Con un voto de 76 contra 1, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, por su papel en el enfrentamiento mortal que se dio hace pocos días entre la policía e invasores de tierras en Curuguaty. Es este momento, el Senado se encuentra en sesión llevando a cabo el juicio político y se espera que Lugo testifique mañana para ejercer su defensa. No obstante, ya que la oposición controla el Senado, es muy probable que la mayoría requerida de dos tercios vote a favor de remover a Lugo de la presidencia.
Este proceso de destitución está contemplado en el Artículo 225 de la constitución paraguaya, la cual dice que los funcionarios de alto rango del Estado como el presidente pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño de sus funciones”. Como podemos ver, la constitución es muy ambigua al estipular las razones por las cuales un funcionario puede ser removido de su cargo, de tal forma que la decisión queda en manos de mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Remover a Fernando Lugo de la presidencia podrá ser precipitado o un ejemplo de mala política en un país donde los políticos son expertos en tomar malas decisiones. No voy a entrar en esos detalles aquí. Sin embargo, se trata de medida perfectamente legal y constitucional.
Es por esto que es inaceptable que la Unasur amenace con considerar la potencial destitución de Lugo como un golpe de Estado. El secretario general de la Unasur incluso ha dicho que los países vecinos podrían estar facultados a invocar el Tratado de Ushuaia II, que contempla sanciones contra del país que viole “el orden democrático”. Las sanciones incluyen cerrar las fronteras (una amenaza particularmente delicada para un país sin acceso al mar como Paraguay), y suspender todo tipo de comunicación, comercio y provisión de energía. Es importante resaltar que Paraguay obtiene 95% de su energía de las represas Itaipú y Yacyretá, que comparte con Brasil y la Argentina, respectivamente. Por lo tanto, es altamente vulnerable a un bloqueo energético.
Unasur debe abstenerse de intervenir en el juicio político que se le sigue a Fernando Lugo. Y Estados Unidos debería pedir enfáticamente que se respete el orden constitucional de Paraguay.