquierda" al progresismo opositor y éste, escaso de banderas propias, prefirió levantar la mano. Aún a sabiendas de que el objetivo declarado era diferente al real y, acaso, para evitar ser blanco de críticas o rotulaciones conservadoras.  

El Senado de la Nación convirtió al proyecto en la Ley 26.425. Allí, el kirchnerismo sumó 39 votos. Lo apoyaron María Díaz y José Martínez (ARI, Tierra del Fuego), Ada Itúrrez (Frente Cívico Santiago), María Sánchez (Concertación), Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino), e Isabel Viudes, del Partido Nuevo de Corrientes. También votó a favor el socialista santafesino Rubén Giustiniani.

¿Sabían los legisladores que le obsequiaban una peligrosa caja al Ejecutivo para que haga a su antojo, dando apoyo a la iniciativa para ahorarse pagar costos políticos? Sería difícil pensar lo contrario. Algunos años más tarde, el Gobierno dejaría sin efecto un decreto propio (897/2007) que fijaba límites a la utilización de los fondos de ANSES, por la vía de la creación del "Fondo de garantía y sustentabilidad del sistema previsional". A partir de esa instancia, el financiamiento de gastos corrientes y políticos se hizo expresamente en desmedro del dinero de los jubilados, a quienes, de paso, se les negó el 82% móvil porque "haría quebrar el sistema".

Pero la ley del sistema previsional permitió, además, un escalofriante plus: que el Estado se quedase con los paquetes accionarios de las AFJP. Esto terminó depositando a los funcionarios del cristinismo en el directorio de varias empresas, como ser Gas Natural Ban, Banco Macro, Siderar, Telecom, y, precisamente, el Grupo Clarín. Gracias a la estatización del sistema previsional, el gobierno posee hoy el 9% de las acciones del medio. Pero -como es sabido-, la historia no terminó allí.


La ley de Reforma del Mercado de Capitales

En 2012, nuevamente con el apoyo en general del Frente Amplio Progresista -contra las ruidosas críticas de los propios legisladores a la iniciativa-, el kirchnerismo y sus aliados sancionaron en la Cámara Alta la ley que establecería novedosas y fuertes regulaciones en el mercado de capitales, mediante la cesión de amplias facultades de intervención en el sistema a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el Senado, sólo la Unión Cívica Radical y el peronismo disidente rechazaron el proyecto.

El tema más polémico se corporizó en el inciso agregado en el Artículo 20, el cual le otorgó a la CNV la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas cuando "resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios". La misma cláusula permite la intervención por hasta 180 días de los órganos de decisión de las compañías.

En el Senado de la Nación fue, cuando menos, curiosa la declaración del bonaerense Jaime Linares, quien plasmó la opinión del Frente Amplio Progresista. El citado calificó de "disparate jurídico" el controvertido Artículo 20. Más curioso fue que, a pesar de esto, haya votado a favor.

Antes, el Proyecto había sido votado en Diputados, donde el proyecto contó con el apoyo de casi toda la oposición, exceptuando al PRO y al Frente Peronista. Laura Alonso (del macrismo) afirmaba, estupefacta, que "los radicales dicen que es brutal lo que propone un artículo del proyecto K de mercado de valores, pero igual lo votan a favor".


El martillo

Al cierre, primero el Gobierno Nacional logró hacerse de jugosos paquetes accionarios de distintas empresas –incluído el Grupo Clarín–, objetivo que cosechó gracias a miembros del socialismo y otras agrupaciones supuesta y declaradamente opositoras. A posteriori, puso de suyo para retorcer el mercado de capitales, ajustándolo a su medida, y logrando la posibilidad de intervenir una empresa a su antojo. Ahora, Clarín corre grave peligro no sólo a raíz de la polémica Ley de Medios –cuyo espaldarazo opositor obsequia abundante material para una nueva columna-, sino también por la vía del plan ideado para que el Estado Nacional se adueñe de Papel Prensa, y así poder distribuir las tiradas de los diarios con el mismo criterio que se regentea la distribución de pauta oficial.

En este momento, el Grupo Clarín (El Trece, TN, Periodismo para Todos, Radio Mitre, etcétera), y con él la libertad de prensa toda, peligra fundamentalmente por la posibilidad de ser intervenido. Alternativa que -difícil dudarlo- subsiste gracias a los votos y aplausos compartidos en su momento no pocos espacios opositores que hoy –luego de su despertar epifánico– se percatan de los dislates que comete el kirchnerismo y denuncian los atropellos del poder.

La oposición política le entregó al Ejecutivo un martillo. Hoy, aquélla se queja de los golpes.